Con el escándalo de Pelao Vade, la presencia de criminales de dictadura como Jorge Arancibia y la crisis de confianza en la Convención, se ha abierto un debate sobre los mecanismos de cesación y reemplazo de los convencionales y de los cargos políticos en general. Un debate que es sobre quién lo decide y cómo: si estos pueden renunciar por algun motivo y ser reemplazados por sus compañeros de lista o partido, si los puede destituir el mismo órgano al que pertenecen, si algún otro poder constituido, o si la decisión debiera ser de los propios electores.
Martes 21 de septiembre de 2021
El caso de Rojas Vade no es el único que ha puesto sobre la mesa la discusión sobre cuáles mecanismos de revocación serían democráticos y cuáles no. En la Convención hay constituyentes cómplices de la dictadura de Pinochet. No solo están los partidarios del Rechazo en el plebiscito constitucional, quienes desde entonces se han mostrado enemigos de un proceso constituyente verdaderamente democrático. También hay colaboradores directos con los crímenes de la dictadura, como el ex edecán de Pinochet, Jorge Arancibia.
El mismo reglamento de la Convención señala entre sus primeros artículos la regla de respeto a los DDHH, mostrando que personajes como este son incompatibles con el cargo y debieran ser expulsados. Que se les permita seguir en la Convención [1], es una de las señales más claras de que no es la Asamblea Constituyente Libre y Soberana que demandó la revuelta, sino un órgano restaurador sostenido sobre un pacto de impunidad y que fue cocinado para salvar a Piñera y a un régimen en crisis. Una nueva farsa como la de la transición pactada de 1989, cuya “alegría” solo trajo 30 años más de explotación y opresión para el pueblo trabajador [2].
Es preciso señalar que el caso Vade, como el de Arancibia, cae hasta el momento en un vacío legal. No hay ningún tipo de control de parte de los electores a sus representantes, ¿Qué hacer si no cumplen sus promesas? ¿Qué hacer con los representantes obsoletos cuando no responden a las aspiraciones vivas de las masas? La Convención Constitucional no está compuesta con representantes mandatados y revocables por asambleas de base, ni tampoco tiene mecanismos de cesación ni de reemplazo aplicables a estos casos. Se espera que en las indicaciones a su Reglamento, el cual saldrá en el comparado de la Mesa mañana martes, veremos propuestas de solución. Hasta hoy ningún sector de convencionales ha propuesto que el mecanismo de revocabilidad de los cargos sea decidido por los propios electores del distrito mediante una asamblea de base. Nos parece que esto sería lo mínimo.
La ley 21.200 que siguió al Acuerdo por la Paz, aplicó a la Convención el mismo estatuto reglamentario del Congreso que la creó a su imagen y semejanza: la Constitución de Pinochet. El artículo 134 remite a las causales de cesación de cargo señaladas en el artículo 60. El último inciso de este artículo dice: “Los diputados y senadores podrán renunciar a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave que les impida desempeñarlos y así lo califique el Tribunal Constitucional ” [3]. La última propuesta de Reglamento General de la Convención refiere a la cesación de cargo en el artículo 28: “Las y los convencionales constituyentes podrán renunciar a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave que les impida desempeñar su cargo y así lo califique el Pleno ”. Reemplaza al Tribunal Constitucional por el Pleno de la Convención. Pero en ningún caso parece aplicar a Vade, ya que no es su enfermedad la que le impediría desempeñar el cargo.
¿Quién debe decidir?
A principios del mes, cuando fue descubierto en su mentira, Rojas Vade declaró “siento que me tengo que retirar de la Convención”. Días después, comunicó estar “dispuesto a asumir las sanciones que me correspondan según el Reglamento Provisorio”. Hoy dice “tan pronto exista el mecanismo para presentar mi renuncia formal haré uso del mismo”. Como hemos aclarado arriba, ese mecanismo aun no existe.
En la Convención, desde derecha a izquierda, se ha condenado la mentira de Vade y reconocido la necesidad de una sanción. Un amplió sector concluyó que debía salir de la Convención [4]. ¿Pero quién lo decidiría y cómo?
