DESPARICIÓN BONAERENSE. Caso Facundo Castro: apartan a la Bonaerense tras darle todo el tiempo para destruir pruebas

En lo que representa un dislate judicial, hoy la desaparición de Facundo Astudillo Castro se “investiga” en dos juzgados diferentes al mismo tiempo. Por un lado el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Judicial 20 de Bahía Blanca, Rodolfo De Lucía, tiene en sus manos una causa por “averiguación de paradero”, iniciada a partir de la denuncia de la familia del joven el 30 de abril.

Por otro lado, la semana pasada los abogados de la familia Leandro Aparicio y Luciano Peretto radicaron una denuncia por “desaparición forzada de personas” en el Juzgado Federal 2 de la misma ciudad. Lo hicieron tras la larga espera de la familia de Facundo por resultados que el Poder Judicial provincial nunca obtuvo. La presentación fue acompañada por la Comisión Provincial por la Memoria.

El caso empezó a tomar relevancia provincial y nacional luego de que la madre de Facundo, Cristina Castro, comenzara a levantar su voz de forma enérgica y a denunciar públicamente que tanto el gobernador Axel Kicillof como su ministro de Seguridad Sergio Berni llevan casi dos meses y medio desoyendo sus mensajes insistentes para que tomen cartas en el asunto.

Ese pedido de verdad y justicia por su hijo comenzó a recibir la solidaridad, el apoyo y la difusión de organizaciones de derechos humanos, sociales y de la izquierda. En el caso del Frente de Izquierda, tanto en el Congreso como en la Legislatura provincial presentó en soledad sendos pedidos de informe al Ministerio de Seguridad sobre el caso, lo que aún no fueron respondidos.

La familia, sus abogados y la Comisión por la Memoria están convencidos de que la Policía Bonaerense es la principal sospechosa en el caso.

Nadie desaparece porque sí. Su último contacto fue con la policía. La Bonaerense estuvo casi 70 días con el caso; los que debían ser investigados continuaron en funciones; propiciar investigar “todas las hipótesis” y llamativos rastrillajes es distraer. Basta #DóndeEstáFacundo pic.twitter.com/rBynR9Azft

— Myriam Bregman (@myriambregman) July 8, 2020

Este miércoles el ministro Berni pareció espabilarse y habló públicamente por primera vez del tema. Pero no lo hizo para ponerse del lado de la familia, sino para buscar defender a como a la Bonaerense, aunque como si fuera un capataz de una estancia le mandó un mensaje a Cristina Castro: “si la madre tiene dudas, saco a la Policía Bonaerense de la investigación”.

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Poco después y tras 69 días de la desaparición de Facundo, con un tiempo más que preciado para que la fuerza, en caso de haber hecho desaparecer al joven, adultere, cambie y destruya pruebas esenciales a su gusto, el fiscal De Lucía decidió separar a la Bonaerense de las tareas de “investigación”.

Pero horas antes de informarla, De Lucía no parecía tener tan tomada la decisión. De hecho, en una entrevista por Radio La Brújula dijo que esa era una posibilidad entre tantas y que no veía muchos motivos para hacerlo. Pero cuando el periodista Germán Sasso le comentó que, minutos antes, Sergio Berni había dicho en ese mismo programa que, si la madre de Facundo se lo pedía, él apartaba a la fuerza, De Lucía pareció cambiar de opinión.

Mirá la entrevista al abogado de la familia Castro, Leandro Aparicio, en Alerta Spoiler:

Sobre la tarde el fiscal diría a Infobae que, “a raíz de presentaciones de la Secretaría de Derechos Humanos” y basándose “en normativas de la Provincia de Buenos Aires y de la Procuración general”, su Fiscalía resolvió preventivamente que, “más allá de no encontrar elementos objetivos de una actuación ilegal, la investigación continúe exclusivamente con el auxilio de fuerzas que dependan del Ministerio de Seguridad de la Nación”.

Así, las tareas investigativas las pasarán a cumplir fuerzas como Gendarmería (la del caso de Santiago Maldonado), Prefectura Naval (la del caso Rafael Nahuel), la Policía Federal (con un largo prontuario de gatillo fácil y torturas) o la Policía de Seguridad Aeroportuaria (que sólo por ser más nueva tiene un historial represivo más pequeño).

De Lucía agregó algo llamativo. Dijo que en la causa, “como novedad, ocurrió que los funcionarios policiales que actuaron en la zona de Villarino han hecho entrega voluntaria de sus teléfonos celulares personales para que sea extraída la información y analizada por la Fiscalía”.

¿Recién ahora, a dos meses y medio de los hechos y justo cuando el caso trasciende a los medios nacionales, deciden entregar sus teléfonos? Se da por descontado que allí no habrá rastros. O porque se borraron de forma irrecuperable o porque son otros teléfonos. Una tomada de pelo.

La decisión del fiscal De Lucía abre un nuevo panorama en la causa, que deberá ser analizado en profundidad por los abogados Aparicio y Peretto, por la Comisión por la Memoria y quienes quieren verdad y justicia por Facundo. Pensar que las actuaciones quedarán a cargo de Gendarmería o Prefectura en lugar de la Bonaerense es tan preocupante como peligroso.

Mientras tanto, como ya se informó, la jueza María Gabriela Marrón, titular del Juzgado Federal 2 de Bahía Blanca, resolvió a favor del pedido del fiscal Ulpiano Martínez para que, tal como pretendía la familia de Facundo, se allane la subestación de la Policía Comunal Mayor Buratovich, se secuestren los libros de guardia, registros y novedades, los handies, la camioneta Hilux doble cabina señalada por testigos como el rodado al que el personal policial hizo subir a Facundo el 30 de abril a eso de las 15.30; el Móvil 23360 perteneciente a esa repartición, todo otro vehículo vinculado, los celulares de los policías Alberto González, Siomara Flores, Jana Curruhinca y Mario Sosa.

Es imposible que Sergio Berni no conozca la versión policial del caso, con lujos de detalles. Pero además es muy poco creíble que su decisión de bancar a la Bonaerense se base en confiar en la inocencia de sus subordinados. Si se quiere dar justicia a Facundo y a su familia, quizás el ministro sea el próximo “testigo” a citar. Lo de una posible imputación, se verá.