JUICIOS DE LESA HUMANIDAD // ROSARIO. Causa de los Trabajadores del Cordón Industrial

La Causa de los Trabajadores del Cordón Industrial, fue abierta en el mes de abril de 2015 cuando la Liga Argentina por los Derechos del Hombre se constituye como querellante, tomando un trabajo de familiares y víctimas del genocidio, del Espacio por la Memoria, la Verdad y la Justicia del Cordón Industrial de San Lorenzo. Los crímenes investigados se cometieron desde el norte del Gran Rosario hasta Puerto General San Martín, llevando el expediente el número 161/04, caratulado como "Rodríguez, Pedro y otros sobre privación ilegal de la libertad, amenazas, tormentos y otros". La encabeza el nombre de quien fue diputado provincial del PJ y concejal del mismo partido en San Lorenzo, quien ya fue condenado por otro caso de lesa humanidad en los últimos tiempos.

Se busca juzgar a los responsables de la muerte y desaparición de 19 militantes y dirigentes sindicales ocurridas durante la última dictadura, pero también se investigan delitos anteriores al golpe, cometidos bajo la feroz persecución desatada en épocas de la Triple A. El juez Marcelo Bailaque a cargo de la causa, a pesar del pedido de los familiares de los militantes y sindicalistas que fueron asesinados en la zona de las fábricas del gran Rosario, se niega hasta ahora, a ir contra los responsables del poder económico que se beneficiaron con la represión. Mientras, la querella solicitó individualizar a la máxima jerarquía de cada una de las industrias del cordón considerando que el rol del poder económico fue clave en estas muertes.

Entrevistamos a Leonidas Noni Ceruti, historiador, autor de varios libros, militante político anticapitalista, y colaborador de La Izquierda Diario, quien en el día de ayer, declaró en los Tribunales Federales de Rosario, como testigo histórico.

¿Cuál fue tu contribución para la elaboración del texto presentado por la querella con aportes doctrinarios e históricos realizados por la fiscal Mabel Colalongo?

LC: La fiscal, para la elaboración de buena parte de dicho texto, tomó como base la investigación que realizamos con el Lic. Mariano Resels, y que se plasmara en nuestro libro “Democracia Directa y Gestión Obrera. El Soepu, la Intersindical de San Lorenzo y la Coordinadora de Gremios: 1962-1976”, lo cual para nosotros es de un gran orgullo.

¿En qué elementos basaste tu testimonio ante la Justicia Federal?

LC: Dividí mi declaración en dos partes: en la primera sostuve que durante las décadas del 60 y 70, la clase obrera de la Zona Norte del Cordón Industrial del Gran Rosario, recorrió un camino de importantes luchas, donde se conjugaron viejas y nuevas camadas de trabajadores. Se dio un movimiento desde la base que generó un nivel de organización singular, con reivindicaciones, métodos de lucha novedosos, con movilizaciones callejeras, que llevaron a los gremios a tener un gran protagonismo en la sociedad. A la vez, se dejó sentada la independencia de los sindicatos de los partidos políticos, la patronal y el Estado. Los gremios adoptaron posiciones antiburocráticas, anti patronales, anti dictatoriales y antiimperialistas, destacándose por su práctica cotidiana de la democracia obrera, en asambleas y cuerpos de delegados. Hice hincapié que se destacó entre todos los sindicatos, el SOEPU (Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos), y recordé especialmente la toma de fábrica con control y gestión obrera de la producción durante un mes en 1974, protagonizada por esos petroquímicos de PASA. Ese fue el primer gremio intervenido por los genocidas del 76.

Destaqué que ese movimiento sindical de la región conformo dos importantes organizaciones obreras. La primera, se dio a fines de la década del 60, llamada, “Intersindical de San Lorenzo” (1969-1974), que surgió como una alianza sindical defensiva y creció hasta tornarse en una asociación cuyas características fueron: la solidaridad de clase, la práctica de la democracia de base, la combatividad y el clasismo. Los trabajadores respetaban la decisión de las asambleas, en las que la deliberación, decisión y ejecución quedaba en manos de los asalariados.

Desde su nacimiento hasta su extinción las luchas protagonizadas se dieron por la defensa de los puestos de trabajo, contra los intentos de despidos, aumentos salariales, mejores condiciones de trabajo, libertades gremiales y políticas llegando al paro en solidaridad con distintos conflictos locales, regionales y nacionales, hasta fijar posiciones frente a la salida electoral de 1973, la democracia política, contra el golpe militar del genocida Pinochet.

Se destacaron entre los dirigentes el Negro Acevedo, el Flaco Moglia, Moreira, Dangelo, Sosa, etc, siendo el asesor letrado, el Dr. Horacio Zamboni.

