Iglesia y abusos sexuales. Pruebas de una “santa” asociación ilícita para defender a los curas pedófilos

Foto EFE

Como había anticipado este diario, una compilación de importantes documentos ya fue cursada desde Italia a las fiscalías de Mendoza y La Plata encargadas de investigar las denuncias por abusos sexuales a menores que pesan sobre los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho, detenidos desde noviembre en la provincia cuyana.

Francesco Zanardi, representante legal de la Red El Abuso (que reune a víctimas y sobrevivientes de pedofilia en Italia) cursó a ambas sedes judiciales documentos, actas y demás elementos de prueba para que las fiscalías argentinas “tomen todas las medidas necesarias” e “identifiquen todas las hipótesis de delito” que allí se detallan. Hace pocos días la organización envió el mismo texto a “la Autoridad Judicial italiana, sede de Verona, con la finalidad de identificar eventuales responsabilidades omisivas de los responsables jurídicos y jerárquicos” del Instituto Provolo.

Ahora los fiscales Gustavo Stroppiana de Mendoza y Fernando Cartasegna de La Plata deberán ver ese material y, si están realmente decididos a avanzar hasta el final en la investigación, tomarán como pruebas seguramente mucho de lo allí relevado.

Leé también Daniel Sgardelis: “Además de los abusos, en el Provolo nos pegaban y nos hacían trabajar”

Planteo irrefutable

El escrito, al que tuvo acceso La Izquierda Diario, plantea de forma contundente que el sacerdote Nicola Corradi estuvo protegido durante décadas por la conducción de Instituto Provolo, aún sabiendo que pesaban sobre él innumerables denuncias de abusos sexuales.

Puntualmente se detalla que, según el segundo apartado del artículo 40 del Código Penal italiano, “no impedir un evento que se tiene la obligación jurídica de evitar es equivalente a causarlo”. Y eso es precisamente de lo que se acusa a los conductores del Provolo de Verona, de la diósesis de esa ciudad y del propio Vaticano. Y se agrega que esa distinción penal es comparable con la existente en el código penal argentino, más precisamente en su artículo 108, referido a casos de delitos de “omisión” y “abandono de persona”.

El planteo es claro. Si se sabía que Corradi era pedófilo y se lo dejó seguir actuando de forma impune durante décadas, entonces hay una potencial responsabilidad penal de la jerarquía eclesiástica a la que, al menos, hay que investigar a fondo.

Corradi fue enviado al Provolo de La Plata en los primeros años 70. Ese traslado fue en respuesta directa a las cada vez más frecuentes acusaciones de abusos a menores. Sin embargo la Red El Abuso descubrió que Corradi nunca dejó de pertencer, jerárquica y jurídicamente, a la sede veronesa, manteniendo así una protección directa de sus viejos superiores.

Sobreviviente Gianni Bisoli (foto Clarín)

La “investigación” que no fue

El escrito enviado por Zanardi a los fiscales argentinos también da cuenta de importantes maniobras e irregularidades de la curia vaticana en el caso Provolo. El caso de Gianni Bisoli, víctima de abusos sexuales durante las décadas del 50 y 60 en Verona, es paradigmático.

El 9 de enero de 2009 Bisoli envió al obispo de Verona su primera denuncia formal por los abusos recibidos cuando era niño. Entre los pedófilos mencionaba a los curas Nicola Corradi y Giovanni Granuzzo, en ese entonces ambos radicados hacía años en Argentina (si bien los dos originalmente recayeron en La Plata, a fines de los 90 Corradi partió a Mendoza). Poco después, el 29 de mayo de 2009, las autoridades eclesiásticas reconocieron públicamente por primera vez que en el Provolo de Verona habían habido abusos sexuales.

Desde entonces las denuncias de víctimas se multiplicaron y se llegó a identificar a 26 personas, entre curas y laicos, como responsables de esos delitos. Otro “fugado” a La Plata se sumaba entonces a la lista. Su nombre es Luigi Spinelli y, según constató la misma Red, reside aún en Argentina.

Ante el escándalo, en 2010 el entonces papa Benedicto XVI quiso “ordenar la casa”. Por eso, ordenó que una comisión del Vaticano investigara lo ocurrido durante todas esas décadas en Verona y que, a su vez, atendiera los requerimientos de los denunciantes y publicara (una vez concluido el análisis) un documento con las conclusiones.

