Este jueves 24 de agosto, a las 11 hs en Tribunales Federales (Oroño 940) se realizará una conferencia de prensa dónde se presentará el pedido a indagatorias a 21 policías de la Comisaría 7ma y la división Asuntos Internos por la muerte y desaparición forzada de Franco Casco, ocurrido en octubre de 2014.
Miércoles 23 de agosto de 2017
El día de mañana, a las 11 de la mañana se realizará una conferencia de prensa dónde los familiares de Franco Casco junto a sus abogados y distintas organizaciones políticas, de Derechos Humanos y sociales realizarán el pedido a indagatorias a los efectivos de la Comisaría 7ma y de la división de Asuntos Internos por el caso del joven oriundo de Florencio Varela.
Franco Casco en Octubre de 2014 fue detenido de forma arbitraria por "portación de rostro". Debía tomarse un tren a Buenos Aires, pero nunca llegó: el destino del joven fue la Comisaría 7ma de la Ciudad de Rosario, dónde sufrió golpes y torturas hasta su muerte dentro de un calabozo. Su cuerpo fue hallado casi un mes después sin vida en el Rio Paraná, con signos de haber sido atado para mantenerlo bajo el agua y que su cuerpo no sea hallado. Mientras tanto, una larga cadena de encubrimientos por parte del poder judicial y el poder político de la provincia de Santa Fe hizo que la causa varada, para encubrir a los asesinos de Franco. Así fue como se configuró durante estos dos años y diez meses la desaparición forzada de Franco Casco, un joven albañil de 20 años que vino a a visitar a familiares en el barrio Empalme Graneros pero que se topó con la policía santafesina, una de las policías que al día de hoy lidera los ranking en gatillo fácil y violencia policial.
Pasaron dos años y diez meses y la causa que investiga su muerte fue derivada al fuero Federal bajo la caratula de desaparición forzada de persona. Las maniobres del poder judicial y el discurso de los funcionarios del poder ejecutivo intentaron desviar el reclamo: no solo no buscando al joven los días claves y haciendo circular versiones de que había sido visto vivo, sino también rechazando medidas judiciales y posteriormente criminalizando a la propia víctima, culpándola de su propia muerte.
Próximamente 21 efectivos de la fuerza provincial, entre empleados de la Comisaría 7ma y de la división Asuntos Internos deberán ser indagados. Su familia junto a las decenas de organizaciones que los acompañan, exigen que sean procesados, que sean llevados a juicio y que haya una condena ejemplar, que sirva como precedente ante un contexto nacional en el cual la avanzada represiva ha tomado fuerza.
