Los beneficios y sueldos que reciben ministros, parlamentarios y una serie de funcionarios del gobierno, tensiona aún más la relación entre el régimen político y el pueblo trabajador, que ve como ante las crisis económicas y medioambientales, los únicos que nunca pierden son los grandes empresarios y quienes defienden sus intereses.
E.E. Vergara Valparaíso, Chile
Lunes 6 de febrero de 2017
FOTO: The Clinic
La casta política se encuentra en el ojo del huracán, y junto con ella el conjunto de las instituciones del régimen, hoy por el suelo.
Si bien, los “políticos” han venido siendo profundamente cuestionados por sus privilegios como son las enormes dietas vitalicias que reciben los ex presidentes, o las jubilaciones para ricos como fue el caso de Myriam Olate -esposa del actual presidente de la Cámara de Diputados Osvaldo Andrade- la gota que rebalsó el vaso se dio esta semana con la asignación de la ex ministra de justicia Javiera Blanco, como consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Es así como pasará a recibir la “no menor” suma de entre 7,6 y 7,9 millones de pesos mensualmente, algo un “poco” alejado de gran parte de la población que percibe menos de $255.000.
Blanco, a quien se le ha criticado su negligente participación a cargo de la cartera de Justicia, siendo su punto más crítico, la situación insostenible del Servicio Nacional de Menores (SENAME), con la alta tasa de muertes, la cual va en aumento en medida de que se va investigando.
Semanas críticas para la casta política
La creciente ola de incendios en el sur del país con mayor expansión en las regiones del Maule y Bío Bío, ha estado acompañada de un concreto rechazo por parte de la población en contra la presidenta, los parlamentarios, y las instituciones, siendo incluso interpelados en terreno por vecinos y pobladores del sector, que se encuentran ya cansados de las leyes de corruptos y su desafección con el pueblo trabajador.
Todo esto se corresponde con el permanente rechazo con el que se mantiene el gobierno, con un 24% de aprobación aproximadamente, en encuestas como ADIMARK, CEP o CADEM, y en un ciclo eleccionario que comienza a abrirse, donde si bien dos figuras como Sebastián Piñera y Alejandro Guillier, son quienes toman más protagonismo, aún no hay nada definido en presidenciales y mucho menos a nivel parlamentario.
Derecha y Nueva Mayoría, ambos sectores decadentes
Sin embargo, más allá de la evidente crisis de legitimidad que vive hoy el gobierno, no se puede desconocer el oportunismo con el que la derecha a tratado de mostrarse como un sector de recambio preocupados por el bienestar de la gente. Lo cierto es que ellos están lejos de ser un cambio para los cientos de miles de trabajadores, mujeres y estudiante del país, por el contrario, son quienes más se alimentan de toda la herencia económica, política y cultural de Pinochet, como la actual presidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jacqueline Van Rysselberghe, quien se encuentra hoy siendo investigada por casos de cohecho con la industria pesquera.
Se debe acabar con el régimen de corruptos que sostiene este sistema
Tanto los empresarios como sus partidos, han mostrado la decadencia en la que se encuentran actualmente, donde los casos de colusión como la empresa CMPC en relación al precio del papel higiénico y pañales, son un claro ejemplo de que aquella generosidad empresarial que plantean hacia la población, no es más que una máscara para ocultar los millones que se llevan a través de la explotación y la devastación medioambiental cada día.
Se debe poner fin a este gobierno de corruptos y leyes para empresarios, es necesario construir una alternativa de los trabajadores, las mujeres y la juventud, y que tenga en su política levantar una Asamblea Constituyente libre y soberana basada en la movilización, que sea un punto de apoyo apara derribar la herencia de Pinochet que se cuela a través de cada una de sus leyes impuestas a base de miles de botas ensangrentadas en Dictadura. Es necesario construir una alternativa anticapitalista, socialista y revolucionaria, que luche por poner en pie un gobierno de los trabajadores y trabajadoras.
