La fiscal federal subrogante de Esquel hizo todos los méritos para ser desplazada de la investigación por desaparición forzada. Pero ya lleva dos meses “trabajando” en favor del Gobierno y Gendarmería.
Daniel Satur @saturnetroc
Jueves 28 de septiembre de 2017 12:16
Foto Fiscales.gob.ar
Según publicó Clarín esta mañana, “crece en el Gobierno el temor de que ahora desde la Procuración General de la Nación, que conduce la kirchnerista Alejandra Gils Carbó, se busque apartar a la fiscal Federal Silvina Ávila”.
El supuesto “temor” se comprende. Ávila se constituyó en una suerte de garante de impunidad para los principales sospechosos de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, tal como lo denunciaron reiteradamente la familia del joven, la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen y los organismos de derechos humanos querellantes.
Es cierto que la fiscal federal (subrogante) de Esquel fue la que impulsó el cambio de carátula de la causa a fines de agosto, logrando que se abriera un nuevo expediente por “desaparición forzada”. Pero no es menos cierto que inmediatamente elaboró un informe (que elevó al Ministerio de Justicia y éste envió a la ONU como parte de la respuesta oficial a sus requerimientos), en el que desligó totalmente a la Gendarmería de cualquier sospecha en el caso y al mismo tiempo fustigó con ensañamiento a la comunidad mapuche víctima de la represión.
No se mueve
A casi dos meses de desaparecido Maldonado, la fiscal sigue al frente de la “investigación” pese a los múltiples cuestionamientos a su labor y a que el propio juez de la causa, Guido Otranto, ya fue separado por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Vale recordar, además, el estrecho vínculo entre Ávila y Otranto, no sólo laboral sino hasta familiar, ya que la secretaria de la fiscalía no es otra que la esposa del juez.
Según la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (que ordena el funcionamiento de todas las fiscalías federales del país) los fiscales deben actuar con objetividad (“aplicación justa de la ley, procurando el resguardo equilibrado de todos los valores y principios jurídicos vigentes”) y teniendo como prioritaria la “orientación a la víctima” o a sus representantes.
En ese sentido, dice la Ley Orgánica, las y los fiscales deben “dirigir sus acciones tomando en cuenta los intereses de la víctima”, a quien deberán “brindar amplia asistencia y respeto”. A su vez deben informar a las víctimas “acerca del resultado de las investigaciones” y procurarán tener “la máxima cooperación con los querellantes”.
Obviamente Silvina Ávila no cumplió con prácticamente ninguno de esos deberes de funcionario público. Las pruebas, desde hace casi dos meses, están a la vista de todo el mundo.
Vale preguntarse hoy qué se está pensando desde el Ministerio Público Fiscal que conduce Alejandra Gils Carbó respecto a qué hacer con Ávila. Según uno de los voceros del Gobierno en este caso (Clarín) recién ahora que fue removido Otranto se estaría evaluando la posibilidad de apartar a la fiscal de la investigación por “desaparición forzada”. Pero, como dijo el criminalista francés Edmond Locard hace varios años ya, “el tiempo que pasa es la verdad que huye”.
Desde el minuto cero de la causa el rol de la funcionaria debió ser cuestionado y sancionado por parte de su superioridad. De mínima, Gils Carbó tiene la facultad de nombrar a más integrantes del Ministerio Público Fiscal al frente de la causa, obligando a Ávila a “hacer equipo” con otros funcionarios. Pero ni siquiera eso se hizo. Solamente en la otra causa (abierta el 2 de agosto por el habeas corpus en favor de Santiago) se envió a funcionarios de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), quienes aportaron valiosas pruebas y testimonios pero que no sirvieron para modificar la impronta que Ávila le impuso al caso.
Gils Carbó también puede, según versa la Ley Orgánica de la Procuración, “imponer sanciones a los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal de la Nación” e incluso “promover el enjuiciamiento” de quienes incumplan las normas internas de ese ministerio público.
Dentro de las faltas consideradas “leves” pero pasibles de sanción la Ley Orgánica establece la actuación “en forma irrespetuosa con relación a las partes o cualquier persona que intervenga en una diligencia”. Y entre las “graves” se mencionan la “negligencia en la atención de asuntos encomendados o en cumplimiento de las obligaciones asumidas” y “no informar o negarse a informar injustificadamente a la víctima o a su representado, según corresponda, cuando éstos lo requieran”.
Gran parte de las cosas que hizo y dejó de hacer Silvina Ávila en esta causa pueden encuadrarse, con mayor o menor discusión, entre las faltas leves y graves sancionadas por la ley que rige su actividad.
Méritos de sobra
Hace un mes los abogados Fernando Cabaleiro y Chuzo González Quintana (que tienen contacto estrecho con la comunidad mapuche y tramitan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia por la desaparición por Maldonado) ya habían alertado que “tanto las consideraciones y el proceder del juez y la fiscal los coloca claramente en una situación de parcialidad, por lo que deberían ser apartados de la causa”.
El 29 de agosto, pocos días después de enviar su informe al ministro Garavano y antes de que Cabaleiro y González Quintana hicieran esas declaraciones a la periodista Adriana Meyer en Página|12, la fiscal Ávila se había reunido en Buenos Aires con su jefa Alejandra Gils Carbó.
Según la crónica institucional de la Procuración, en ese encuentro cordial y relajado Gils Carbó se comprometió con Ávila en “reforzar el equipo de trabajo de la Fiscalía Federal de Esquel con la incorporación de cuatro funcionarios y empleados”, a “ampliar el espacio físico donde funciona la fiscalía” y a “incorporar a especialistas y peritos de reconocida trayectoria en materia de desaparición forzada”.
Mañana se cumple un mes de ese encuentro. No se conocen los detalles del cumplimiento de los compromisos de Gils Carbó con su subordinada de Esquel. Sí se sabe, en cambio, que Ávila ya está por cumplir dos meses haciendo y deshaciendo junto al juez Otranto y a los ministros macristas de Seguridad Patricia Bullrich y de Justicia Germán Garavano cuanto quiere en la investigación.
Varias fuentes con acceso a la causa han afirmado insistentemente que el rol de Ávila en la no investigación, desestimando pruebas relevantes y dando crédito a pistas falsas y pruebas amañadas, resultó incluso más determinante para la impunidad que el del propio Guido Otranto. De allí que la familia de Maldonado y varios querellantes le estén exigiendo Gustavo Lleral, el nuevo juez de ambas causas (por habeas corpus y desaparición forzada) que unifique los procesos y encabece él solo la investigación total.
En un breve artículo publicado el 6 de septiembre, el diario La Nación informaba sobre los “lazos con el kirchnerismo y con la procuradora” de la fiscal Ávila. Quizás desde ese otro vocero mediático del Gobierno se creyó que “pegando” a la funcionaria con la gestión anterior del Estado se la alejaba de Macri y su gabinete. Como si ambas cosas no fueran perfectamente combinables.
Daniel Satur
Nació en La Plata en 1975. Trabajó en diferentes oficios (tornero, librero, técnico de TV por cable, tapicero y vendedor de varias cosas, desde planes de salud a pastelitos calientes). Estudió periodismo en la UNLP. Ejerce el violento oficio como editor y cronista de La Izquierda Diario. Milita hace más de dos décadas en el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS).
