Desaparición y encubrimiento. Caso Facundo Castro: piden correr al fiscal Ulpiano Martínez por favorecer a la Bonaerense

Como anticipó este medio el lunes, finalmente la familia de Facundo Astudillo Castro presentó ante el Juzgado Federal 2 de Bahía Blanca, a cargo de la jueza María Gabriela Marrón, un pedido de recusación del fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, quien tiene a su cargo la causa por desparición forzada de persona en perjuicio del joven de 22 años de quien no se tienen rastros desde el 30 de abril.

El pedido de apartar al funcionario judicial del expediente se sustenta en el “temor de parcialidad” que Martínez viene evidenciando en favor de la Policía Bonaerense, principal sospechosa en la causa.

Mecanismos perversos, sostenidos y flagrantes

A través de sus abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto, la madre de Facundo expresa en el escrito que, “sin tener mucho conocimiento de leyes” entiende “que el principal desaparecedor de personas es el Estado”, no solo por el accionar de policías que participaron “en el instante de la ilegítima detención” sino también “a través de mecanismos perversos, sostenidos y flagrantes, como aquellos llevados adelante por la Fiscalía”.

En ese sentido, Cristina Castro anticipa que, además de solicitar la recusación de Ulpiano Martínez, se evaluarán “las medidas pertinentes para analizar su actuación en la presente causa”, lo que derivará en una denuncia penal contra el funcionario.

Ante la dolorosa experiencia que viene padeciendo desde hace 82 días, Cristina le avisa en el escrito a la jueza Marrón que, a partir de ahora, no quiere tener “trato ni comunicación personal con ningún organismo del Estado” y que “toda la información o ayuda que pretendan brindar” las instituciones públicas la brinden “exclusivamente” a través de sus abogados.

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Pruebas de parcialidad

Al pedir la recusación del fiscal Martínez, la madre de Facundo enumera una serie de hechos y circunstancias que, entiende, son suficientes para que la jueza federal de Bahía Blanca apure los trámites y lo aparte del caso.

Entre otras cosas, Castro acusa a Martínez de complicidad manifiesta con la Policía Bonaerense.

Tras advertir irregularidades en los rastrillajes de mediados de junio, realizados por la misma fuerza provincial sospechada, la familia fue a radicar la denuncia en el fuero federal por “desaparición forzada”. Pero, recuerda Cristina, al momento de formalizarla se entrevistó con Martínez, quien “a pesar de contar con la Policía Federal” para la investigación “sugirió comunicar esta situación al superintendente de la Región Sur de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Aldo Caminada”.

Ese hecho constituyó para ellos “un acto de flagrante irregularidad, denegatoria de toda razonabilidad y legalidad frente al tratamiento del caso en el que a todo evento, la única hipótesis sustentada a lo largo del proceso ha sido la desaparición forzada de personas en mano de la fuerza bonaerense”.

De hecho, detalla la querella, “luego de la reunión el Sr. Fiscal Federal, dispuso algunas medidas de prueba inconducentes y ‘livianas’ para investigar el delito denunciado”.

La familia Astudillo Castro agrega en su escrito que, tanto las medidas de secuestro de patrulleros y otras solicitadas por la querella (tomadas con displicencia y demora por el fiscal), “fueron a todas luces insuficientes”. Además, que “ninguna de las medidas dispuestas en las actuaciones” fueron motivadas por la propia Fiscalía. Y, “lo que es peor, quizá sí tuvieron motivación aquellas medidas inertes al proceso o las que fueron maliciosamente filtradas, irregularmente producidas o irresponsablemente diligenciadas”.

Sobre esto último se menciona, por ejemplo, la actitud del fiscal de “no ordenar la constitución de fuerzas federales en Villarino, debiendo la madre con uno de los letrados tener que confrontar con la fuerza bonaerense en un basurero junto a unos presuntos huesos humanos”. Como se informó, ese episodio incluyó una grave amenaza de un subcomisario de la Bonaerense al abogado Peretto.

