Después de una primera semana de negociaciones, el gobierno puso sobre la mesa el itinerario legislativo del segundo semestre. Este segundo semestre el gobierno tendrá un camino difícil si quiere sacar adelante las reformas institucionales a instituciones como el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial o algunos al parlamentario. Las negociaciones con la oposición están cruzadas con un momento de mucha debilidad de un gobierno golpeado por los malos resultados económicos y las importantes movilizaciones de docentes.
Antonio Paez Dirigente Sindicato Starbucks Coffe Chile
Miércoles 17 de julio de 2019
Dura semana tuvo el cuestionado ministro del interior Andrés Chadwick. Recordemos que hace solo días salió a la luz el informe de la comisión investigadora del congreso que lo señaló como uno de los responsables políticos por el asesinato de Camilo Catrillanca. Hasta ahora Chadwick ha sostenido reuniones con 12 de 14 colectividades para recibir propuestas sobre reformas instituciones que tiene en carpeta el gobierno.
Las principales reformas que trabaja el ejecutivo son sobre los pilares del régimen heredado de la dictadura: Tribunal Constitucional (TC) y Parlamento entre otros.
Hasta ahora las principales reformas afectarían al TC (hoy posee 10 miembros y la idea sería pasar a 9, además se está proponiendo una reforma sobre atribuciones y forma de elegir sus miembros) y el Parlamento con dos importantes debates: reducción de la dieta parlamentaria y la instauración de un sistema unicameral que pondría fin al senado.
También están sobre la mesa el volver al voto obligatorio (propuesto por la DC), revisar el periodo presidencial (volver a los 6 sin reelección inmediata), revisar los mecanismos de selección y elección de jueces y fiscales.
A su vez, varias bancadas y dirigentes políticos han puesto las alarmas sobre las próximas elecciones de gobernadores regionales. Esto teniendo en cuenta que las leyes orgánicas que dictan las atribuciones del cargo aún no están listas. Dentro de esto mismo algunos partidos como Revolución democrática han pedido revisar la actual forma de elección de alcaldes proponiendo un sistema de segunda vuelta.
Un maquillaje para un modelo en descomposición
Estos y otras modificaciones que se le puedan realizar al modelo heredado de la dictadura no son la intención de “modernizar” o perfeccionar un modelo exitoso, sino más bien es el intento de la derecha y la exconcertación por entregar un nuevo aire de legitimidad a la herencia de la dictadura que ha demostrado una y otra vez que fue hecho a la medida de los empresarios nacionales y extranjeros.
Desde las privatizaciones a precio de huevo hasta las garantías para que empresas como ESSAL que mantiene durante días a la población de Osorno sin agua potable, están garantizadas en el modelo institucional.
El entramado legal, que sirve como paragua para que las empresas financien ilegalmente a los partidos patronales que en caso de que sean descubierto solo sean enviados a clases de ética, hoy está siendo cuestionado por las mayorías populares del país y eso ha obligado a que la casta de políticos tradicionales tenga que salir a limar los aspectos más irritantes del modelo.
De esta manera lo que estamos viendo es un verdadero maquillaje al régimen de la dictadura, suavizando lo que molesta y haciendo más “tragable” lo que hoy se muestra como obsceno.
Una salida desde la clase trabajadora, las mujeres y la juventud.
Pero la clase trabajadora, las mujeres y la juventud han impugnado de manera de contundente este modelo, cuestionando al TC que una y otra vez sirve como tercera cámara para negar el derecho al aborto, la educación gratuita o para debilitar la acción sindical.
Por eso este debate poner en relieve nuevamente la necesidad de luchar por la instauración de una Asamblea Constituyente libre y soberana impuesta en la movilización popular.
Para conquistar una auténtica gratuidad, los derechos sexuales y reproductivos, la expropiación de los recursos estratégicos como el cobre, el litio o los puertos bajo gestión de sus trabajadores que sirva como base para financiar salud, pensiones y vivienda necesitamos organizar una gran fuerza política con un claro programa anticapitalista, de independencia de todo partido que tenga lazos con el empresariado.
