En una provincia con altos índices de violencia machista, desinterés del gobierno y una gran influencia de la Iglesia, las mujeres son las que más han salido a pelear.
Martes 4 de octubre de 2016
Este año ha sido marcado por paros y luchas docentes y de la salud, no sólo para recuperar el salario sino por la defensa de la salud y la educación pública y gratuita para todo el pueblo. La mayoría de los que trabajan en estos servicios son mujeres y sostenes de hogar.
En la provincia, además de tener que hacer malabares para llegar a fin de mes, las mujeres deben enfrentar situaciones de violencia machista cotidiana y la negación de derechos que han sido ya votados por ley hace años (como el aborto no punible, así como la ley de Educación Sexual Integral en las escuelas) que el gobierno se niega a aplicar por la influencia de la Iglesia Católica, mientras siguen decidiendo sobre la vida de miles de mujeres, adolescentes y niñas.
Como si fuera poco, las mujeres no sólo sufren en sus cuerpos la clandestinidad del aborto sino que sobre las mujeres pesa la justicia machista (como el caso Belén de Tucumán).
Los índices de embarazo adolescente en la provincia superan el promedio nacional, y se ubican entre los más altos. Según un estudio de Naciones Unidad, entre las principales causas del embarazo adolescente se encuentran la violencia estructural vinculada con la pobreza, la violencia machista y la violencia sexual.
La ley de Educación Sexual está vigente desde hace 10 años, pero no la implementan por presión de la Iglesia. En cuanto a esta institución, en la provincia están los casos de dos curas abusadores que en complicidad con la justicia, faltan a declarar y aún siguen en libertad hace años: Rasguido de Andalgalá y Gutiérrez de Belén.
En los diarios locales todos los días vemos en la sección policiales casos de violencia de género, además de los que no salen publicados. Es sabida también que las redes de trata en la provincia con foco en las localidades de Belén, Andalgalá y Tinogasta funcionan demostradamente con la complicidad de la policía local, como fue denunciado por la ONG No a la Trata, así como el fallo de la justicia federal de Tucumán donde ordena investigar esta complicidad.
En la provincia, frente a los numerosos casos de violencia, se cuenta únicamente con un hogar para víctimas, la Casa Warmi, que se inauguró luego de 4 años de iniciada su construcción. El lugar sólo cuenta con capacidad para 30 mujeres, y donde actualmente se alojan entre 4 y 5 mujeres, dato reconocido por Marina Yacante de la Dirección de Mujer, Infancia y familia de la provincia en una entrevista televisiva publicada por El Ancasti. Desde esta misma dirección se reconoce que 3 de cada 5 mujeres sufre violencia de género, sin contar las cifras que no son denunciadas.
Desde el punto de vista de la educación, donde la mayoría de docentes, auxiliares y maestranzas son mujeres, además de la pelea por la recomposición salarial frente a una inflación del 40%, se carga con la ardua responsabilidad cotidiana de educar a los estudiantes en condiciones sociales donde a los chicos le faltan las mínimas cosas, y con falta de insumos de limpieza y estructuras edilicias en malas condiciones.
En la salud, también las trabajadoras son mayoría femenina y están peleando contra la precarización laboral y la falta de insumos que se promueve desde el mismo estado. Por pase a planta, por aumento salarial. Esta situación de desidia del estado frente a la salud pública, redunda en beneficio del negociado privado como un negocio capitalista más. En numerosos estudios se ha detectado que tanto en el sector salud (enfermeras) y docentes, son las profesiones donde más se sufre el síndrome de “burn out” (cabeza quemada) justamente por el estrés que genera la carga de responsabilidad sobre la salud y la educación de las personas sin lo mínimo necesario y en condiciones de maltrato donde no se reconoce la importancia de estas tareas.
En la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), desde la agrupación Pan y Rosas junto a compañeras independientes de la Comisión de la mujer y la Diversidad Sexual, se movilizó un petitorio exigiendo a las autoridades la importancia de que habiliten transporte con financiamiento integral hacia Rosario al XXXI Encuentro Nacional de Mujeres. Pero las autoridades han denegado este pedido, demostrando lo poco que le importa que las mujeres se organicen y vayan a dar la pelea por sus derechos. Es notable además la ausencia de cátedras con contenidos de perspectiva de género.
Pese a las trabas que nos pusieron desde el rectorado una delegación de la UNCA viajará con Pan y Rosas al Encuentro.
Te invitamos a que te sumes y viajes con nosotras para dar la pelea por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito para decidir sobre nuestros propios cuerpos y que no mueran más mujeres por su clandestinidad; por la absolución definitiva para Belén; para exigir un plan nacional de emergencia con medidas concretas contra la violencia de género y los femicidios; para apoyar a las mujeres trabajadoras que como en Donnelley y Zanón demuestran que enfrentan la crisis poniendo a producir sus fábricas bajo control obrero.
Seremos miles las mujeres de todo el país peleando por esta perspectiva en el XXXI Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario el 8,9 y 10 de octubre.
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