Según el último balance de la Inspección General de Justicia, los colegios Boisdron y Reina de la Paz, recibieron del Estado provincial alrededor de 30 millones de pesos en concepto de subsidios. Mientras tanto, exalumnos siguen sumando denuncias.
Miércoles 17 de junio de 2020 16:21
En días pasados fueron noticia las múltiples denuncias de alumnos y exalumnos de colegios pertenecientes a la red FASTA (Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino). Las mismas señalaban hechos graves respecto a la educación impartida en estas instituciones. Desde distintas provincias del pais, denunciaron violencia física, psicológica y sexual. Según un informe de la periodista Mariana Carbajal, los colegios de esta provincia, Boisdron y Reina de la Paz, recibieron durante el año 2.018 más de 30 millones de pesos por parte del Estado provincial.
El colegio Reina de la Paz, ubicado en la capital de la provincia, recibió $ 16.889.965, mientras que el colegio Angel María Boisdron ubicado en Yerba Buena, recibió $ 13.340.565. Esto consta en el último balance que FASTA presentó ante la Inspección General de Justicia, organismo perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que se encarga de fiscalizar a las Asociaciones Civiles.
Cabe destacar que el colegio Boisdron fue el primero de la red en el país, abrió en el año 1.978 y desde esa fecha sigue recibiendo subsidios estatales hasta la actualidad. Mientras las escuelas públicas se caen a pedazos, los complementos alimentarios escasean, en los comedores escolares hacen malabares para que la comida alcance.
A nivel nacional, solo durante 2.018 toda la red recibió 445 millones de pesos en concepto de subsidios y donaciones por parte del Estado. En el año anterior, 2.017, FASTA recibió $ 345.746.347, en carácter de subsidios estatales. Sin embargo, en 2.018, la red solo declaró ingresos por 1.500 millones de pesos. Descontando gastos, declaró un superávit final del ejercicio de $ 13.011.068,13 e inversiones por $ 59.103.593,91, pero no hay nota que las detalle en su balance. Aún no se conocen las cifras del 2.019 y el año en curso.
Fasta fue adquiriendo escuelas de congregaciones religiosas en crisis en distintos puntos del país hasta conformar la red que tiene en la actualidad: 23 colegios, tres institutos de formación superior y dos universidades, la Ufasta de Mar del Plata y la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, ubicada en Tucumán.
Una denuncia en curso
La red Fasta fue denunciada en la Justicia de la ciudad de Buenos Aires por el Inadi para que se investigue los hechos discriminatorios y el adoctrinamiento homo y lesbofóbico, discursos de odio hacia el movimiento feminista, con manuales de uso obligatorio.
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También se conoció que la Unidad Fiscal especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) de la Procuración General de la Nación abrió una investigación preliminar a partir de testimonios de exalumnos volcados en redes sociales que dan cuenta de situaciones reiteradas de hostigamiento y violencia sexual en sus diferentes colegios.
Subsidios millonarios para colegios católicos. ¿ESI para cuando?
La temática de la sexualidad estuvo en el centro y fueron transversales en todos los relatos y denuncias que salieron a la luz, cuestiones relacionadas a educación sexual. Por supuesto los criterios de selección de contenido para abordar estos temas en estas instituciones no son basados en los ejes de la Ley de Educación Sexual Integral, sino todo lo contrario, como ya hemos visto en un marco doctrinario.
Sistematizan en una currícula pedagógica la homofobia, lesbofobia, transfobia, para ser enseñada, poniendo en evidencia un paradigma pedagógico que busca arrasar con los derechos de los alumnos, coartando su identidad sexual y la posibilidad de elegir libremente una identidad de género, negando el acceso a información científica sobre su cuerpo y su salud.
En estos colegios los docentes no tienen permitido transmitir ningún eje relacionado a la ESI, los textos impartidos deben atenerse al catecismo católico. De esta forma, llaman a desconocer la ley de Educación Sexual Integral N° 26.150, promulgada en 2006 y que rige para todas las escuelas del país, sean de gestión pública o privada.
Vemos que mediante distintas vías la Iglesia Católica intercede en las políticas educativas. La subvención estatal a la educación privada y católica es harto conocida. Por otro lado, miembros del clero forman parte de los Consejos Consultivos, una instancia del Ministerio de Educación de la Nación en la que se debaten currículas y esquemas de enseñanza.
Pero la situación es más grave aún, no es casual que Tucumán sea la única provincia que continúa impartiendo educación católica en las escuelas públicas. Organizaciones religiosas fundamentalistas se oponen a la ESI negando derechos a niñas, niños y adolescentes.
Tucumán es una de las provincias con el índice más alto de embarazo adolescente, que en muchos casos esos embarazos son consecuencia de abusos sexuales que hoy la escuela no puede ayudar a prevenir por falta de decisión política. La aplicación de la ESI está sujeta a los lazos del poder político y las cúpulas eclesiásticas. El Ministro Lichtmajer y el Gobernador Juan Manzur son una prueba fehaciente de esto.
Las denuncias, las cifras que se están dando a conocer respecto al monto de los subsidios, no hacen más que seguir dejando en evidencia la urgente necesidad de separación de la Iglesia y el Estado. La información científica sobre el cuerpo y la salud de las niñas, niños, adolescentes es un derecho impostergable.
