Ante las encubridoras declaraciones de la directora del Instituto Medico y las provocaciones de uno de los imputados, la querella de la familia de Pichon sigue insistiendo en la participación de la comisaría 3ra y en los golpes que niega el informe oficial.
Jueves 3 de diciembre de 2015
Luego de la audiencia llevada a cabo la semana pasada, donde la justicia provincial rechazó, una vez más, el pedido de cambio de caratula, el cual expresaba que el caso de Pichon Escobar, es desaparición forzada, aparecieron novedades y nuevas maniobras en la causa.
En la siguiente audiencia, el Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones, Dr. Claudio Palacin, adhirió al recurso de apelación presentado por Luciana Escobar con el patrocinio letrado de los Dres. Salvador Vera y Guillermo Campana, tomando como base las imputaciones realizadas por el Ministerio Público de la Acusación contra dos agentes policiales y también los Fiscales señalaron que existen indicios de que efectivos de la Comisaría 3° habrían participado en los hechos. Sin embargo, la junta médica que analizó los estudios realizados durante la investigación, adelantó que el cuerpo del joven de 23 años no presenta golpes ni heridas.
Ante las declaraciones de la directora del Instituto Medico, los abogados defensores de la familia Escobar, discreparon. "Lamentamos esas declaraciones, porque desde la perspectiva de la querella y de nuestros médicos de parte es falso lo que dice, ya que los signos de violencia son varios. Hay tres zonas del cuerpo que requieren de nuevos estudios para determinar qué sucedió, a pedido de la querella y que fueron ordenados por el Ministerio Público de la Acusación. Por eso nos parecen extrañas las declaraciones de Cadierno", expresó Vera.
Desde la Multisectorial Justicia por Pichón Escobar emitieron un comunicado para expresar su repudio ante las declaraciones que el patovica de La Tienda, Cristian Vivas, detenido e imputado por el asesinato de Gerardo Escobar, quien hace pocos días atacó a la querella que representa a la familia Escobar, y a las organizaciones sociales y movimientos de izquierda que integran la Multisectorial argumentando que la intervención se debe a ´intereses políticos´”.
El comunicado emitido expresó: “Sostenemos que su participación en el hecho (Vivas) es parte del entramado que configura la desaparición forzada en la cual participa la comisaría 3ª. Consideramos que sus declaraciones buscan la victimización de quienes, hasta el momento según indica la investigación judicial, serían partícipes y responsables del hecho, entre otros que serán identificados en el transcurso de la investigación”.
Luego de las reiteradas denuncias públicas que se han realizado sobre el paupérrimo accionar de la Fiscalía, las amenazas realizadas por Eduardo Bismark(“El loco demente” ex jefe de la barrabrava de Newell’s) en el marco de una audiencia pública, incluso ante la mirada del juez Luis María Caterina y las incansables manifestaciones en pedido de justicia y proclamando que “lo de Pichon es desaparición forzada, porque la policía está involucrada”, las declaraciones de Vivas y de Cadierno, son una nueva provocación a la familia en el marco de una causa plagada de irregularidades.
La querella insiste con que los nuevos elementos incorporados a la causa, que certifican que Pichon estuvo en la comisaría 3ª aquella madrugada, permiten decir que fue muy golpeado antes de llegar a la comisaría y adentro de la misma, manifestando también una complicidad entre la seccional, los patovicas y el boliche La Tienda, al cual asiste por última vez Gerardo.
Torturas, desaparición y asesinato son las características de un cruel entramado que terminó con la vida del joven y por el cual aun siguen exigiendo el cambio de caratula y avances en la investigación. Todas estas irregularidades en el caso de Escobar, se suman al agravamiento de la violencia policial llevado a cabo durante el 2015.
El cual se manifiesta en hechos aberrantes como los innumerables casos de gatillo fácil en la provincia y los abusos de autoridad, que se complementan cotidianamente con la impunidad que garantiza el poder judicial, sonando fuertemente en los retrocesos de la causa Herrera y ahora dejando una incertidumbre muy grande con la desaparición de Leonel Martinez, un niño de 15 años, donde también se sospecha de la participación policial, a quien la justicia asegura buscar, pero la realidad es que el próximo domingo se cumple un mes desde que nadie sabe nada de él.
