Abusos sexuales e impunidad. Caso Saúl Peña: Iglesia, jueces y fiscales de Río Negro protegen a abusador de niñas y niños
Es profesor de educación física en el Colegio María Auxiliadora de Conesa. En 2019 una veintena de familias del jardín denunciaron que sus hijas e hijos sufrían abusos sexuales en plena clase. Tras unos pocos meses preso, fue sobreseído y hoy se pasea por el pueblo.
Por cuestiones regionales pero también por falta de una cobertura periodística a la altura de las circunstancias, el caso del docente (con 31 años de antigüedad) del Colegio María Auxiliadora hasta hoy es prácticamente desconocido en el país. Pese a tener todos los aberrantes condimentos de un escándalo de proporciones, pareciera que hubo una decisión de que no trascienda. Nada que sorprenda en los corrillos eclesiásticos y judiciales.
El estallido
Hace exactamente un año las oficinas y los pasillos del viejo edificio de Cardenal Cagliero 571 de la pequeña localidad rionegrina de General Conesa se sacudieron como nunca. Entre el 24 y el 27 de octubre de 2019 una veintena de madres y padres del jardín de infantes del Colegio María Auxiliadora se enteraron que el profesor Peña (54), había abusado sexualmente de sus niñas y niños. Y en reiteradas ocasiones.
Quienes dieron la noticia fueron las propias víctimas, nenas y nenes de entre 3 y 6 años. Como en un efecto dominó, en parte espontáneamente y en parte por indagación de sus familias, relataron en privado hechos que, puestos en contexto, no sólo eran coincidentes sino que tenían un protagonista común: el “profe Saúl”.
Apenas escucharon esos relatos, las madres y los padres fueron al colegio a pedir explicaciones. La indiferencia de las autoridades no se hizo esperar. Aunque primero posaron de “sensibles”, no tardaron casi nada en alinearse en defensa de Peña (apelando a la tradicional y cómplice “neutralidad”). Con sana reacción, inmediatamente una docena de familias decidieron denunciar penalmente al profesor.
Algunos fueron primero a la comisaría 20ª de Conesa, otros directamente a la UFT Descentralizada de San Antonio Oeste. Allí la fiscala subrogante Mariela Coy terminó abriendo tantos legajos como denuncias se presentaron, cuando lo esperable era que centralizara todo en una sola causa, por los mismos hechos y con un mismo imputado. Las denuncias, por “abuso sexual a menores de 13 años agravado por la guarda provisoria como docente”, cayeron en el Juzgado Penal de San Antonio Oeste a cargo de Hildo Fabio Corvalán.
Enterado de las primeras denuncias, Peña se fue del pueblo. Viajó 140 kilómetros hasta Choele Choel. Según dijo a la Policía, se fue a la casa de un familiar porque en el pueblo se sentía “hostigado”. Ante la indignación de las familias (que se manifestaron frente al colegio, al Municipio y a la comisaría) Coy se vio obligada a dictar la aprehensión y posterior prisión preventiva del imputado. La funcionaria judicial a cargo de la “investigación” no se llevó bien con las familias, que por dilaciones e inacciones desconfiaron de entrada de ella.
Peña quedó alojado en la comisaría 8ª de Choele Choel durante un mes, hasta que el 27 de noviembre se le concedió la prisión domiciliaria. Fijó domicilio en Viedma (160 kilómetros de Conesa), en la casa de su hermano. Poco después, con tobillera electrónica, fue beneficiado con la “libertad restringida”, pudiendo transitar por la capital provincial sin más controles que esa tecnología. En el verano, antes de que llegara la cuarentena obligatoria, se lo veía correr y caminar en las costas de la capital de la provincia.
Peña también da clases de voley en el club del pueblo
Juegos de terror
Al momento de ser denunciado masivamente, Peña llevaba 31 años trabajando en el colegio María Auxiliadora, institución religiosa subvencionada por el Estado. Por sus clases pasaron varias generaciones de estudiantes. Por eso cuando se conocieron las denuncias, muchas personas adultas que pasaron por esas aulas recibieron la noticia con impacto. Aunque no con sorpresa.
“Hace veinte años no habían saltado denuncias de esta gravedad, pero Peña siempre fue un desagradable y todo el colegio sabía que ‘tocaba’ de más”, dijo a La Izquierda Diario una exalumna que lo tuvo de profesor en jardín y parte de la primaria. “Sobre todo con las nenas solía hacer una ‘elección’, tenía sus preferidas y a ellas era a las que más ‘abrazaba’, aunque nunca supimos de un abuso en sí mismo”, complementa una excompañera. “Tantos años de impunidad que se le dio en el colegio le permitieron al tipo avanzar y dar un salto en los abusos”, agrega otra mujer que fue al colegio en los 90.