La desmoronada Lista del Pueblo de la que era parte Vade, en su programa electoral, de manera similar a todas las listas de izquierda, postulaba que "deben consagrarse mecanismos de control y de revocación de mandatos a las autoridades". Sin embargo, hasta el momento sus convencionales no han propuesto nada concreto respecto de este caso, que les toca de cerca. Palabras de una lista de "independientes" que se las lleva el viento. ¿Y los demás?
Hay quienes buscan una posible salida judicial, dejándole la tarea a los poderes constituidos. La Mesa Directiva de la Convención, con Elisa Loncón y Jaime Bassa a la cabeza, elevaron un oficio a Fiscalía por “hechos que pudieren revestir carácter de delito”, por la declaración de patrimonio de Vade, donde este se refirió a una supuesta deuda por tratamiento de quimioterapia contra el cáncer. Fiscalía, por parte del gobierno, sacando provecho de la situación, se querelló recientemente con Rojas Vade por desórdenes públicos, algo que no tiene absolutamente ninguna relación con su fraude electoral, pero que le sirve al régimen para reforzar su agenda represiva que mantiene desde la revuelta. Sin embargo, en razón de su cargo político, Rojas Vade está protegido por el fuero.
Hasta ahora entre los convencionales parece haber acuerdo generalizado de que el Tribunal Constitucional, una de las instituciones más reaccionarias de la dictadura, no tiene autoridad sobre la Convención. Contraloría advirtió hace un mes que “la Convención es una entidad autónoma y debe resolver cómo regula todos sus aspectos”. Sin embargo, no podemos confiarnos. La derecha ha amenazado con llevar a la Convención a la Corte Suprema para impedir cualquier mínimo cambio a las reglas del Acuerdo por la Paz.
Algunos proponen que sea el Congreso constituido quien defina cómo proceder. En este sentido, diputados de RN presentaron el miércoles 8 un proyecto de ley para autorizar la renuncia por motivos personales de los parlamentarios y convencionales. Varios convencionales también son de la misma opinión. El vicepresidente adjunto Rodrigo Álvarez (UDI), es partidario de realizar “una rápida reforma constitucional que algunos parlamentarios también transversalmente han señalado que es una alternativa”. Raul Selís (RN) señaló que le parecía “que el Congreso resuelva el problema dictando una norma para este caso”. El constituyente de Mauricio Daza (INN), manifestó no estar de acuerdo en que la Convención se atribuya ese poder: “podría ser objeto de un reclamo en la Corte Suprema, porque estaríamos vulnerando las reglas de procedimientos aplicables a la Convención. La forma más expedita de que esto se solucione sería que el actual Congreso Nacional complemente las disposiciones relativas a la renuncia de parlamentarios fijando algún mecanismo que nos sea aplicable y dejando fuera la calificación del TC”.
Otros esperan que al Reglamento de la Convención se le inserte una disposición para tales situaciones. Alondra Carrillo, constituyente y dirigenta de la Coordinadora Feminista 8M, es de esta posición: “la Convención no tiene por qué privarse de plantear todos los marcos que necesite”. La periodista y convencional Patricia Politzer, electa por INN y cercana al PPD, decía en una entrevista en CNN: “nosotros estamos conscientes de que no tenemos las herramientas para dejarlo fuera, este tema está entre las propuestas de reglamento que debemos votar”. Incluso el DC Fuad Chahín dijo: "nosotros creemos que es perfectamente posible que lo no regulado por la Constitución, es decir, una renuncia voluntaria sin expresión de causa, establecerla en el reglamento”. Algunos, partidarios de esta opción, son más mesurados en hacer declaraciones taxativas: “está difícil este punto” dice el frenteamplista Daniel Stingo.
El Partido Comunista, por su parte, ha evitado hacer declaraciones. No obstante, el convencional Marcos Barraza, manifestó hace dos semanas que no le parecía ni la propuesta de los diputados de RN, pues esta “busca la renuncia sin motivo alguno, dejando sin representación a todas las personas que votaron por ese convencional” y que tampoco es partidario de que la Convención pueda sancionar con la renuncia o la remoción.
