Abusos sexuales eclesiásticos. Víctimas del cura Ilarraz exigen que el Vaticano se haga cargo del resarcimiento económico

Justo José Illarraz fue condenado en 2018 a 25 años de prisión por el abuso sexual de menores de entre 10 y 14 años entre 1985 y 1993, mientras se desempeñaba como preceptor en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo de Paraná.

Luego de que la condena fuera confirmada en 2019 por la Cámara de Casación Penal y en 2020 por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (ahora se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación), tres víctimas decidieron presentarse nuevamente ante el Poder Judicial, ahora en busca de un resarcimiento económico.

La demanda no sólo apunta a Ilarraz sino también a parte de la cúpula de la Iglesia de Paraná: Estanislao Esteban Karlic, quien fuera arzobispo mientras el cura ejerció como prefecto de disciplina en el Seminario; y el actual arzobispo, Juan Alberto Puiggari, rector en la casa de formación del clero en el período de los abusos. En aquel juicio quedó demostrado el grado de responsabilidad de la jerarquía católica en el encubrimiento de los crímenes de Ilarraz. Todos sabían, incluido el excardenal y actual papa Jorge Bergoglio. Todos callaron.

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Hubo cuatro audiencias de mediación donde se aguardaba la participación del representante del Vaticano en Argentina, el nuncio apostólico Miroslaw Adamczyk, pero ninguno de los demandados se presentó.

Evangelina Bártoli, abogada que representa a los denunciantes, en diálogo con este medio afirmó que el objetivo de la demanda civil es “la reparación del daño que la conducta de un sacerdote causó” en sus víctimas y “también la posibilidad de que tanto la cúpula de la iglesia local como el Estado vaticano puedan asumir la responsabilidad de los abusos sufridos de quien era un dependiente directo de ellos, al cual tenían la obligación de controlar”.

Ante la exigencia de un resarcimiento económico, Karlic y Puiggari argumentaron “no contar con recursos” para hacer frente a la demanda, lo que motivó que la querella pida que entonces responda el Vaticano. “No creemos que la escasez de recursos sea válido ya que es de público conocimiento que el Arzobispado cuenta con bienes necesarios para hacer frente a la presente demanda”, sostuvo Bártoli.

El argumento de los arzobispos es un insulto a la inteligencia. La Iglesia católica argentina sigue gozando de sobrados privilegios que la convierten en una de las instituciones más ricas y poderosas. Y además la financia el Estado a través de fondos públicos, leyes y decretosque la eximen de pagar impuestos al tiempo que paga abultados sueldos y jubilaciones a obispos y curas.

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Los encubridores de Ilarraz (y de otros curas entrerrianos) declaran insolvencia económica. Pero la iglesia de Entre Ríos cuenta con más de mil propiedades repartidas entre el Arzobispado de Paraná y los obispados de Concordia y de Gualeguaychú. Hablamos de templos, casas, terrenos, locales comerciales e incluso campos que son arrendados. A este número hay que agregarle la planta automotriz: más de 200 vehículos que tampoco pagan impuestos. Nada mal para una diócesis autoproclamada “pobre”.

El Arzobispado de Paraná no hay emitido ningún comunicado al respecto. Se ha ocupado de conmemorar los 95 años de Estanislao Karlic quien aconsejó a los jóvenes tener “pasión por la verdad”, algo muy poco ejercido por él frente a las víctimas de abusos sexuales eclesiásticos durante su mandato.

Ni hablar del actual arzobispo Puiggari, quien se pasea entre cenas y celdas visitando a sacerdotes abusadores como José Francisco Decuyper o Diego Escobar Gaviria.
Las víctimas y sobrevivientes saben que el camino es largo y repleto de obstáculos. Sin embargo son cada vez más quienes se animan a desenmascarar los crímenes cometidos y ocultados bajo la sotana.