El cinismo de la derecha tiene a Catalina Pérez y RD en la mira por traspaso de recursos públicos de vivienda a Fundación Democracia Viva.
Jueves 22 de junio de 2023
Las últimas jornadas de la política nacional han estado marcadas por las exigencias de la derecha a Catalina Pérez de suspender su vicepresidencia de la Cámara de Diputados. Esto producto de la salida a la luz pública de millonarios convenios que implican traspasos por la suma de $426 millones desde la SEREMI de Vivienda hacia a la Fundación Democracia Viva para la erradicación de campamentos, y cuyo fundador y representante legal resulta ser Daniel Andrade, asesor político de la Subsecretaría de Defensa, militante de RD y pareja de la diputada.
Si bien, Pérez ha salido a desmentir cualquier relación con el hecho, afirmando que los convenios se ajustan a la legalidad vigente, llegando incluso a presentar una “autodenuncia” a Contraloría en una “muestra de transparencia”, finalmente terminó suspendiendo, en la jornada del martes, su cargo como vicepresidenta ante la moción de censura levantada por la UDI y que rápidamente obtuvo respaldo de otras coaliciones, hasta el Centro democrático Unido (CDU, ex DC y RN).
Desde el oficialismo nuevamente muestran la política de renuncias ante el menor pataleo de la derecha. Desde el Ministerio de Vivienda, Carlos Montes (PS) se contactó con Carlos Contreras (RD) para quien puso a disposición su cargo de SEREMI de Vivienda de Antofagasta. Por su parte Andrade renunció a su cargo dentro de la repartición liderada por Víctor Barrueta (PPD). Así dejan muy contentos a quienes están haciendo un festín de esto.
Ni siquiera son capaces de denunciar a Chile Vamos, que hipócritamente enrostran a la diputada oficialista una “conducta cuestionable del punto de vista ético”, siendo que esta semana se pidió prisión preventiva a Torrealba, ex presidente de RN, en el juicio en su contra por 29 delitos de fraude al fisco, así como delitos tributarios, lavado de activos y asociación ilícita durante su periodo como alcalde y en el municipio de Vitacura.
Esto sin contar los casos de corrupción, reflejado en la (irrisoria) condena al ex alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat (RN) o donde se investigan a los ex alcaldes de ; Viña del Mar, Virginia Reginato (UDI) y Maipú, Kathy Barriga (Ind-UDI). No es casualidad que la UDI y RN lideren el listado de los partidos más corruptos de Chile, según ranking elaborado por El Mostrador seguidos del extinto PRI, y más atrás por la DC, PS y PPD.
En el caso de Fundación Democracia Viva, ocurre con los recursos para la construcción de viviendas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional del Gobierno de Boric. Según cifras de CIPER, a nivel nacional hay un déficit habitacional de 650 mil viviendas, mayor a la cifra de 564 mil de 1996, la primera vez que se midió este déficit. En tanto, el Ministerio de Vivienda informó que durante 2022 la entrega de viviendas solo fue de 39 mil con otras 136 mil en ejecución.
Desde todas partes defienden lo indefendible: Que la existencia de estos organismos privados, son para fines públicos. Ya sea con las corporaciones municipales donde organismos privados con fondos públicos se jactan de llevar adelante la salud y educación pública para toda una comuna, aunque en la realidad vemos como estas se caen a pedazos. O con las fundaciones y ONG que “se proponen” crear viviendas donde existen escandalosos déficit habitacionales, pero ya vemos como terminan. Igual ocurre para cultura y deporte, con un sinfín de garantías postergadas por los intereses de los privados. Este modo de operar es caldo de cultivo para la corrupción.
Pero los reclamos de una derecha envalentonada luego de las últimas elecciones contra el oficialismo, lejos de buscar defender “la probidad”, solo dejan en claro el oportunismo de patear en el piso a sus adversarios políticos y electorales. Y en términos más profundos y lo que ninguno de los partidos del régimen dice, es que este caso demuestra que los mecanismos de administración del Estado capitalista utilizados desde la derecha más rancia hasta los más progresistas, están hechos para el uso de recursos públicos en corporaciones, asociaciones y organismos privados “ajustándose a la legalidad”, para fines propios. Ninguna sorpresa si son ellos mismos los que redactan dichas leyes y saben las reglas de su juego al dedillo.
Así avalan el financiamiento a privados que lucran con derechos esenciales, en este caso la vivienda. El problema es que la contracara de aquello es usar esas reglas para armar o beneficiar a “empresas amigas” que se aprovechan de los fondos públicos, y en muchos casos no cumplen con lo que prometen.
En Antofagasta hay otro ejemplo que se expresa en el Concejo municipal, de cómo validan (desde la derecha hasta concejales como Camilo Kong (CS) y Waldo Valderrama (PC) ) el financiamiento privado a empresas a través del sistema de externalización y concesiones, por más ineficiente que éste resulte, como es el caso de la recolección de residuos y barrido de la comuna con una empresa (Demarco) que genera más problemas que soluciones, tanto a la comunidad antofagastina, como a los propios trabajadores de recolección. En este caso la colaboración público-privada también es una puerta abierta que genera las condiciones propicias para la corrupción.
Por eso es urgente cambiar por completo quién decide sobre las enormes riquezas del país. ¿Quién más puede tener claridad de las necesidades de una vivienda?, son las comunidades en conjunto con trabajadores y profesionales de la construcción. Es necesario elaborar un plan de emergencia habitacional que abarque las 650 mil viviendas faltantes, con financiamiento en base a impuestos extraordinarios a las empresas inmobiliarias para responder al déficit habitacional. Pero en el marco de un plan de obras públicas, financiado por la nacionalización de los recursos naturales.