Las conductas de Peña fueron cada vez más graves. Y si bien las denuncias penales datan del 2019, en la comunidad educativa se sabe que muchas niñas y niños que hoy están en la primaria también fueron víctimas de los abusos regulares del profesor de educación física, quien actuaba en complicidad con otros adultos a cargo del jardín de infantes.
Lo cierto es que hace un año varias nenas y nenes comenzaron a manifestar cambios de conducta en sus casas. Desde empezar a hablar de “juegos” que el profesor Saúl les hacía practicar en las clases de educación física hasta llorar y patalear negándose a ir al jardín, pasando por giros violentos en las expresiones y hasta pesadillas. En varios de los relatos se repetían expresiones como “bailar en culo” o “el baile del culito”, “besar en la boca”, “sacarse la ropa” y otras más de tono sexual. En otros casos, los cambios notorios de conducta fueron acompañados con silencio y negativas a responder preguntas de madres y padres.
Las primeras madres y padres que escucharon esos relatos se contactaron con el resto de sus pares de las salas de 3 y 4 años del jardín, quienes al conversar con sus hijas e hijos recibieron descripciones similares respecto a los “juegos” y sus protagonistas.
Los diferentes relatos de las víctimas, realizados en sus casas y muchos repetidos en Cámara Gesell, permiten identificar hechos protagonizados por el profesor. En momentos en que dictaba sus clases, Peña les proponía a las niñas y los niños jugar al “Lobo feroz”, donde él hacía de lobo y, separando a las nenas (“caperucitas”) de los nenes (“cerditos”), comenzaba a perseguir a las primeras hasta alcanzarlas, agarrarlas y besarlas y morderlas en distintas partes del cuerpo, incluyendo genitales y colas. Una variante del mismo tipo de “gancho” para los abusos es, según algunos niños y niñas, el juego del “Tiburón”.
Saúl Peña durante el juicio de 2020
En el expediente judicial figuran varias circunstancias concretas que a Peña se le hacen muy difíciles de justificar. Por ejemplo, que una vez encerró a dos niñas de tres años en “la casita del árbol”, las besó en la boca y en otras partes del cuerpo. Tan fuerte fue el abuso que una de esas nenas, al ingresar en Cámara Gesell para ser peritada directamente no quiso hablar. “El nivel de concentración en la entrevista es oscilante con dificultades para adecuarse al encuadre propuesto”, justificaron desde el Poder Judicial. Así, abortaron la pericia y el testimonio de la nena no fue tenido en cuenta por la fiscal Coy.
Según relatos coincidentes, a una de las nenas de cuatro años el “lobo Feroz” Peña le mordió la panza, el cuello y la boca. Y no contento con eso terminó desnudándola en plena clase. A otra nena, también de cuatro años, la corrió por el salón y al alcanzarla la agarró de la cola y la vagina. Todo eso contado por las víctimas directamente e incluso por otras niñas y niños que presenciaron los hechos.
En los relatos se repitieron expresiones como “nos sacaban la ropa Saúl y Mariano” (en referencia al portero Mariano Rebollo, nunca imputado en la causa), “Saúl dijo saquen la ropa de todo el mundo”, “lo decían Saúl y la seño Luján” (en referencia a Luján Cacique, la maestra a cargo de la sala de 3 años), “Mariano se sacaba la ropa y la dejaba arriba de las cartucheras”. Algunos relatos son más crudos aún. Y hay niñas que aseguran haber sido fotografiadas sin ropas.
En una reunión a la que fue convocado junto a una madre (de las primeras denunciantes) y con la vicedirectora Estela Villagra en frente, Peña llegó a reconocer que organizaba esos juegos, pero que lo hacía “sin mala intención” y que no volvería a hacerlo. Tal vez no imaginaba que en pocas horas sobrevendría una catarata de denuncias similares en su contra.
Les niñes hablaron de muchas de esas cosas en la Cámara Gesell, pese a que las querellas denunciaron muchas irregularidades en esas pericias. Para las familias no fueron respetados los protocolos aplicables en estos casos, las entrevistas no fueron realizadas en lugares adaptados a esas edades ni hubo una mínima contención de especialistas. “Se vulneraron todos sus derechos”, argumentaron las familias en un reciente pedido para que se vuelvan a practicar esas instancias con todas las víctimas.
