La política del Estado de Chile, hacia los pueblos originarios y en particular hacia el pueblo mapuche, ha sido la de usurpar las tierras, saquear recursos y reprimir indiscriminadamente a las familias comuneras de la zona araucana.
Lunes 14 de septiembre de 2020
Tras un largo proceso de huelga de hambre (liquida y seca) por parte del machi Celestino Córdova, el ministerio de justicia acordó su traslado al Centro de Estudio y Trabajo de Vilcún. Esto en medio de una fuerte polémica por la brutalidad policial contra niños mapuche, una situación que se vive día a día en las comunidades pero que ha sido recrudecida tras las políticas represivas del gobierno.
Miguel Mellado, diputado de Renovación Nacional (RN) y empresario con larga data de cuestionamientos (estudio de Ciper Chile), se refirió al traslado del machi al CET: "Yo lamento que el gobierno haya negociado esto que es un mal precedente y si Palma Salamanca se arrancó de la cárcel en helicóptero, Celestino Córdova va a salir caminando del CET de Vilcún"
Aunque con esta comparación, para Mellado de RN, el traslado de Celestino sea algo parecido a ‘un pase libre’ y una cedida del gobierno, la verdad es que este traslado no significa en absoluto el cumplimiento de las demandas históricas de este pueblo originario, como lo es el cese de la represión que afecta a mujeres, niños y ancianos.
La política de los distintos gobiernos de turno y particularmente el de Piñera, ha sido la de deslegitimar las demandas de los pueblos originarios basándose en tres elementos:
1.- La implantación discursiva a través de los medios de comunicación de un enemigo interno instalando ‘inseguridad’ y generando división dentro y fuera de la comunidad.
2.- La brutal línea represiva que mediante imposición de leyes cuyo foco es la represión en la zona. (Comando Jungla, Ley ’Antiterrorista’, modernización de la policía, etc.)
3.- La apropiación cultural hacia la agenda gubernamental basada en conceptos como integración, multiculturalidad, pluriculturalidad, entre otros. Esto sin reconocer la autodeterminación del pueblo mapuche cuyas tierras están en manos de las grandes forestales.
Con estos elementos podemos decir que el gobierno de Piñera, al igual que Bolsonaro y toda la derecha internacional, es etnocida, ya que se ejerce un poder deliberado cuyo fin es eliminar la forma de vida de un pueblo mediante el poder político, la coerción y persecución.
Para darle vuelta la mano al gobierno etnocida es necesaria la máxima unidad obrera, junto a los pueblos originarios donde reside un amplio sector de jóvenes y trabajadores. De esta forma podemos defender las demandas históricas de este pueblo hermano que desde la colonia a la fecha resiste y lucha por la recuperación de las tierras en manos del grupo de familias empresariales.
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Fer Morales
Antropóloga Social y poeta Slam