Con los años, esa primera forma organizativa se refloto durante las jornadas y movilizaciones de junio-julio de 1975, contra el plan económico de Rodrigo, cuando sé conformo la "Coordinadora de Gremios en Lucha de la Zona Norte del Gran Rosario (1975-1976)”. La integraron entre otros petroquímicos, químicos, junto al Frente Gremial Docente, obreros de John Deere, Hanomag, Construcción, UPCN, Judiciales, Municipales, Bancarios, Mercantiles, Metalúrgicos, Sanidad, Ceramista, Vilver (V. Constitución y Rosario), Sulfacid. La Mesa Provisoria levanto el lema “Si los patrones coordinan para explotar, los trabajadores coordinamos para erradicar la explotación.”
Y en la segunda parte, de mi testimonio, desarrollé lo que venimos sosteniendo desde hace tiempo. Que el golpe militar del 24 de marzo de 1976 fue clara y contundentemente contra la clase obrera y las organizaciones populares, para restaurar el orden en la producción, y desarticular las distintas formas de organización que se habían dado los trabajadores para la defensa de sus derechos laborales e imponer un plan económico de distribución en su contra.

Sostuve que los militares genocidas, apoyados por las grandes empresas y civiles colaboracionistas, justificaron su accionar, para poner disciplina, ante lo que llamaron “indisciplina social y productiva, la indisciplina fabril, la anarquía social que corroía el cuerpo social, y que se habían roto las jerarquías políticas en todos los planos”. Y que el segundo objetivo de los golpistas fue la imposición de un modelo económico anti obrero, encabezado por Martínez de Hoz. Su aplicación trajo consecuencias sociales, como el cierre de fábricas, desocupación, deteriorando las condiciones de vida de los trabajadores y de la población.

¿Por lo que hemos sabido, no te circunscribiste en la represión iniciada desde el 24 de marzo de 1976?

LC: Manifesté y demostré que la represión a la clase obrera y sus organizaciones comenzó muchos años antes del 76, incluso durante los gobiernos peronistas de Campora, Perón e Isabelita, entre 1973 y 1976. Sostuve que ya en 1971, el Segundo Cuerpo del Ejército, implemento el “Operativo Mónica”, para reprimir la “Asamblea Obrera Popular”, convocada por la Intersindical, donde se produjo la detención de más de 400 trabajadores y estudiantes. Y que desde fines de 1974 y comienzos del 75, comenzaron a aparecer con frecuencia en el discurso de militares, empresarios, y algunos políticos, las apelaciones a la lucha contra lo que llamaron “guerrilla fabril”, “las huelgas salvajes” y los “infiltrados en el movimiento obrero”, tras lo cual la represión, se concentró furiosamente sobre las fábricas, las comisiones directivas, delegados, y abogados laboralistas, con todos los medios a su alcance.

Por ese motivo, cité que en la zona industrial los sindicatos denunciaron lo que sucedía en esos días a través de un pronunciamiento “Contra la escalada de Terror y Matonaje”. Pero, todo se había iniciado varios años antes. En el primer semestre de 1973, fallecieron en circunstancias y accidentes muy sospechosos y poco “claros” dos Secretarios Generales, el “Negro” Acevedo y Nestor Moglia junto a su esposa Betty. Posteriormente, cuando a fines de 1974, se decretó el estado de sitio, fue detenido arbitrariamente por el Poder Ejecutivo Nacional, el Dr. Horacio Zamboni, asesor letrado del SOEPU, del Sindicato de Obreros Ceramistas (Filial 4), la Intersindical y del Sindicato de Obreros de la Alimentación de Firmat.

Los obreros de Sulfacid, en Fray Luis Beltrán, denunciaron la reiteración de amenazas de muerte y represalias contra las familias de los miembros de la comisión interna. Y que en horas de la madrugada del 21 de septiembre de 1975, frente a la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán, fuerzas del ejército balearon el automóvil en que viajaban el petroquímico: José Alberto Polenta, produciéndole la muerte.

Con el golpe del 76, la represión aumento, y valga como ejemplo lo acontecido con de obreros solidarios y combativos. El miembro de la Comisión Interna de Sulfacid, José Dalmacio “la Chancha” López, figura en la larga lista de los desaparecido, y fue asesinado Héctor Muller, militante de la misma fábrica, luego de ser secuestrado y torturado salvajemente.

Además, parte de la CD del SOEPU, fue detenida y encarcelada. Entre ellos su Secretario General, Ernesto Sosa, y los dirigentes Víctor Orellano, Juan Vennanzi, Juan Echenique, y Oscar Bianchi.

Muchos trabajadores fueron detenidos y torturados, y muchos otros viajaron al exilio en otros países, y algunos permanecieron en la clandestinidad en nuestro país.
Rosario y su zona constituye el lugar en donde más torturados hubo, sostuvo en su informe la Comisión Nacional de Desaparición de Personas en octubre de 1984. Fueron reconocidos diez centros clandestinos de detención.

Ya pasaron 40 años desde la última dictadura militar en Argentina, la más cruel de la historia, por la cual aún se sigue buscando condena a los responsables. La causa de los Trabajadores del Cordón Industrial es una de las tantas que se vienen llevando a cabo en el Gran Rosario. Este 24 de marzo que se acerca, será un día donde se lucha por los derechos de ayer y de hoy. Donde las banderas de los 30 mil desaparecidos sigue más vigente que nunca y también las de los muertos y desaparecidos en democracia, como lo es el caso de Jorge Julio Lopez y Silvia Suppo. Por Memoria, Verdad y Justicia, por Castigo a los Culpables y por el recurrente reclamo de la apertura de los archivos.