Sin embargo en 2011 esa comisión dio por terminada su tarea y, lejos de publicar algún resultado más o menos serio, redactó un informe lleno de irregularidades. Entre otras cosas, los nombres de Corradi y Granuzzo (nada menos) habían desaparecido de la lista de acusados y el propio denunciante Gianni Bisoli denunció la falsificación de un documento que habría contribuido a invalidar su testimonio.

Sucede que el caso de Bisoli no es cualquier caso. Él denunció a varios abusadores, entre ellos a un exobispo de Verona, Giuseppe Carraro, a quien el Vaticano hubiera convertido en santo de no haberse interpuesto el testimonio lapidario del exalumno del Provolo.

Leé también Sin vergüenza, Francisco encubre a curas violadores, pero pide “oír el llanto de esos niños”

Los pecados de Francisco

Como ya informó este diario, Jorge Bergoglio sabe hace años que Corradi y otros violadores de niñas y niños sordos estaban siendo encubiertos por su Iglesia. Y nunca hizo absolutamente nada.

Además del escrito enviado a los fiscales argentinos, la Red El Abuso publicó ayer en su sitio web que entre mayo y octubre de 2014 Francisco fue notificado al menos tres veces sobre los abusos en el Provolo de Verona y sobre el traslado de algunos de los abusadores a Argentina, su propio país.

El primero de esos avisos fue nada menos que un video difundido en uno de los noticieros televisivos más vistos de Italia, TGcom 24 Mediaset. Ese video (mencionado en una nota anterior de este diario) estaba dirigido especialmente a Francisco y tuvo amplia repercusión nacional.

El segundo aviso fue el 20 de octubre de 2014, cuando la Asociación Sordos Provolo envió una carta al obispo de Verona Giuseppe Zenti, con copias a Francisco y a la Congregación por la Doctrina de la Fe.

El tercero, fue en mano. El 28 de octubre de ese mismo año Giuseppe C. (víctima de abusos en el Provolo) viajó a Roma, se enfrentó cara a cara con el Papa Francisco y le entregó la misma denuncia que ya había sido difundida en esos meses.

En los tres avisos figuraban los nombres de Corradi, Granuzzo, Spinelli y otros curas abusadores. Pero Francisco nunca respondió a las víctimas ni tampoco dio públicamente ningún curso de acción. Por el contrario, para que Corradi fuera identificado públicament como lo que es, hubo que esperar a que en un pueblo lejano, al borde de la Cordillera de Los Andes, nuevas víctimas se animaran a hablar y sus familias se animaran a denunciar, sabiendo a lo que se enfrentaban.

Asociaciones ilícitas

El texto que la Red El Abuso de Italia envió a los fiscales argentinos que siguen el caso Provolo finaliza con algunas conclusiones y pedidos. Entre otras cosas considera “indiscutible” que la diócesis de Verona, el Instituto Antonio Provolo de esa ciudad italiana y la propia “cumbre” del Vaticano sabían, por lo menos desde 2009, de las tendencias pedófilas de Corradi y que, a pesar de esto, no actuaron para evitar que el sacerdote siguiera abusando de más y más niños.

En ese sentido solicitan que se investigue a todos aquellos quienes tuvieron a lo largo de los años algún tipo de responsabilidad jerárquica y jurídica sobre Corradi, sea en Italia como en Argentina.

E incluso arriesgan una posibilidad que, visto el poder de presión y hasta de compra que tiene la Iglesia Católica, a muchos puede parecer quimérica. La red se pregunta si en verdad no se está a las puertas de delitos más graves aún que aquellos “omitidos”.

Por ejemplo, la asociación ilícita. Para ello citan nada menos que el artículo 416 del Código Penal italiano, que dicta condenas de tres a siete años de prisión a quienes “fomentan o constituyen u organizan” a tres o más personas “con la finalidad de cometer delitos”.

El caso Provolo y sus derivaciones, tanto en Italia como en Argentina, constituyen uno de los capítulos más aberrantes de la historia reciente de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Sin dudas la acción decidida de las y los sobrevivientes es la que ha garantizado y garatizará que la Justicia haga sus avances y, cuanto menos, se pueda saldar cuentas con quienes durante décadas se creyeron dueños de la vida de cientos de niñas y niños.