Como parte del Plan de Austeridad del gobierno, que pretende ahorrar al Estado unos US$4.600 millones hasta el 2021, diversas reparticiones públicas han visto reducido su presupuesto 2018. Entre las más afectadas se encuentra la Junji, Junaeb, Fundación Integra y, en un primer momento, el Sename.
Natalia Tejeda Delegada sindical (STI)
Miércoles 13 de junio de 2018
Alinearse con el gobierno
En una serie de visitas que realizó durante el mes de mayo a jardines y reuniones con directivos y trabajadoras, la Primera Dama hizo un llamado a reforzar los programas, maximizar los recursos, extremar la transparencia en gastos y seguir los protocolos de austeridad y de ahorro energético del Gobierno, a la vez de alinearse con sus objetivos y las mesas de trabajo que está impulsando el Ejecutivo, consensuando en conjunto a los trabajadores los nuevos proyectos y metas que vayan surgiendo.
Lo cierto es que al mismo tiempo que Morel declaraba esto, el Ministro de Hacienda Felipe Larraín emitía un decreto, sin consulta al parlamento ni a las mesas de diálogo social, que recortó 3.922 millones de pesos al Sename, 5.650 millones a la Junji, 5.702 millones a la Junaeb, y 11.581 millones a Integra, entre otras muchas instituciones y fundaciones públicas de atención social. Tal fue el escándalo, sobre todo por la contradicción flagrante entre el discurso de protección a la infancia y éstas medidas, que Piñera repuso inmediatamente los recursos del Sename.
Cecilia Morel y la sobrecarga laboral
Las más de 23.000 trabajadoras de Integra ya conocen bien a la primera dama, que estuvo a la cabeza de la fundación entre 2010 y 2014. El 2013 las trabajadoras mantuvieron una paralización nacional rechazando el Decreto 115 que aumentaba el número de niños y niñas a cargo de cada trabajadora. En aquel entonces la voz de los sindicatos mencionaba que “se ha impuesto una política de desconocimiento de acuerdos con las organizaciones sindicales, sobrecarga laboral y congelamiento de salarios que afecta las condiciones de las trabajadoras/es”.
Hoy en día la sobrecarga laboral es un hecho en la institución. Los coeficientes técnicos por sala en muchos jardines nos son los adecuados al reconocimiento oficial. Pueden encontrarse a Educadoras de Párvulos a cargo de dos niveles, incluso si éstos cuentan con sobrematrícula (más de 32 niños y niñas por aula). Aún se observan brechas entre los sueldos de las trabajadoras que cumplen mismo cargo (por ejemplo tras el congelamiento del bono de aseguramiento a la calidad SACI), brechas que se acrecientan tras el miserable aumento en las últimas negociaciones colectivas. También es posible encontrar a Profesionales territoriales (que cumplen la función de asesoría en terreno de cada jardín) que en las últimas negociaciones obtuvieron 0% de aumento salarial. Así mismo, aún se observan brechas en infraestructura entre jardines, de tal manera que los “jardines meta” cumplen altos estándares en comparación a los demás.
Para las trabajadoras de Integra, hechos concretos como éstos levantan demandas que hacen imposible ver de manera austera las condiciones laborales de las trabajadoras de Integra y la calidad de la educación que soñamos para niños y niñas.
Las mujeres trabajadoras y las mujeres empresarias
Toda esta situación se da en medio de una histórica movilización de mujeres que ha instalado demandas tales como el fin a la violencia de género en todas sus expresiones. Para las trabajadoras de Integra el llamado a la austeridad de Cecilia Morel no puede ser más claro: no le interesa la sobrecarga laboral, la inmensa cantidad de responsabilidad y trabajo adicional que significa preocuparse de más niños, la pérdida de derechos de niños y trabajadoras al bajar la calidad de la atención de ese modo, el hecho de que las trabajadoras luego van a sus casas a seguir trabajando en las tareas domésticas, la carga adicional de trabajar con mamás y apoderadas que son violentadas en sus casas, e incluso niños que también lo son. El gobierno ha intentado tomar algunas banderas feministas para apaciguar cualquier lucha, combinado con medidas represivas, pero las trabajadoras ya se encuentran discutiendo cómo enfrentar éstas políticas de gobierno.
El Sindicato de Trabajadoras de Integra (STI) ya se encuentra en estado de alerta ante el decreto del Ministerio de Hacienda que recorta los presupuestos de instituciones públicas.