Según describe la querella, Martínez también mandó “a notificar de audiencias a testigos reservados con un móvil policial y efectivos uniformados en un pequeño pueblo y en pleno centro a las 23 horas”, los citó a declarar “en una delegación municipal frente a la plaza central del pueblo”, permitió “que miembros de la Policía Bonaerense con conexidad directa a la red de encubrimiento” hayan llevado al expediente “un testimonio absolutamente mendaz y desajustado de toda verdad”, entre otras maniobras.

Como también denunció la querella oportunamente, Ulpiano Martínez tardó en cumplir con el requerimiento de allanar la dependencia policial de Mayor Buratovich y secuestrar los libros de guardia y personal, entre otros elementos. Y encima después de secuestrados, los mantuvo “cerrados en un sobre por más de doce días y abiertos dada la insistencia de esta querella, toda vez que se nos informaba que ello estaba en proceso cuando todavía no habían sido siquiera abiertos”.

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¿Testigo plantada?

Si todo lo anterior no es suficiente, la querella entiende que “la mayor obscenidad procesal” se dio la tarde del 14 de julio, cuando “ya con episodios anteriores también escandalosos, el señor Germán Sasso periodista del medio La Brújula, con conexiones estrechas con la Justicia provincial, federal y la Policía de la provincia de Buenos Aires, a través de la red social Twitter manifestaba en el momento previo en el que un testigo estaba declarando: Hoy podría declarar una mujer que el 30 de abril por la tarde tránsito por la ruta 3. ¿Habrá visto algo?”.

Tal como detalla el pedido de recusación, “una hora después” de aquel tuit de Sasso, “en el muro de Facebook de una persona llamada Érica Benítez” se posteó que había un “vuelco en la investigación”, que “declaró una mujer que el 30 de abril transitó por la ruta 3 y llevó a Facundo hasta la rotonda que confluye con la ruta 22”, que “se confirman así los dichos del último policía que lo vio”, que se trataba del “mismo vehículo que pasó por el puesto fitosanitario” cercano a Bahía Blanca y “dejó ahí” a Facundo, quien “luego habría sido levantado por otro conductor”.

Como se recordará, muchas empresas periodísticas tomaron esa versión del testimonio como real, incluyendo al propio ministro de Seguridad provincial Sergio Berni, quien sigue abonando aún hoy la defensa de la Bonaerense quitándole toda responsabilidad en el caso.

Además sobre esa declaración testimonial la familia de Facundo se enteró por los medios y cuando el abogado Aparicio fue a la Fiscalía a ver qué había declarado la mujer realmente, incialmente se le negó verla y solo logró hacerlo muchas horas después, descubriendo que casi nada de lo que se dijo sobre ese testimonio era así.

Sobre ese testimonio la querella agrega un dato particular: al conocer los pormenores de cómo llegó la mujer al expediente, se advierte “la maniobra de la Policía de la Provincia de Buenos Aires para meter ‘por la ventana’ a ese testigo. En un ardid burdo, repugnante, premeditado pero con acotado uso cerebral”.

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Que se vaya

En función de todo lo anterior, la familia de Facundo acusa al fiscal Ulpiano Martínez de, lisa y llanamente, “no estar a la altura para tal desempeño”.

Finalmente la querella desarrolla en extenso un verdadero prontuario del fiscal federal Ulpiano Martínez, con sus prácticas habituales de “filtraciones mediáticas” de partes de los expedientes de causas sensibles y con su “rol en los juicios de lesa humanidad” de Bahía Blanca, consustanciado con los intereses de los genocidas.

Ante todo lo expresado, la familia de Facundo Astudillo Castro y sus abogados le manifiestan a la jueza María Gabriela Marrón que, “por estar en juego el derecho a un proceso justo, equitativo, respetuoso de los derechos humanos y del debido proceso”, se reservan la decisión “de acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de rechazarse la recusación” planteada.

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