La Comisión Anticorrupción del Partido Acción Nacional (PAN) suspendió los derechos políticos de Guillermo Padrés Elías, ex gobernador de Sonora, según informó el presidente de dicho organismo el pasado 12 de octubre, Luis Felipe Bravo Mena. Esta medida tiene carácter provisional mientras se realizan las investigaciones por delitos de corrupción.
Lunes 17 de octubre de 2016
El delegado en Sonora de la Procuraduría General de la República (PGR), Darío Navarro Figueroa, ha dado a conocer que la Policía Federal Ministerial está detrás del paradero del ex gobernador Guillermo Padrés Elías, quien es investigado junto con once presuntos cómplices, quienes serán consignados en las próximas horas.
El Ministerio Público Federal ha liberado más de 20 consignaciones de expedientes a jueces de distrito, que esperan se conceda el ejercicio de acción penal contra ex servidores públicos acusados de incurrir en actos de corrupción en Sonora. Mientras las autoridades se han negado a revelar la identidad de todos los colaboradores de Padrés Elías, se ha señalado a Roberto Avila Quiroga, ex director de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria, identificado como el principal operador de Guillermo Padrés por defraudar al erario federal por más de mil 700 millones de pesos, en la condonación de impuestos a empresarios cercanos.
Según una publicación de El Universal, Padrés es acusado de desfalcar al erario público con más de 30.000 millones de pesos y de obtener recursos de procedencia ilícita por casi 9 millones de dólares, producto de sobornos que presuntamente le dio un amigo suyo a cambio de contratos para la manufactura de uniformes escolares.
Acusaciones entre corruptos
El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, responsabilizó al PAN y a su dirigente, Ricardo Anaya, de encubrir a Guillermo Padrés Elías, luego de que no dieron aviso a las autoridades cuando hace unos días el ex gobernador de Sonora visitó la sede de su partido, pese a que tenían conocimiento de que estaba bajo investigación.
Después de una reunión con algunos priístas en la ciudad de Oaxaca, Ochoa Reza, acusó a Anaya en conferencia de prensa, sobre el conocimiento del blanquiazul sobre las acusaciones de más de un año contra que se tenían contra Padrés, sin que le iniciaran proceso en su contra o a sus colaboradores.
El ex gobernador de Sonora y por lo menos 20 colaboradores son investigados actualmente por los delitos de enriquecimiento inexplicable, peculado, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Padrés, quien concluyó su gestión en septiembre de 2015, ha interpuesto numerosos amparos que hasta el momento han evitado su detención.
Se ha hecho público también que la Policía Internacional (Interpol) emitió una ficha roja para localizar a Padrés, así como para el ex secretario de Gobierno Roberto Romero López, y a su esposa, la ex diputada federal Mónica Robles Manzanedo.
Respecto al caso del ex gobernador de Veracruz, el priísta Javier Duarte, agregó Ochoa Reza que su partido continuará las investigaciones correspondientes, ya que hasta el momento presumen de necesitar más pruebas contra Duarte, y mencionó que cuando se tenga algún resultado lo darán a conocer públicamente.
Hasta el momento la crisis desatada entre los partidos políticos patronales ha destapado una parte de la corrupción, pero sin duda este tipo de gobernantes ha solapado durante años este mismo mecanismo viviendo a costa de la riqueza generada por millones de familias de trabajadores en el país.
Y es que apenas se supo de la suspensión de derechos políticos para Javier Duarte, varios fueron los casos que salieron a relucir. Recién Margarita Zavala -quien pretende ser candidata del PAN rumbo a las presidenciales- había dado declaraciones sobre la corrupción desatada en el gobierno duartista, cuando las mismas acusaciones llegaron a su propio partido.
La corrupción es intrínseca a todos los gobiernos al servicio de los empresarios, sea cual sea su signo político y, sin embargo, las campañas de linchamiento son para los que luchan contra las políticas hambreadoras del régimen político. Como hemos dicho antes, no se trata sólo de corrupción, sino de un saqueo y ataque directo contra el pueblo pobre y trabajador.
Mientras los gobernantes provenientes de los partidos del actual régimen han venido actuando en alianza para aprobar y aplicar a raja tabla las reformas estructurales que precarizan las condiciones de vida de millones en el país, debemos alertar que ninguna justicia se puede esperar de las instituciones que los avalan y los protegen. Por ello, es necesario retomar el camino de la movilización -como es el caso de Veracruz, donde varios sectores han salido a repudiar estos hechos-, denunciado y saliendo con demandas propias, que fortalezcan de manera unitaria la lucha contra este tipo de gobiernos y sus intereses.
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