Ha quedado visto para sentencia, aunque todo indica que la sentencia ya estaba escrita.
Viernes 10 de febrero de 2017
La última jornada del juicio contra el 9N ha dejado un debate de tan alto vuelo como una gallina de corral. El juicio por desobediencia al Tribunal Constitucional es algo novedoso, sobre todo teniendo en cuenta que el mismo Gobierno de Rajoy lleva años desobedeciendo al mismo Tribunal.
La fiscalía vuela tanto como un pingüino
La intervención del representante de la fiscalía, Emilio Sánchez Ulled, fue por lo menos sorprendente. En su caso podríamos decir que el “vuelo” fue similar al de un pingüino. Se ha dedicado a verificar con las facturas y archivos electrónicos, que las urnas y los materiales estaban en un depósito, si se hizo antes o después del 4N, etc.
Sánchez Ulled se dedicó a perseguir directoras díscolas, inspectores desconfiados, proveedores de los servicios necesarios para el 9N. Con la única intención de verificar que la Generalitat y la administración pública habían participado en la ejecución del 9N. Cuestión que por otra parte cae por su propio peso.
El quid no es si la Generalitat continuó con el proceso participativo. Sino si era lícito que consultar al pueblo catalán sobre su propio destino. Eso es lo que la Fiscalía, el TC y el Gobierno de Rajoy quieren impugnar. Pero como no pueden hacer un juicio a casi 2,5 millones de personas, lo hacen a los líderes institucionales que según ellos deberían haber parado el 9N. Como no pueden impugnar directamente que se pongan urnas, buscan subterfugios jurídicos.
Aceptar esto significaría aceptar que éste es un juicio político. Si el Gobierno y la Fiscalía aceptaran eso, aceptarían su fracaso para negociar y “dialogar”. Aceptarían que solo tiene un “diálogo de manos vacías”. El Estado español apenas si puede permitir algunos trazos democráticos. El fiscal fue muy claro al decir “este juicio también es democracia”. Esa es la democracia del Estado español.
Las defensas se centraron en los aspectos jurídicos
El rol de las defensas consistió esencialmente en contestar todas las irregularidades jurídicas que contenía el juicio. Eso lo han hecho bien, por ello el nivel de vuelo fue mucho más alto que la del Fiscal. En lugar de perseguir testigos, estudiaron la jurisprudencia del tema y las regulaciones referentes al asunto.
El juicio está rodeado de tantos asuntos oscuros y arbitrariedades que no se puede entender más que como juicio político. La acusación de prevaricación, se basa en actos no cometidos, lo cual es novedoso. Los abogados defensores citaron mucha jurisprudencia al respecto.
Los abogados, incluso, elogiaron a la Fiscalía de guardia por no actuar para evitar 9N puesto que ésta ponderó los riesgos de la reacción social. De la misma manera, explicaron que los acusados han actuado ponderando esos riesgos. Los mismos riesgos que ponderaron otros juzgados que recibieron denuncias e incluso el mismo TC que no intervino.
También han incidido en la parte de “desobediencia”. Por un lado, criticando la providencia ya que ésta no tenía un destinatario claro, por otro, planteando que al no ser parte del poder judicial sus declaraciones son “declarativas no ejecutivas”. Por tanto no llevan obligatoriedad, a menos que haya una audiencia.
Los alegatos finales de los tres acusados
Finalmente, los tres acusados acabaron con breves intervenciones en las cuales dieron su parecer. El ex President denunció que no es juzgado por la desobediencia, sino por el éxito del 9N. Del cual se planteó como “el máximo y único responsable político”. Insistió en que no va desobedecer al TC. Mas acabó planteando que es un inmenso error llamar delito a la votación y participación que dio en el 9N.
Joana Ortega criticó que “Se nos juzga por una actuación política”. Finalmente, se ha reafirmado en que “cree en la legalidad”. Por si acaso aclaró que “nunca nos hemos ocultado tras los voluntarios” y soltó que “dar voz a la ciudadanía es la obligación de un gobierno. Lo hicimos bien, con responsabilidad y respeto a la legalidad”
También hizo su alegato la ex Consellera d’Ensenyament, Irene Rigau. Ella recordó la manifestación de hace 40 años que sin ser autorizada, fue tolerada, comparando con el momento actual. En aquel momento se luchaba por “Llibertat, Amnistia y Estatut d’Autonomia”.
No se tratar de obedecer al TC
El juicio ya está visto para sentencia. Veremos con que se sale éste Tribunal. Pero es que hay tantos vicios políticos previos que lo más probable es que caiga la inhabilitación de los acusados. Esto es solo un aperitivo de lo que vendrá por parte del Estado español. En la medida en que se concrete la consulta de éste año, veremos cómo se eleva la respuesta.
Es que una “democracia” que se inventa causas, encarcela por quemar la foto del Rey, o por una historia de titiriteros, o que abre una causa como la del regidor de Vic, pero permite la libertad de los que robaron millones como Bárcenas, Pujol, Millet y tantos más, es una democracia para ricos. Es una democracia contra las libertades de los trabajadores y el pueblo.
Sólo podremos realizar el Referéndum torciendo el brazo a ésta democracia blindada, superando al Gobierno y la oposición aliada del PSOE y Ciudadanos, venciendo a los jueces “atados y bien atados”; en síntesis, derrotando el Régimen del 78 que algunos le llaman democracia, pero no lo es.