Dos abogados constitucionalistas del Frente Amplio, los convencionales Fernando Atria y Jaime Bassa, ambos defensores acérrimos del Acuerdo por la Paz, parecen no coincidir aún exactamente sobre que hacer frente al caso. Ambos tienen resquemores en que la decisión recaiga en la Convención. Pero Atria señaló que, aunque no es partidario de “autorizar las renuncias genéricas”, porque hay que “proteger a los parlamentarios y los convencionales de presiones fácticas, que en este caso es la presión que está sufriendo ahora Rodrigo Rojas”, sin embargo, “en este caso, por cierto, esa presión nos parece a todos totalmente justificada”. Por eso propone una reforma Constitucional tramitada desde el Congreso, tanto para la renuncia como para el reemplazo: “se podría ampliar a otros motivos graves la causal que hoy día parece que se restringe solo a razones de salud, que hacen imposible el desempeño del cargo”. El vicepresidente de la Convención, Bassa, en cambio dijo: “no es buena idea que entre pares exista la posibilidad que nos destituyamos recíprocamente”, pero que tiene que “haber una salida institucional regulando la posibilidad de renuncia y la posibilidad de reemplazo, que es uno de los vacíos que tiene actualmente la Constitución”. Y como mecanismo propuso una iniciativa de ley “que permita a la ciudadanía revocar el mandato a su representante”. Una iniciativa que quedaría en manos del Congreso.
¿Quién lo reemplazaría?
El artículo 29 del Reglamento de la Convención recientemente aprobado, y cuyas indicaciones se discuten esta semana, se basa también en la Constitución de la dictadura para el mecanismo de reemplazo de un cargo vacante que deja el convencional saliente. En el caso de que el convencional haya sido electo en una lista de partido, es el partido quien puede reemplazarlo por cualquier persona que le parezca. En caso de que fuera una lista de independientes, como es el caso de Vade, “serán reemplazados por la persona del mismo género que haya obtenido la siguiente más alta mayoría de la misma lista”. En este caso sería reemplazado por Andrés Cuevas Navalón, quien le siguió en votos a Rojas Vade por la Lista del Pueblo en las elecciones del D13 (Cuevas obtuvo 4.340 votos, Rojas Vade 19.434).
El reemplazo que aplica a las listas de partidos es claramente antidemocrático. Pero el caso de los independientes tampoco nos parece muy democrático. Los variados fraudes de la Lista del Pueblo, así como la rápida traición a sus promesas y subordinación al Acuerdo por la Paz, han generado una gran desconfianza en sus electores. ¿Por qué no podrían estos mismos los que decidan quienes los representan y quienes no? ¿Qué impide que se levanten asambleas de base a las que deban responder cada constituyente, para obedecer su mandato y ser revocados cuando lo decidan?
Hemos visto que la Convención se ha sometido al Acuerdo por la Paz con la derecha y ha obedecido a las normas que le dispuso la Constitución de Pinochet. Ejemplo actual, como lo hemos denunciado en varias notas, es la ratificación por la amplia mayoría de los convencionales del antidemocrático quorum de 2/3, siendo el Frente Amplio su mayor defensor junto a la derecha. Constanza Schonhaut, fundadora de Convergencia Social, el partido de Boric, declaró hace unos días que “hay un sector de Chile Vamos con una excelente disposición al diálogo y a construir acuerdos conjuntos”.
Es preciso ser claros. Nada podemos esperar de la Convención, que ha demostrado no ser más que una “cocina” que el parlamento creó a su imagen y semejanza. Una institución que respeta a los poderes constituidos y al pacto de impunidad del 15 de noviembre. Hace falta una fuerza para romper el Acuerdo por la Paz por el que ha sido desviada la lucha de Octubre, que podría comenzar a prepararse con la lucha por el derecho de los electores a la revocabilidad de los convencionales. Solo la movilización y autoorganización de los trabajadores y el pueblo puede abrir el camino para retomar la lucha por las demandas de la Rebelión de Octubre, entre las que estaba levantar una verdadera Asamblea Constituyente, Libre y Soberana, sin Piñera y sobre las ruinas del régimen.
