Opinión. Caso Hermosilla: Corrupción capitalista y la justicia de clase

“(...) La vida económica de la humanidad se encontró en un callejón sin salida. Los antagonismos de clase se exacerbaron y se hicieron evidentes. Los mecanismos de seguridad de la democracia comenzaron a saltar uno tras otro. Las reglas elementales de la moral resultaron más frágiles aún que las instituciones de la democracia y las ilusiones del reformismo. La mentira, la calumnia, la corrupción, la violencia, el asesinato, cobraron proporciones inauditas. Confundidas, las almas cándidas creyeron que eso eran consecuencias momentáneas (...) En realidad, eran y siguen siendo manifestaciones de la decadencia del imperialismo. La gangrena del capitalismo pudre la sociedad contemporánea, incluidos su derecho y su moral”.
León Trotsky, “Su moral y la nuestra" (1938).

El caso del abogado Luis Hermosilla ha sacudido los cimientos del poder en Chile, revelando una red de corrupción que se extiende desde las más altas esferas del empresariado hasta las instituciones del Estado capitalista y sus administradores.

Para comprender la magnitud de este problema, es fundamental analizar cómo la corrupción es una característica inherente al capitalismo y cómo se entrelaza con las estructuras patriarcales que dominan nuestra sociedad.

La corrupción es capitalista

La corrupción suele presentarse como un “desvío” o una patología dentro del capitalismo, pero en realidad es una característica estructural de este sistema. En términos muy generales, podemos afirmar que el capitalismo se basa en la acumulación de capital por parte de una minoría capitalista a expensas de la mayoría trabajadora. Para mantener esta acumulación, la clase capitalista necesita asegurar su control sobre las instituciones del Estado, incluyendo el sistema judicial. La corrupción es uno de los mecanismos mediante los cuales la clase dominante logra este control, asegurando que las leyes y políticas se apliquen de manera favorable a sus intereses.

El caso de Luis Hermosilla lo ilustra perfectamente: un penalista conocido por su cercanía con la élite empresarial y política que utiliza su posición para influir en procesos judiciales a favor de sus clientes, entre los cuales se incluyen importantes figuras del poder en Chile. Las investigaciones han revelado cómo Hermosilla operaba dentro de una red de influencias que abarcaba desde grandes empresarios hasta políticos de alto perfil, incluyendo al exministro del Interior, Andrés Chadwick, una figura clave durante el gobierno de Sebastián Piñera.

En un sistema donde la maximización del beneficio es el objetivo principal, la corrupción se convierte en una herramienta útil para eliminar los obstáculos legales y normativos que podrían limitar la obtención de ganancias y privilegios. Las redes de corrupción, como las que operaban en torno a Hermosilla, no son anomalías, sino manifestaciones naturales de un sistema que premia la acumulación de riqueza y poder a cualquier costo. Estas redes permiten a la élite capitalista asegurar su impunidad y perpetuar su dominio sobre las grandes mayorías.

La conexión de Hermosilla con Chadwick es particularmente reveladora, ya que este último ha sido una figura central en la política chilena y un representante clave de los intereses de la derecha más rancia y conservadora. La relación entre ambos expone cómo el poder político y el empresarial en Chile se encuentran profundamente entrelazados, utilizando la corrupción como un medio para mantener su dominación.

Este caso también tiene un componente patriarcal significativo. Los audios filtrados muestran cómo, en sus conversaciones, las mujeres son cosificadas y tratadas como objetos dentro de los juegos de poder de estos hombres. Este tratamiento de las mujeres no es casual, sino que refleja la relación entre la corrupción capitalista y el patriarcado, donde ambos sistemas se refuerzan mutuamente para mantener estructuras de dominación, de jerarquías y control. Aun cuando las mujeres pueden participar en estas redes, en última instancia son vistas como moneda de cambio para los negocios de los poderosos.

La relación entre corrupción y capitalismo se evidencia en la forma en que las élites utilizan su poder económico y político para corromper el sistema judicial, asegurando que sus intereses se mantengan intactos. Al mismo tiempo, el patriarcado refuerza esta dinámica, permitiendo que la corrupción se entrelace con la opresión de género, perpetuando un sistema en el que tanto los sectores populares como las mujeres somos subyugadas para el beneficio de una minoría.

El poder judicial no es neutro: es un entramado al servicio de los poderosos

La justicia en Chile, como en cualquier sociedad capitalista, no es neutra. Las instituciones del Estado, incluida la justicia, son órganos de dominación al servicio de los grandes empresarios y poderosos. El caso Hermosilla es una prueba contundente de cómo el sistema judicial funciona de una manera que protege a la élite, mientras criminaliza y reprime a las grandes mayorías. La existencia de una "justicia para ricos" se revela al observar la impunidad que disfrutan empresarios y políticos usando sus redes de poder e influencias, en contraste con el rigor aplicado a los sectores populares.

El caso Hermosilla también ha develado una crisis más profunda dentro del sistema judicial chileno. La influencia de este abogado iba más allá de la protección de sus clientes; se extendía a la manipulación directa del poder judicial. Hermosilla ejercía un poder considerable al influir en la selección de fiscales y jueces, utilizando sus conexiones políticas para moldear el sistema judicial a su favor.

Este patrón de corrupción no es un incidente aislado, sino parte de una estructura que permite a los empresarios y políticos moldear la justicia a su conveniencia. Las recientes amenazas del hermano y abogado defensor de Hermosilla, de revelar más detalles comprometedores si se avanza en la investigación, destacan la profundidad de estas redes de corrupción.

Frente a estos hechos, queda claro que el sistema judicial chileno está lejos de ser neutral o imparcial. Los altos cargos en el poder judicial, elegidos por políticos financiados por empresarios, terminan operando en favor de quienes los eligieron, perpetuando un ciclo de impunidad para la élite y sus operadores. Este entramado, que involucra a abogados, notarios, conservadores, fiscales y jueces, funciona como un mecanismo para que los empresarios y políticos burgueses actúen a su antojo.

Aunque algunos sectores defienden la institucionalidad judicial argumentando que existen funcionarios honestos que respetan la ley, la realidad es que el proceso de selección de los altos cargos judiciales, influenciado por políticos corruptos, socava la legitimidad del sistema entero. La crisis expuesta por el caso Hermosilla no sólo da cuenta de la corrupción de individuos específicos, sino también de la vulnerabilidad estructural del sistema judicial en el capitalismo chileno. Este sistema, lejos de garantizar justicia, perpetúa la dominación de una élite sobre las grandes mayorías. La separación de poderes es una ficción que es necesario desenmascarar.

Para desmantelar el carácter de clase y patriarcal del sistema judicial, es necesario avanzar hacia una justicia verdaderamente popular. Esto implica la elección directa de jueces y la implementación de jurados populares, que garantizarían decisiones judiciales alineadas con los intereses de la mayoría trabajadora, y no con los de una minoría corrupta. Para eliminar los incentivos a la corrupción, es fundamental que los salarios de los jueces y otros altos funcionarios judiciales no excedan los de un trabajador calificado. Esto fomentaría una mayor empatía hacia las necesidades de la clase trabajadora, ya que las y los jueces no estarían por hacer dinero, sino por hacer justicia.

Es imprescindible una transformación radical que supere el capitalismo para avanzar hacia una justicia que no sea un privilegio de los ricos, sino un derecho para todos y todas.