El miércoles los diarios oficialistas dieron a conocer una carta del canciller iraní a su par argentino donde afirma que su país aprobó el memorándum firmado en 2013 y que ese pacto buscaba poner fin a las alertas rojas. ¿Qué hay de cierto?
Mirta Pacheco @mirtapacheco1
Miércoles 13 de diciembre de 2017
El miércoles se dio a conocer la noticia. El actual canciller iraní Javad Zarif respondió al requerimiento que presentara a ese país la ex canciller argentina Susana Malcorra sobre el alcance del memorándum de entendimiento que firmó el gobierno de CFK, el 27 de enero de 2013, con el gobierno de Mahmmud Ahmadineyad, que culminó su mandato 6 meses después, a principios de agosto de ese año.
En letras catástrofe todos los medios anunciaban que la respuesta a la ex canciller de Cambiemos llegó con el contenido que el gobierno esperaba: que el pacto por el que Bonadío acusó de traición a la patria a Cristina Kirchner (junto a Héctor Timmerman, Carlos Zannini, D´Elía y el ex dirigente piquetero luego devenido kirchnerista Fernando Esteche), había sido aprobado por el parlamento iraní y que eso habilitaba a bajar las alertas rojas que pesaban sobre los ciudadanos iraníes, supuestos responsables del atentado a la AMIA. Los diarios informaron que esa carta fue recibida por el actual canciller argentino, Jorge Faurie, el 4 de noviembre de este año.
La honestidad intelectual obliga como mínimo a hacerse algunas preguntas. Por qué si el gobierno disponía de esa carta desde un mes antes de la orden de prisión preventiva dictada por Bonadío (el juez de la servilleta –anotación de Corach donde figuraban los nombres de jueces-empleados del menemismo-), no la hizo pública antes, por qué no es mencionada en el extenso fallo de este juez, de casi 400 hojas.
Los cambios en Irán
Hay que recordar que la firma de este memorándum, un acuerdo firmado entre países (es decir de política exterior, no judiciable), se rubricó con el antecesor del actual presidente iraní Hasán Rouhani. Este dato no es menor debido a que en el país persa el cambio de gobierno trajo aparejado, junto con los cambios en la geopolítica en medio oriente, un cambio de orientación. Hoy Irán mantiene acuerdos con los principales países imperialistas, sostiene el acuerdo de no proliferación de armas nucleares y es fundamental para esas potencias, por su enfrentamiento con el ISIS.
El ex presidente Ahmadineyad un conservador, fue quien ordenó a su canciller firmar este acuerdo, que no levantaba las alertas rojas porque para que Interpol las levante, tiene que efectuarse un pedido del juez que sigue la investigación o del país que las solicitara. Cuestión que efectivamente nunca sucedió. Mammud Ahmadineyad simplemente vio en la firma de ese memorándum la oportunidad política de aparecer contemporizador frente al occidente, firmando un acuerdo con un país que había sufrido ya dos atentados a lugares ligados al Estado de Israel: el de la embajada de Israel en 1992 y el de la mutual judía de 1994. De todos modos era consciente de que las leyes iraníes prohíben el juzgamiento de ciudadanos persas en el exterior y de que Argentina no contempla el juzgamiento en ausencia. Un derecho elemental que ahora el gobierno de Macri estudia cómo anular.
Por esos años, incluso el máximo jefe de Irán, el ayatola Alí Jamenei no estaba de acuerdo con la firma del acuerdo y esa sería la razón por la cual, en verdad, el parlamento Iraní nunca lo trató. Por esa causa solo tuvo la “legalidad” de un decreto presidencial.
Seguramente los medios –voceros del gobierno- que hoy dieron esta información, no desconocen que en septiembre de este año Interpol realizó, en China, su Asamblea General y allí no se trató ningún pedido para levantar las alertas rojas, ni tampoco la Comisión de Ficheros de ese organismo multilateral (es el órgano que garantiza que el tratamiento de datos personales que lleva a cabo la Secretaría General de INTERPOL sea acorde con la normativa vigente), lo tenía entre los casos a tratar.
Ya hemos afirmado numerosas veces que la firma del Memorándum de entendimiento lo que buscaba en realidad era volver, una vez más, a sacar de foco las pistas locales. Lo cual corría la responsabilidad del Estado argentino sobre el atentado, además de que era una forma de volver a negar la posibilidad de abrir todos los archivos secretos de los servicios de inteligencia y de la Policía Federal, con acceso irrestricto de los familiares de las víctimas.
De esto, ningún miembro del gobierno y del llamado Partido Judicial dice una palabra. Esta es la impunidad que todos los gobiernos, incluido por supuesto el de Cristina Fernández de Kirchner, sostuvieron en torno al atentado a la AMIA.
El hecho de que el Memorándum tuvo nula influencia se encargó de aclararlo alguna vez el mismo fiscal Alberto Nisman. Lo hizo en un programa de televisión, señalando que ese acuerdo no le había significado ninguna traba para investigar.
