Bajo la autorización de la CFE comenzó la construcción de una hidroeléctrica en Chiapas. Se han valido de falsificar permisos para legitimar el despojo territorial a las comunidades la devastación ambiental en dos de los ríos más importantes y megadiversos del sur de México.
Miércoles 13 de abril de 2016
La historia
En Chiapas existen ya cuatro centrales que juntas general casi la mitad de la energía producida por las hidroeléctricas del país.
En enero, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) adjudicó la construcción de una quinta central hidroeléctrica llamada Chicoasén II al consorcio formado por Omega Construcciones, Desarrollos y Construcciones Urbanas, CAABSA Infraestructura (ambas mexicanas), y una empresa filial al Sinohydro Group, de capital chino.
A partir de que la CFE licitó la construcción en el río Grijalva, a los campesinos de las zonas circundantes se les prohibió el acceso a sus parcelas, a pesar de que éstas manejan un esquema de explotación comunal de tierras públicas. Esto fue denunciado por el ejidatorio Antonio Herrera a Inter Press Service (IPS).
De acuerdo con declaraciones de ejidatorios a IPS, la CFE se ha valido de falsificación de permisos de los ejidatarios, “pero no se los hemos dado, se basa en un acta de asamblea falsa que tiene firmas de propietarios muertos”, denunció Claudia Solís, hija de un ejidatorio.
Ésta no sería la primera vez que las instituciones federales se valen de falsificar permisos de los pobladores para imponer megaproyectos. Por ejemplo, en el intento de construir una zona turística en Hollbox, Quintana Roo, también falsificaron actas de asambleas ejidales.
En ese sentido, la construcción de Chicoasén II es una nueva imposición de megaproyectos avalada por el gobierno mexicano para explotar los recursos naturales en beneficio de las empresas constructoras. Desde marzo, pobladores de Chicoasen, Chiapas denunciaron que los trabajos de construcción significan un nuevo caso de despojo territorial a pueblos originarios.
A día de hoy, la construcción ha iniciado con los muros de contención en el río Usumacinta, que también atraviesa Guatemala. Ante ello, pobladores denunciaron que sus actividades se han visto seriamente afectadas y sus tierras se han vuelto inservibles.
¿Qué implicará para los pobladores y el ecosistema?
Chiapas es un estado megadiverso y rico en recursos naturales. Cuenta con diez cuencas hidográficas y dos importantes ríos: el Usumacinta y el Grijalva.
El proyecto Chicoasén contempla la construcción de presas en ambos ríos, que son parte de uno de los ecosistemas nacionales más importantes, pues concentran el 20% de las especies mexicanas.
La construcción de las presas implicará el cambio de cauce de los ríos, afectaciones a la fauna y flora acuática, modificación del ciclo hidrológico, pérdida de tierras cultivables y desplazamiento de fauna terrestre y destrucción de áreas enteras del ecosistema.
De hecho, sólo por el montaje y operación de la maquinaria para la construcción de la presa, se han visto afectadas directamente cinco comunidades de Chiapas e indirectamente a otras diez. Distintas voces han alertado de que el inicio de la obra, la construcción de oficinas y el campamento de la empresa conllevará a la desaparición de la comunidad de San Carlos Boca del Cerro, Tenosique.
Cientos de asistentes al cuarto Foro de resistencias y alternativas de los pueblos de la zona norte de Chiapas de pronunciaron contra la construcción de la presa hidroeléctrica en el río Usumacinta.
En un pronunciamiento emitido el 9 de abril, los integrantes de más de 60 comunidades de México y Guatemala, indígenas choles y tzeltales y ejidatarios denunciaron que “el gobierno no nos indemnizará por nuestras tierras, aumentará el costo de la vida y desapareceremos como pueblos indígenas choles y tzeltales de la región”.
La construcción de este megaproyecto durará más de cuatro años y costará 386.4 millones de dólares otorgados por el gobierno federal a dicho consorcio.
La política de despojo del gobierno de Peña Nieto
Para las empresas y el gobierno federal, las tierras chiapanecas (y en general todo el territorio mexicano) representan una fuente de recursos naturales ilimitados, listos para ser tomados y explotados en beneficio de unos cuantos sin importar la fractura metabólica del ambiente y las relaciones de los pueblos originarios con su entorno.
Tampoco les importa tener que recurrir a la falsificación de documentos para legalizar el despojo territorial –tan común en la historia de la constitución del capitalismo–, a violar el derecho de los pueblos a la consulta sobre el uso de sus territorios y omitir el derecho de los pueblos originarios a su autodeterminación.
Chiapas es una pieza clave dentro del paradigma extractivista del gobierno neoliberal de Enrique Peña Nieto tanto por su riqueza de hidrocarburos como su gran cantidad de ríos. Por eso, no es gratuito que en la tierra del alzamiento del EZLN, se militarice y desaparezca a los que protestan contra el despojo territorial.