Respecto a la Cámara Gesell, la mayoría se realizaron durante la primera quincena de noviembre de 2019 en Viedma. Para eso las familias debieron viajar 160 kilómetros, en muchos casos obligadas a salir de madrugada desde Conesa ya que las citas eran a las 9 de la mañana. Pero a esa incomodidad “administrativa” se sumó otro escándalo. Fuentes del caso aseguran que a Peña se lo vio deambular en cercanías de las oficinas judiciales y que al menos dos infantes, antes de ingresar a contar sus historias, se toparon con él. Ambas declaraciones no pudieron concretarse por el abrupto cambio emocional de las víctimas.
Sede del Juzgado Penal de San Antonio Oeste
La situación procesal de Peña fue curiosa durante casi el año que vivió en Viedma. Al estar imputado por delitos tan graves pesaba sobre él la obligación de no aparecer por Conesa y estar controlado por una tobillera electrónica. Pero nunca se le dictó la prisión preventiva. La irrupción de la pandemia (con la suspensión de las clases desde marzo) y esa distancia de 160 kilómetros, en cierta medida ayudaron a las familias a soportar las dilaciones judiciales. Las madres y los padres pudieron esperar que algo avanzara en la causa sin tener al profesor a la vuelta de la esquina.
Pero hace dos meses y medio todo se volvió a sacudir en Conesa. Sorpresivamente, el 7 de agosto la fiscala Mariela Coy pidió el sobreseimiento de Peña en tres de las doce causas abiertas, correspondientes a una niña de tres años y dos de cuatro años. Según el particular análisis que hizo la funcionaria de los testimonios y las pericias realizadas a las víctimas, no estarían comprobadas “conductas de tocamientos, manoseos, besos ni abuso sexual por parte del imputado”.
Apoyada en las mal realizadas entrevistas en Cámara Gesell y en una supuesta “ausencia de pruebas” (en todo caso facilitada por la propia inacción investigativa), la fiscala Coy se propuso dar un golpe letal a las denuncias. Para eso, le dio en sus argumentaciones una sospechosa relevancia a los relatos de las y los adultos del colegio, empezando por la directora (suplente) Mercedes Corosso, la vicedirectora Villagra y docentes directamente sospechados de complicidad con Peña. Ninguna de esas personas dijo haber visto u oído nada relacionado a conductas “impropias” del profesor. Pero nadie pudo negar que Peña pasaba largos momentos de soledad con sus víctimas durante sus clases.
Los pedidos de sobreseimiento de Coy argumentan que no se pudo comprobar que el profesor haya cometido “acceso carnal”. Pero Peña nunca fue imputado por eso, sino por otros (y diversos) tipos de abusos reiterados, que curiosamente no son mencionados en los considerandos de la fiscala.
A su vez, la supuesta ausencia en el teléfono, la computadora y algunos pendrives de Peña de imágenes de pornografía infantil u otras relacionadas a abusos, junto a la “ausencia” de “lesiones” en genitales de nenas y nenes, terminó “convenciendo” a Coy de que Peña es prácticamente víctima de una campaña difamatoria. Le faltó decir que el conjunto de las niñas y los niños, sus padres y madres y quienes tuvieron a su cargo algunas pericias se confabularon para incriminar injustamente al profesor.
Torcer el rumbo
Paradójicamente Damián Torres, hasta entonces abogado de las familias, coincidió con los argumentos de la fiscal. Y así se lo hizo saber a sus patrocinados, quienes el 26 de agosto recibieron la durísima noticia de que finalmente Peña era sobreseído en las tres causas indicadas por la Fiscalía. Días después, derivado de ello, las otras nueve denuncias serían “archivadas” por la fiscal Coy, lo que no significa que fueron cerrarlas pero sí le da un aire fresco al imputado, no declarándolo culpable ni inocente.
Ese revés inesperado obligó a las y los denunciantes a buscar otra representación legal que realmente se pusiera de su lado. Así fue que en pocos días, tras conocer los pormenores del caso y lo escandaloso de la resolución judicial, los abogados Leandro Aparicio, Marcia Blanco y Guido Berto aceptaron tomar el caso y desde el 31 de agosto patrocinan buena parte de las y los querellantes.
