La jueza Karen Atala falló en contra del joven detenido por carabineros de civil del OS9, quienes violenta e ilegalmente lo ingresaron a una camioneta. La Jueza en cuestión se negó a ver el video de la detención presentado por la defensa de Nicolás Ríos.
Kevin Bustamante Médico de Familia, trabajador de Atención Primaria de Salud, militante del PTR.
Domingo 12 de enero de 2020
Bajo prisión preventiva por 60 días quedó Nicolás Ríos, joven de 20 años que fue detenido de manera ilegítima por un grupo de civiles el día viernes por la noche en as inmediaciones del Cerro Huelen (Santa Lucía). Civiles que por lo demás resultaron ser de una rama de Carabineros del OS9, quienes están llevando a cabo operativos de este tipo, habiendo ya otro caso en el Parque Bustamante.
Así el caso "secuestrados" corresponde a lo que el jefe de la zona este RM de Carabineros, Enrique Bassaletti, señaló como un operativo de la principal rama de investigación criminal de la institución, para detener a dos personas por porte de bombas molotov y un arma de fuego.
#Grave | Se registra en el Cerro Huelen (ex Santa Lucía) la detención por parte de civiles de un joven. [Si manejan más información solicitamos que nos envíen por DM] pic.twitter.com/8unpXMF8IJ
— La Izquierda Diario Chile (@LID_Chile) January 11, 2020
Ante la evidencia en video que la defensa de Nicolás presentó con respecto a los apremios ilegítimos y detención ilegal, la Jueza Karen Atala (directora de Fundación Iguales) rechazó dicho material y se negó a ver el video del procedimiento. Así que, ante el fallo que implica 60 días de investigación y prisión preventiva, el abogado de la Defensoría Popular, Lorenzo Morales, que representa al joven dijo que apelarán ante la determinación tomada sin verificar la evidencia que ellos presentaban.
Una vez más vemos cómo el gobierno y sus aparatos del estado como la fuerza policial y los tribunales "conspiran" entre sí para reprimir la protesta legítima de jóvenes cansados con este sistema heredado de la dictadura.
Todo esto se enmarca en una línea represiva del gobierno que ya cuenta con un saldo de más 2000 manifestantes en prisión preventiva, como lo estuvieron el profesor Roberto Campos y Licanantai Corrales, mientras un estudio del INDH indica que son 1.615 personas con lesiones por perdigones, 359 personas con heridas oculares, de las cuales 24 corresponden a pérdidas del globo ocular, como Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, quienes perdieron la visión total.
A lo anterior se suma la persecución política por medio de la Ley de seguridad interior del Estado a dirigentes sociales, políticos y estudiantiles, como el caso de Dauno Tótoro, de quién el gobierno se querelló tras sus dichos, en una asamblea de coordinación, donde planteaba la necesidad de una huelga general por #FueraPiñera por medio de la intendencia de Felipe guevara, responsable político de la brutal represión en Plaza Dignidad.
Retomando su línea represiva contra las y los estudiantes que se manifestaron contra la PSU, busca negarles el derecho a seguir en el proceso de admisión, y perseguirlos por medio de querellas, como ya anunciaron la denuncia en contra de los dirigentes de la ACES (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios) y la investigación del llamado a boicot a la PSU, invocando la Ley de Seguridad del Estado.
Estos casos demuestran al servicio de quienes están las leyes y los tribunales de justicia, que también se basan en la normativa de la constitución elaborada por la derecha e impuesta por la dictadura cívico-militar a sangre y fuego, que han mantenido los gobiernos de la derecha y la concertación, y que permite que se desarrolle un proceso constituyente impulsado por el gobierno y la oposición dejando en total impunidad a los responsables materiales, como los 6 carabineros, imputados por torturas y violencia sexual, a los que les revocaron la prisión preventiva, así como deja en la impunidad a las y los responsables políticos, Sebastián Piñera y Felipe Guevara.
Se hace insostenible un proceso constituyente con los mismos que han mantenido los pilares de este modelo neoliberal, también impuesto en dictadura, que impide que tengamos derechos como salud y educación, haciendo de estos un negocio, como lo hacen con las pensiones de miles de trabajadores y trabajadoras jubiladas.
Este proceso es una trampa que busca sacarnos de las calles, desorganizarnos y llevarnos a las urnas, para que nuevamente las y los políticos, que gobiernan para la paz y normalidad funcional para los empresarios, decidan qué hacer con nuestro futuro, con los recursos naturales, con el mar y nuevamente tomen decisiones a nuestras espaldas, en que la derecha ya está mostrando sus verdaderas intenciones de no cambiar nada.
Tenemos que avanzar a plantearnos una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, donde podamos poner a disposición del pueblo y las y los trabajadores los recursos naturales y la propiedad privada capitalista, invalidando el poder de las transnacionales y los empresarios nacionales sobre los la extracción de los recursos que sólo benefician sus bolsillos.
Es necesario que nos planteemos en sindicatos, federaciones estudiantiles, organismos y asambleas autoconvocadas, un plan de lucha que nos permita avanzar a una huelga general con paro, y con tomas en liceos y universidades, para decir basta de impunidad y organizar una asamblea constituyente basada en los intereses de la mayoría y que contemple los derechos y demandas históricas que florecieron desde el 18 de octubre como banderas de la revuelta, fin a las AFP, derecho a Educación Gratuita, de calidad, no sexista y de acceso irrestricto, Salud, Vivienda, etc.
Desde LID y el PTR levantamos una gran campaña de difusión y coordinación contra la represión y por la liberación de los presos de la revuelta, así como exigir juicio y castigo, sin más impunidad, a los responsables materiales y políticos de las violaciones a los derechos humanos en Chile. Para lo cual interpelamos a organizaciones como la Mesa de Unidad Social y otros organismos estudiantiles como la CONFECH, CONES, ACES que llamen a un plan de lucha para organizar un gran paro nacional en contra de las políticas represivas del gobierno y por Juicio y Castigo