[1] A mediados de agosto, a petición del PC, la Comisión de DDHH provisoria de la Convención aprobó excluir de las Audiencias Públicas a Jorge Arancibia, quien era parte de esa comisión. Fue un voto político. Arancibia no renunció, solo se restó físicamente de asistir. Le permitieron mantenerse en la comisión sin dar cara, por vía telemática, con el privilegio de no tener que acusar recibo ni responder a las interpelaciones si no quería.
[2] Tras el triunfo del No en el plebiscito del 5 de octubre de 1988, que decidió por las urnas poner fin a la dictadura de Pinochet y comenzar proceso de “Transición a la Democracia” siguiendo el itinerario señalado por la Constitución de 1980, los partidos de la concertación empiezan a negociar con la Junta Militar y la derecha una reforma constitucional. No solo la dictadura temía una Asamblea Constituyente, sino también la “oposición” burguesa demócrata, por lo cual traicionaron esa demanda. Durante esos meses “cocinan” a puertas cerradas una Reforma Constitucional que anuncian finalmente el 1 de junio de 1989. Esta reforma sería aprobada por el plebiscito del 30 de julio. Entre sus modificaciones a la Constitución de la dictadura, se hicieron concesiones al régimen cívico-militar y a la derecha que aumentaron aún más el autoritarismo de la democracia burguesa que, 9 años antes, la Junta tenía prevista a transitar ordenadamente.
[3] Nunca se ha aplicado, pues hasta hoy ningún parlamentario ha pedido la renuncia.
[4] Un agitado debate a comienzos de este mes, donde las opiniones al respecto del alcance de la sanción fueron divididas en todos los sectores políticos en la Convención, pero la mayoría que manifestó su opinión se inclinaba por la cesación de su cargo como convencional. La presidenta Elisa Loncón dijo “lo que es claro es que son cargos constitucionales y no son renunciables”. El vicepresidente Jaime Bassa (CS) dijo "me parece que hay una puerta o un camino por el cual no podemos transitar y es esta discusión en torno a la posibilidad de destitución de constituyentes entre pares", para lavarse las manos y dejarla en la de los poderes constituidos, "en la Fiscalía, que es un organismo absolutamente independiente de la Convención Constitucional, de modo tal de que no sea precisamente la Convención la que tenga que tomar partido respecto de este tipo de situaciones". Más tarde, junto a la Mesa, emitiría un oficio al Ministerio Público por “hechos que pudieren revestir carácter de delito”. Por su parte Fernando Atria dijo “la permanencia del convencional Rojas en la Convención, yo creo que podría causarle un daño a la Convención y al proceso constituyente”. Jorge Baradit (PS) dijo “si alguien ya no cumple con las condiciones para continuar, se reemplaza (…) eso todos lo tenemos claro”. En la derecha, Bernardo de la Maza, electo por Evópoli, dijo “lo único aceptable ahora es que se concrete su renuncia inmediata”. Rodrigo Álvarez (UDI) dijo “debería seguir su propio consejo cuando señalaba que sentía que debía retirarse de la Convención Constituyente”. En cambio, Ruggero Cozzi (RN) dijo que “La mentira del convencional Rojas Vade me parece gravísima, pero la sanción no es la pérdida de su cargo, porque eso no está contemplado en la ley”. Desde fuera de la Convención, varios diputados exigieron la renuncia de Vade, en particular desde la derecha y centroderecha. La senadora DC Carolina Goic dijo “creo que Convención debe evaluar continuidad de esta persona”. Jaime Mañalich, el ex Ministro de salud, culpable de impulsar una política sanitaria que costó miles de vidas humanas solo para mantener las ganancias de los empresarios, dijo que Vade “debería renunciar”.
