Desaparición y muerte. Caso Santiago Maldonado: pese al lobby de Bullrich, se agitan las causas judiciales

En esta semana hubo novedades en las dos causas penales relacionadas a la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, ocurridas en 2017 tras una feroz represión de Gendarmería Nacional a miembros de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen , Chubut. Causas que involucran directamente a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación que, en el mismo cargo durante el gobierno de Mauricio Macri tuvo la máxima responsabilidad política en represiones con resultados letales.

Una de esas causas está pronta a llegar a la Corte Suprema de Justicia y refiere al espionaje ilegal realizado por Gendarmería sobre familiares y organismos de derechos humanos durante los meses de búsqueda de Maldonado. La otra es la causa principal, por desaparición forzada seguida de muerte, tramitada en el Juzgado Federal de Rawson a cargo de Gustavo Lleral y que tuvo diversos vaivenes, incluyendo un intento del propio juez de archivarla y darla por terminada sin resolver el caso.

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Espionaje ilegal

El expediente por espionaje se abrió en octubre de 2017, tras una denuncia presentada por la abogada Myriam Bregman con el aval de la familia de Santiago. Luego de algunas idas y vueltas, la causa quedó a cargo del juez Daniel Rafecas, titular del Juzgado Federal 3 de Comodoro Py. Allí fueron imputados Gonzalo Cané, entonces secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad; y Fabián Méndez, el jefe del Escuadrón de Gendarmería 35 de El Bolsón (Río Negro), protagonista de la represión a la Pu Lof.

Durante casi cinco años Rafecas hizo poco y nada para investigar a fondo el espionaje realizado sobre familiares de Maldonado y referentes de organismos de derechos humanos como la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y la misma Myriam Bregman (hoy diputada nacional del PTS-FITU). Espionaje que tuvo como punto neurálgico el llamado Centro de Reunión de Información de Gendarmería con asiento en Neuquén (CRINeu) y del que la querella aportó sobrada prueba.

Rafecas no pudo desmentir que Gendarmería espió y recolectó información para perseguir a quienes exigían la aparición de Santiago y el castigo a los culpables. Sin embargo en julio de 2022 archivó el expediente, lo que incluyó el sobreseimiento de Cané y Méndez, lo que fue avalado por la Sala 2 de la Cámara Federal de Apelaciones. Martín Irurzun, uno de los camaristas, en 2017 ya había jugado un rol clave en la otra causa, por la desaparición y muerte de Maldonado, al implementar las pinchaduras al teléfono de Sergio Maldonado en su calidad de titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco).

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Bregman, acompañada por sus colegas del CeProDH Matías Aufieri, Lilen Reyes y varios colaboradores, presentó un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal. En aquel momento, Aufieri había dicho a La izquierda Diario que, de archivarse la causa, “se le da vía libre a la Gendarmería y al resto de las fuerzas federales para que sigan espiando a organizaciones y personas”. El abogado, vale recordar, hoy se recupera de las gravísimas lesiones en su ojo izquierdo producidas por un balazo de goma de la Policía Federal, disparado sobre su rostro en una de las recientes represiones frente al Congreso ordenadas por Bullrich.

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En diciembre de 2023 la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal desestimó el recurso, lo que obligó a la querella a presentar entonces un recurso extraordinario para que la causa llegue a la Corte Suprema de Justicia. Ese nuevo pedido le fue enviado al fiscal general ante la Cámara para que se expida.

Finalmente este lunes el fiscal general Javier De Luca (a cargo, a su vez, de la Fiscalía 4) emitió un dictamen en el que considera que ese recurso extraordinario debe ser concedido por la Cámara de Casación. En sus considerandos, De Luca dice que deben atenderse los fundamentos de la querella en relación a que, tanto el archivo de la causa como el sobreseimiento de Cané y Méndez se basan en fallos que desconocieron pruebas, leyes y hasta la misma Constitución Nacional. Sobre todo, en lo referido a la “gravedad institucional” que implica la afectación de “derechos elementales” como la libertad de reunión y expresión.

