Después de la denuncia de explotación laboral, 80 jornaleros desaparecieron del rancho donde laboraban. El gobierno estatal quiere negar el hecho: declara que se fueron a un rancho de Ahumada.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Miércoles 31 de mayo de 2017
En su declaración, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estatal indicó que, como en cada ciclo agrícola, “los jornaleros y sus familias, del interior del estado y de otros puntos de la república mexicana, se han trasladado a las zonas de producción, y ante ello se estarán realizando rondines por los municipios para verificar las condiciones de trabajo de los migrantes”.
Afirmó a su vez que el gobierno estatal cuenta con información de que los trabajadores agrícolas se encuentran en los ranchos El Vado y Santa Anita, en el municipio de Ahumada, en donde siembran cebolla y chile y llevan a cabo la limpieza de una huerta.
No obstante, no hay testimonio directo de los jornaleros, originarios de Guachochi y Baborigame, quienes se habían alojado en el albergue Chuchi Muñoz, ubicado en el kilómetro 7.5 de la carretera Camargo-Jiménez, mientras trabajaron en la pizca de cebolla. No hay certezas. ¿Se fueron por voluntad propia? ¿En qué condiciones laboran ahora?
Este caso demuestra la precaria situación en la que se encuentran los trabajadores agrícolas. Solamente Chihuahua cuenta con 90,000 jornaleros migrantes que laboran en los ranchos del estado, que ocupa el primer lugar nacional en la producción de trigo, pistache, algodón, manzana, soya, orégano, nuez, papa, avena y cereza.
Son contratados por salarios muy bajos (en el mejor de los casos, en otros ni siquiera reciben pago por su trabajo), están expuestos a los agroquímicos que provocan graves afectaciones a la salud, no cuentan con instalaciones sanitarias ni viviendas dignas.
Los sucesivos gobiernos estatales avalan la superexplotación, dado que altos funcionarios son propietarios de ranchos donde imperan estas condiciones laborales. Por ejemplo, fue el caso de la administración del priista César Duarte, antecesor de Corral en el cargo, acusado, entre muchos cargos, de desvío de fondos gubernamentales a sus ranchos.
Hace apenas dos años, irrumpió en la escena nacional la rebelión de los jornaleros de San Quintín, en Baja California, que exigían aumento salarial, mejores condiciones de trabajo y denunciaron abusos sexuales contra las jornaleras.
Teman la “casta política” y los propietarios de agronegocios la rabia de las explotadas y los explotados. Puede volver a surgir.
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