Desaparición, muerte y encubrimiento. Caso Facundo: la jueza deberá atender el pedido de los fiscales para investigar a la Bonaerense

Tal como lo explicó La Izquierda Diario hace dos semanas, la causa judicial por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro se encontraba a la espera de una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.

En concreto, el tribunal debía resolver si obligaba o no a la jueza federal María Gabriela Marrón (a cargo del expediente) a atender el requerimiento de fiscales y querellas respecto a la producción de medidas de prueba cruciales para la investigación, tales como el secuestro de medio centenar de teléfonos celulares de policías bonaerenses de Villarino y Bahía, y el allanamiento exhaustivo (y con peritos de parte) de las comisarías de Teniente Origone y General Daniel Cerri.

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Como se recordará, el 1° de octubre los fiscales federales Horacio Azzolin y Andrés Heim habían solicitado a la jueza una serie de importantes medidas de prueba. El 15 de octubre la jueza rechazó los pedidos más contundentes (los que directamente iban al corazón de la Bonaerense) e hizo lugar a otras medidas parciales.

Contra dicha decisión, el martes 20 los acusadores públicos y las querellas (la familia de Facundo y la Comisión Provincial por la Memoria) apelaron. Seis días después Marrón denegó las apelaciones, motivando la presentación de los recursos de queja ante la Cámara de Apelaciones. Finalmente este miércoles los camaristas Pablo Candisano Mera y Pablo Larriera resolvieron ordenar a la jueza que atienda esas apelaciones.

En la resolución, a la que accedió este diario, Candisano Mera y Larriera sentenciaron que la negativa de Marrón a atender las apelaciones “impacta sobre el ejercicio de la acción penal que, como parte requirente, los representantes del Ministerio Público Fiscal intentan promover para enderezar y profundizar la pesquisa (...) en torno a la reconstrucción del suceso que desencadenó en la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro”.

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Los camaristas les dan la razón a Heim y Azzolin cuando éstos afirman en su recurso de queja que “al rechazar las apelaciones, la magistrada obvió desarrollar un análisis formal e individual por cada parte impugnante”. Y también acuerdan en que la jueza “podrá compartir o no los pedidos que formulen las partes, pero que en modo alguno puede definir e indicar qué hipótesis y qué elementos de la misma deben seguir y considerar los acusadores”. Eso es lo que, tal como se detalló en otro artículo, hizo Marrón en beneficio de la Policía Bonaerense.

“La imposibilidad de producir la prueba solicitada obstaculiza la orientación de la investigación en consonancia con la hipótesis de trabajo delineada, en torno a la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro”, aseguran los fiscales. Y la Cámara les acaba de decir que no están equivocados.

“Sin que esto implique un pronunciamiento sobre el fondo del planteo”, dicen los camaristas, “la resolución impugnada es, por lo tanto, recurrible”, por lo que “corresponde admitir la queja”, “declarar mal denegado el recurso de apelación y conceder el mismo con efecto suspensivo, quedando a cargo de la instancia de grado la prosecución del trámite pertinente”.

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Ahora Marrón deberá ajustarse a derecho y conceder la apelación a los fiscales. O bien rebelarse una vez más y quedar a un paso de la recusación. O bien, apartarse de la causa por incompetente. Se verá.

El pedido original de los fiscales (negado por Marrón y apelado por Heim y Azzolin) incluía que se ordene a la Jefatura de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires entregar “los teléfonos personales y oficiales” que utilizan o les fueron asignados a efectivos de las comisarías de Pedro Luro, Hilario Ascasubi, Mayor Buratovich, Teniente Origone, Médanos, General Daniel Cerri, JPC Villarino y la UPPL de Bahía Blanca.

Los teléfonos cuyas llamadas, mensajes y archivos que los investigadores pidieron peritar ronda los 50. Entre ellos, dos aparatos Jana Curuhuinca (ya entregó uno que estaba casi vacío) y uno de Siomara Flores (que entregó uno sin Whatsapp ni redes sociales). Los restantes pertenecen a comisarios, subcomisarios, sargentos, capitanes, subtenientes, oficiales principales, inspectores y ayudantes.

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Los fiscales piden que a todos esos celulares se les extraiga la información y que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), la analizara de forma integrada a “las demás pruebas” que hay en el expediente.

El otro pedido, negado por la jueza Marrón, era para que se ordenen allanamientos a dos de las comisaría involucradas en el caso: el Puesto de Vigilancia de Teniente Origone y la subcomisaría de General Daniel Cerri (partido de Bahía Blanca).

En el primer caso, la subcomisaría ya fue allanada el 31 de julio y en uno de sus hediondos calabozos se halló el amuleto de madera con forma de sandía, perteneciente a Facundo. Los fiscales pidieron volver a allanar e inspeccionar “la totalidad de los ambientes y dependencias interiores”, como así también de “toda otra edificación y/o instalaciones” que formen parte del establecimiento. Algo que no se hizo con anterioridad.

Heim y Azzolin pidieron que ese nuevo allanamiento se haga con la participación del instructor canino Marcos Herrero con su perro Yatel y de la médica forense Virginia Créimer, de gran trayectoria en casos como éste y quien como perita de parte ya participó de la autopsia de Facundo, firmando en disidencia el informe final del Equipo Argentino de Antropología Forense y el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia.

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Para Heim y Azzolin, esas medidas son fundamentales para avanzar en la investigación sobre qué pasó con Facundo y quiénes participaron de su desaparición seguida de muerte. Pese al discurso sostenido desde la Gobernación (con ayuda de de medios y periodistas serviciales) respecto a la “inocencia” de la Policía Bonaerense en el caso, altas fuentes del caso aseguran que la fuerza represiva provincial está demasiado comprometida en el crimen.

Las medidas de prueba solicitadas no buscan otra cosa que confirmar las sospechas firmes. Y a eso se negó sistemáticamente la jueza Marrón y el otro fiscal interviniente, el nefasto Ulpiano Martínez.

Como se viene sosteniendo en este sitio, el caso de Facundo Astudillo Castro está muy lejos de haberse cerrado. Y pese a los intentos oficiales por desmoralizar, deslegitimar y doblegar a la madre de Facundo, Cristina Castro, y a sus abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto (incluso a la Comisión Provincial por la Memoria que también interviene en la causa), la pelea de quienes solo buscan verdad y justicia sigue firme. Y eso pone muy nerviosos a Kicillof, Berni y su banda de criminales uniformados.