La crisis por el COVID 19 deja más en evidencia la degradación de la educación infantil. En la Ciudad existen Centros de Primera Infancia, para tapar la falta de vacantes y de edificios destinados a la Educación Maternal. Las y los trabajadores están precarizados. Esto se suma al problema de docentes sin ingresos, estudiantes sin docentes, el problema de las canastas alimentarias de miseria y las familias en acuciante situación económica. Hablamos con una trabajadora de un centro de Bajo Flores.
Jueves 16 de abril de 2020 18:14
La Izquierda Diario ya ha denunciado en otras oportunidades este tipo de establecimientos, que se implementan para esconder la falta de vacantes en el Nivel Inicial y de establecimientos destinados a este nivel educativo.
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Estos centros funcionan en casas antiguas (que no cuentan con las condiciones necesarias para funcionar como centros educativos), o anexados a iglesias, comedores comunitarios de barrios de emergencia, u otros edificios que no han sido pensados como establecimientos educativos. Alli funcionan tanto salas divididas por edad, como salas “multiedad” (otro invento para no abrir más salas). Estos espacios son reducidos y muchas veces tienen matrículas de hasta 30 niños y niñas con un/una docente que no cuenta con ayuda de auxiliares ni celadores. No forman parte de la educación formal y, aunque son derivados por el gobierno de la Ciudad, son administrados por ONGs u organizaciones.
Estos centros de primera infancia dependen del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, lo cual deja a sus trabajadores/as por fuera del Estatuto Docente, ya que no forman parte del Ministerio de Educación. En los CPI, no existen los artículos que permitan enfermarse, tomar días de estudio, ni siquiera existen justificaciones para poder asistir a actos públicos y así aspirar a trabajos que dependan del Ministerio de Educación. Las/s trabajadores de estas instituciones son monotribustistas, por eso, un día de ausencia representa un día sin cobrar. Un porcentaje del precario sueldo que perciben se lo lleva el mantenimiento de este monotributo.
Nos comunicamos con una trabajadora de un CPI de la Ciudad, de la zona de Bajo Flores, que percibió su cobro fuera de término, a los 15 días del mes de abril, y no posee contrato.
Se trata de una trabajadora de la educación que se encuentra “en negro”, trabajando para un programa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se jacta de asegurar educación de calidad para niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Esta compañera se encuentra cubriendo una suplencia, y los dueños del CPI (tienen dueños que en su mayoría responden a Organizaciones Sociales, como iglesias o comedores comunitarios) contratan personal en negro para cubrir estas suplencias: “Según ellos, es porque voy a trabajar durante un período corto, pero me dijeron que mi suplencia era de seis meses”, nos cuenta. Además de los dueños, que son los que se encargan de pagar a los empleados, cuentan con una coordinadora que es la encargada de corregir planificaciones, de observar a las docentes, de realizar las tareas pedagógicas que los dueños no hacen porque no son docentes.
En la mayoría de los CPIs anexados a iglesias, se cuenta con “madres educadoras” que perciben un sueldo mayor por antigüedad y que no poseen título docente habilitante. La trabajadora nos cuenta: “Las madres educadoras son mujeres de más de 45 años que trabajan en el CPI hace mucho tiempo. Antes funcionaba como un Jardín Comunitario de la Iglesia, entonces contrataban gente sin título para dar clases, pero cuando surge esto de los CPIs, el Gobierno les exigía que tengan al menos una docente con título por sala. Entonces, contrataron sólo 4 docentes, una para cada sala, y el resto son madres educadoras que están como auxiliares”.
También nos decía: “Hay dos casos de chicas que son docentes, pero son extranjeras, entonces no les toman el título, y cobran menos”. Cuando le preguntamos por su sueldo actual nos dijo “En este CPI estoy cobrando un poco más, pero en el anterior que trabajaba estaba cobrando $150 la hora, trabajando de 8 a 16 hrs. Y si llegaba, aunque sea 5 minutos tarde. me descontaban un montón”.
Las y los docentes durante este período de aislamiento preventivo obligatorio hemos tenido que hacer malabares para lograr enseñar a través de métodos virtuales, sabiendo que muchas veces nuestros y nuestras estudiantes no cuentan con los medios necesarios para acceder a computadoras, a wifi o no logran abordar las actividades por sí solas/os. No quedan fuera los CPIs, que, como todo el Nivel Inicial, ha tenido que seguir enviando actividades mediante distintos portales virtuales para seguir garantizando la educación de niñas y niños, mientras les docentes siguen cobrando fuera de término. En una situación crítica como la que estamos viviendo, donde muchas docentes son sostén de familia y cuentan con ese único sueldo, se vuelve insostenible. De la misma forma lo es para los docentes que se encuentran en situación de precarización laboral, empleadas/os bajo programas o planes, como por ejemplo el Plan FinEs, cuya situación venimos denunciando. En el caso de este Plan, los docentes se encuentran aún sin cargos, sin cobro y miles de adultos sin docentes.
También como sucede con los cientos de grados sin maestras/os de Ciudad. Miles de niños no logran continuar con su formación durante el aislamiento debido a que ya estaban sin maestras/os antes de que se suspendan las clases, y sin embargo nos encontramos con la situación de que somos muchísimos docentes les que no logramos conseguir cargo antes de la suspensión.
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Desde el PTS en Frente Izquierda Unidad insistimos con medidas que eviten que (una vez más) la crisis recaiga sobre las espaldas de les trabajadores, como por ejemplo la centralización del Sistema Público y privado de salud, la realización de testeos masivos, un salario de $30.000 para les trabajadores informales en base a un impuesto a las grande fortunas, prohibición de despidos y suspensiones con rebaja salarial.
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También, desde las bancas que ocupamos en el Congreso, con las diputadas Myriam Bregman y la legisladora Alejandrina Barry, se presentó un amparo ante la Justicia porteña que falló a favor de que el Gobierno de Ciudad garantice comida de calidad para todes les estudiantes, incluso para aquellos que requirieron vacantes y no se las otorgaron, y que aún hoy el gobierno se niega a cumplir.
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