El único imputado por el delito de homicidio fue absuelto. Las condenas fueron menores a las solicitadas por la querella, lo que generó bronca entre quienes se manifestaban afuera de Tribunales.
Lunes 25 de febrero de 2019 21:23
Minutos antes de las 21, se leyó el fallo del tribunal integrado por los jueces Rafael Macoritto, Carlos Caramutti y Dante Ibáñez sobre los seis imputados en el juicio por el femicidio de Paulina Lebbos, ocurrido el 26 de febrero de 2006. Un crimen que sacudió durante el gobierno de José Alperovich y en el cual se montó una red encubrimiento a partir de funcionarios estatales.
Por el encubrimiento del crimen estaban acusados los ex funcionarios alperovichistas pertenecientes a la cúpula policial y la secretaría de Seguridad Ciudadana: Eduardo di Lella (ex secretario de Seguridad), Hugo Sánchez (ex jefe de Policía), Nicolás Barrera (ex subjefe de la fuerza), Héctor Brito (ex jefe de la Unidad Regional Norte) y Waldino Rodríguez (ex policía de Raco). Las acusaciones incluyen haber alterado el lugar donde se encontró el cuerpo de la joven y no haber conversado las pruebas, además de maniobrar para que la policía se adjudique haber dado con el lugar.
El electricista Roberto Gómez estaba acusado de ser autor y/o partícipe necesario de la privación ilegítima de la libertad y el homicidio de Paulina. Gómez estaba bajo prisión preventiva, era el único imputado por estos delitos y fue absuelto.
Di Lella y Sánchez recibieron, respectivamente, una pena de 6 años de prisión por coautor de encubrimiento con el agravante de ser funcionario público y falsificación ideológica de instrumento público, más 10 años de inhabilitación para cualquier función pública. Por los mismos cargos, Barrera fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión, y Brito a 5 años de prisión (9 y 8 años de inhabilitación para ser funcionarios, respectivamente). Tras la lectura de la sentencia fueron detenidos inmediantemente y estarán en prisión preventiva. En tanto que Rodríguez fue condenado por ser partícipe secundario en falsedad ideológica a 3 años de prisión condicional (deberá cumpliar tareas comunitarias) y absuelto de otros delitos.
Todas las condenas se encuentran muy por debajo de lo solicitado por la querella. Para Di Lella, Sánchez y Barrera la querella había solicitado para cada uno penas de 14 años y seis meses de prisión; y 12 años y seis meses para Brito.
Entre quienes se manifestaban alrededor del Palacio de Tribunales se recibió con bronca el fallo por considerar que las condenas eran bajas y también por la ausencia de los responsables políticos directos entre los acusados. Por su parte, Alberto Lebbos, padre de Paulina, calificó de "histórico" lo sucedido y afirmó que esperará a la lectura de los fundamentos del fallo. "Siempre dije que la investigación no estaba cerrada y voy a seguir hasta saber qué pasó con Paulina", sostuvo.
Durante el proceso que duró 133 audiencias se realizaron nuevas denuncias, llegando hasta el José Alperovich, por tentativa de exacciones legales. La esposa del ex gobernador, Beatriz Rojkés también, tuvo que declarar ante el tribunal. Sergio Kaleñuk (hijo de un secretario de Alperovich) y César Soto fueron denunciados por ser sospechosos del homicidio. Ambos serán investigados, junto a Virginia Mercado, amiga de Paulina, la última en verla con vida. El juicio, el más largo en la historia de Tucumán, estuvo también marcado por numerosos “no sé”, “no me acuerdo”, con más de 30 careos, 12 acusados de falso testimonio y 18 planteos que el tribunal debió resolver.
La hipótesis de “los hijos del poder” y el encubrimiento estatal
Por la implicancia directa de funcionarios del Poder Ejecutivo y policiales, más el decidido entorpecimiento judicial, durante años cobró mucha fuerza la denominada hipótesis de “los hijos del poder”. Más concretamente en las sospechas sobre Daniel y Gabriel Alperovich, hijos del entonces gobernador, y Sergio Kaleñuk, hijo de Alberto Kaleñuk, secretario privado de Alperovich. Desde la etapa de instrucción, el fiscal Diego López Ávila desestimó esta hipótesis que reflotó durante el juicio.
Kaleñuk hijo tuvo contradicciones durante el juicio y no pudo explicar qué hizo el día en que se vio por última vez a Paulina. Además su celular quedó registrado en la misma zona donde se activó por última vez el de la joven. Aquí para algunos se encuentra un punto oscuro. Para la fiscalía, Gómez estaba acusado de participación secundaria en el secuestro y homicidio de Paulina, es decir que no actuó solo. El electricista está señalado por colocar el chip que pertenecía a la línea de Paulina horas posteriores a su desaparición. Durante el juicio no supo explicar cómo sucedió. Para el tribunal, se deberá seguir investigando a Kaleñuk por la posible comisión de privación ilegítima de la libertad y/o por el delito de falso testimonio.
Más allá de la hipótesis, alrededor del crimen de Paulina se montó una red de impunidad estatal, de lo que la sentencia confirma aunque sea en parte.. En los inicios fue el accionar policial, donde ya hay condenados, y de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad. Luego fue el judicial, donde hay hechos sobresalientes como la fotografía del primer fiscal Alberto Noguera ingresando al domicilio de Alperovich. El siguiente fiscal, Carlos Albaca, estuvo a cargo de la causa desde abril de 2006 hasta 2013. Durante esos casi 7 años la investigación no prosperó y de hecho se entorpeció. Inclusive una muestra de ADN falló porque no fue conservada apropiadamente durante estos años. Los cruces entre llamadas perdieron efectividad, así como cualquier allanamiento. Luego de apuntar contra Paulina, Albaca se jubiló con el 82% móvil y evitó el juicio político gracias al alperovichismo en la Legislatura.
En el femicidio de Paulina Lebbos se ponen de manifiesto las tramas de un régimen podrido contra las mujeres.