¿Qué hará ahora la Cámara de Casación, sabiendo que el fiscal De Luca avala lo requerido por la querella? Es difícil saberlo. Lo cierto es que la causa debería seguir su curso, pese a los intentos dilatorios y antijusticia de un Poder Judicial siempre afecto al lobby político. En conversación con La Izquierda Diario, el doctor Aufieri dice que desde la querella se van a “agotar todas las instancias”. Eso implica que, si Casación no concede el recurso extraordinario, de todos modos buscarán llegar al máximo tribunal del país vía un recurso de queja.

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La desaparición y muerte que Lleral no investigó

Por otra parte, este miércoles Sergio Maldonado y su abogada Verónica Heredia participaron de forma remota en una audiencia convocada por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, a raíz de la apelación presentada por las querellas contra el intento de cierre de la causa penal en la que debe investigarse a fondo la desaparición y muerte de Maldonado.

Como lo viene relatando este diario, la causa judicial tramitada por el Poder Judicial Federal con asiento en Chubut sufrió varios retrocesos gracias al accionar del juez Gustavo Lleral, artífice de un entramado procesal con el objetivo de garantizarles impunidad tanto a la Gendarmería como a Patricia Bullrich y sus exfuncionarios de la gestión en el Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Macri.

En noviembre de 2018, sin investigar los hechos, el juez decidió “archivar la causa”. Las querellas apelaron. En enero de 2020 la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia aceptó la apelación, pero mantuvo el expediente en manos de Lleral y sólo le pidió que lo reactivara. Como era de esperar, el juez no hizo prácticamente nada. Sólo anunció en octubre de 2022 algunas medidas, como la reconstrucción virtual de los hechos, que nunca llevó adelante.

Es más, en agosto de 2023 el mismo Lleral decidió directamente no tomar ninguna medida más y, peor aún, ordenó el sobreseimiento de los gendarmes Emmanuel Echazú, Juan Pablo Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Ferreyra, imputados (ni siquiera procesados) en la causa por “desaparición forzada seguida de muerte”. El mismo magistrado que no investigó nada concluía en que “no se pudo probar” aquello de lo que eran acusados los criminales de uniforme. El fallo lo publicó a horas de las PASO del año pasado, donde Patricia Bullrich se jugaba su candidatura presidencial en una de las listas de Juntos por el Cambio.

La audiencia de este miércoles ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia es un nuevo capítulo de esta triste zaga de idas y vueltas judiciales cuyo único objetivo oficial parece ser la impunidad perpetua para Bullrich y sus secuaces. “Apelamos para que se asigne un juez que nos permita acercarnos a saber qué pasó con Santiago”, le dijo Sergio Maldonado a la periodista Adriana Meyer de Página/12 poco antes de la audiencia.

Al pedido de los Maldonado se sumaron las otras querellas representadas por el CELS, la APDH, la Comisión Provincial por la Memoria y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. E hizo lo propio la fiscala general Verónica Escribano, quien explícitamente desacreditó los “argumentos” de las defensas de los cuatro gendarmes sobreseídos. En la audiencia no faltaron los cruces entre Sergio y los abogados de los represores, quienes se habían preparado para lanzar provocaciones verbales y gestuales propias de cómplices de los criminales más que de asesores jurídicos.

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Así las cosas, pese a la permanente campaña de desacreditación contra Santiago Maldonado y su familia por parte de funcionarios y propagandistas mediáticos de lengua y dedos fáciles, aún no está todo dicho en las causas judiciales en las que se deben investigar los graves hechos ocurridos en 2017.

Que Bullrich haya vuelto al Ministerio de Seguridad de la mano de Javier Milei le da un punto de apoyo crucial para “bancar” la impunidad. Vale decir, en tal sentido, que los cuatro años de gestión peronista con el sello Frente de Todos no aportaron nada en cuanto a preservación de pruebas en ese Ministerio y mucho menos en cuanto a sumarios y expulsiones de quienes protagonizaron represiones criminales como las que se llevaron las vidas de Maldonado y de Rafael Nahuel. Por el contrario, con Aníbal Fernández como ministro, el Estado siguió reprimiendo salvajemente a las comunidades mapuche.

Por eso Bullrich hoy se siente más empoderada aún que lo que estuvo entre 2015 y 2019. Un empoderamiento que, de todos modos, sólo usa para seguir hundiéndose en su lógica criminal de herir y matar a quienes se oponen a sus políticas. Más que nunca, a ella y sus secuaces hay que enfrentarlos en las calles, con organización y lucha.