La confianza en Aparicio y su equipo de trabajo se basa nada menos que en su propia trayectoria. Es en Río Negro donde el abogado, junto a su colega Sergio Heredia, llevan hace nueve años la causa por la desaparición forzada del joven trabajador golondrina salteño Daniel Solano. También Aparicio, junto al doctor Luciano Peretto, patrocinan a la querella en la causa por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro. Por eso su llegada a la causa significó mucho para las familias, la mayoría de ellas con total inexperiencia en litigios judiciales y en enfrentarse al poder eclesiástico-político-judicial.
Cuatro días después de incorporarse a la causa, la primera medida impulsada por la abogada y los abogados fue presentar un “recurso de revisión de sobreseimiento”, considerando que el juez de Garantías hizo lugar a los fundamentos de la fiscala (funcionales al abusador) “no haciendo lugar a los planteos incorporados por la querella”. Una semana después, lejos de responder a los intereses de las víctimas, el juez Hildo Corvalán rechazó revisar el sobreseimiento de Peña. Tras apelar, ahora las familias esperan que la Cámara resuelva si les da curso a su reclamo elemental.
A su vez el 8 de octubre, tras analizar detenidamente los fundamentos de la fiscala Coy, las querellas pidieron formalmente que se vuelvan a realizar las pericias de Cámara Gesell a las niñas y los niños denunciantes, al entender que las realizadas previamente no contaron con las garantías y condiciones adecuadas para obtener los testimonios. Además pidieron que la Fiscalía cite a las niñas y niños en el colegio, aprovechando que por la pandemia está vacío, así las víctimas pueden relatar in situ las cosas que padecieron. Pero Coy se negó, argumentando que no es “un lugar propicio ni apto” para la aplicación de los protocolos del Supremo Tribunal de Justicia.
Un “detalle” vale como botón de muestra. Nunca, en casi un año, la fiscala Coy les dio a las familias denunciantes una copia de lo que sus hijas e hijos habían testimoniado en Cámara Gesell, algo que solo pudieron lograr a partir de la intervención en de Aparicio, Blanco y Berto. Recién hace dos semanas las y los querellantes recibieron un CD con las copias de esos testimonios.
Al destrato del Poder Judicial se suma la estigmatización de las familias denunciantes por parte de sectores del pueblo cómplices de la Iglesia. Por caso, una de las nenas abusadas recibió la negativa de otro colegio privado para comenzar allí el ciclo lectivo 2020, con la única explicación de que “con los problemas que tuvo” sería mejor que no asistiera a la escuela por un año.
En algunos casos las familias (con gran esfuerzo económico) pudieron iniciar tratamientos psicológicos. Pero en muchos otros las niñas y los niños quedaron en una situación muy mala. Ninguna instancia del Estado (ni municipal, ni provincial ni nacional) se acercó en todo este tiempo para asistir a las víctimas en cuestiones mínimas. Mucho menos el colegio María Auxiliadora, cuyas autoridades están más preocupadas por zafar de un juicio por encubrimiento que por hacerse cargo.
Movilización del 9 de octubre al Municipio
A principios de octubre, mientras las familias presentaban recursos de apelación y demás escritos para intentar torcer el rumbo de una causa plagada de irregularidades, varias vecinas y vecinos de Conesa pudieron comprobar la consumación de la impunidad. Sobreseído, amparado por la Iglesia y el Estado y con ganas de retomar sus actividades, a Saúl Peña ahora se lo ve caminando por las calles de ese pueblo de poco menos de diez mil habitantes.
Con la bronca a cuestas pero con la decisión de no callarse nunca más, la familias de las víctimas marchan por las calles conesinas reclamando lo básico: verdad y justicia. La pelea incluye la exigencia al Municipio que tome cartas en el asunto y no permita que el profesor se instale para seguir abusando a los niños y las niñas del pueblo. Desde el entorno del intendente Héctor Lineker (Frente de Todos) se excusan afirmando que no pueden hacer nada y que se deben ajustar “a lo que dicta la Justicia”. La campaña local se impulsa desde una página de Facebook llamada Justicia.
Mientras tanto, quienes valientemente continúan batallando por la dignidad de sus hijas e hijos procuran que las familias de quienes hoy van a la primaria y relatan hechos similares ocurridos años atrás, decidan sumarse a denunciar formalmente a Saúl Peña y sus encubridores. Si lo hicieran, sería un gran aporte a la búsqueda de la verdad.
Nació en La Plata en 1975. Trabajó en diferentes oficios (tornero, librero, técnico de TV por cable, tapicero y vendedor de varias cosas, desde planes de salud a pastelitos calientes). Estudió periodismo en la UNLP. Ejerce el violento oficio como editor y cronista de La Izquierda Diario. Milita hace más de dos décadas en el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS).
