Compartimos esta columna escrita por la abogada Josefina Prado Tejerina, en torno a un análisis de los elementos de terrorismo de Estado llevadas adelante por el gobierno y las instituciones que lo componen. Todo esto a un día del aniversario en el que Chile despertó y el comienzo de una oleada represiva por parte de las autoridades.
Sábado 17 de octubre de 2020
El Terrorismo de Estado es una respuesta política del gobierno a la oposición de sectores de su propio pueblo. El objetivo es imponer y mantener el orden e ideología que sostiene en el poder a la clase política dominante. Para ello el gobierno emplea los recursos económicos, sociales, policiales y militares del Estado en la persecución y amedrentamiento de un segmento de la población civil que se opone a su régimen. Para justificar su accionar terrorista, se ampara en la protección de la seguridad y el orden interno.
Las acciones de Terrorismo de estado incluyen represión mediante las fuerzas de orden público, encarcelamiento, la desaparición forzosa, homicidio o tortura.
Esta respuesta política, es propia de las Dictaduras, que se imponen en el poder a través del uso de la fuerza y utilizan el terror como forma de control y dominación, en consecuencia los demás poderes (Legislativo y Judicial) se eliminan o neutralizan. ¿Pero cómo es posible esto en un país aparentemente democrático donde existe un Estado de Derecho?
Es posible cuando la clase dominante instala un proyecto neoliberal al servicio de los intereses de los grandes capitales, como ocurrió en Chile en los años 80 a través de la Constitución de Pinochet además de acciones concretas de privatización de los recursos naturales y los servicios básicos de todos/as los/as chilenos/as, basados en el concepto de Estado Subsidiario establecido en la Constitución del 80. La clase politica-empresarial trasciende a todos los centros de poder político, jurídico y legislativo, esto se combina con los medios democráticos tradicionales de esta democracia para ricos, con un objetivo compartido; mantener sus privilegios de clase a cambio de garantizar las ganancias de los empresarios y sus socios multinacionales, aún a costa de utilizar mecanismos propios de las dictaduras.
El concepto de Estado de Derecho requiere la independencia y autonomía de los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sin embargo el propio concepto de Estado de Derecho, es una falacia, tal independencia no existe, ya que los poderes del Estado albergan entre sus funcionarios a los/as más privilegiados de la sociedad que llegan a sus cargos gracias a su participación en partidos políticos tradicionales -financiados por los empresarios- o representan como independientes, los intereses de grupos dominantes, los/as que han recibido mejor educación, que han tenido mejores oportunidades, etc.
Esa es la razón por la que vemos a senadores/as y diputados/as aprobando leyes que criminalizan con desproporción las conductas de desobediencia civil, que condenan el derecho a la manifestación. Es por eso que vemos fiscales y jueces que persiguen y acusan con alevosía a jóvenes que ejercen su derecho a la protesta y por otra parte garantizan la impunidad de los grupos de civiles que operan en favor del gobierno, al igual que las policías, es por eso que escuchamos un Piñera y a sus ministros justificando las políticas represivas que sus testaferros de las FF.AA y de Orden siguen con lealtad.
Las Fuerzas Armadas (FF.AA) y de Orden (Carabineros) en Chile formalmente no son deliberantes, ¿qué significa esto? Que las decisiones de cómo, cuándo y contra quienes accionar la represión, son determinadas por la autoridad civil, esto es, el Presidente de la República, a través de su Ministro del Interior principalmente, representado en regiones por la autoridad del Gobernador, Intendente o Jefes de Zona en casos de Estado de Excepción (actualmente Estado de Emergencia por pandemia). A pesar de que no son ellos los que toman las decisiones políticas de gobierno, sí defienden una ideología política, la doctrina con la cual son formados en sus instituciones -heredada de la dictadura de Pinochet- y por supuesto también responden de acuerdo a sus propios intereses, son leales a quienes aseguren su bienestar económico y privilegios. De ahí que participen de manera protagónica en los golpes de Estado cuando sus “verdaderos patrones” los llaman.
Para que el Presidente pueda operar sus políticas de terror, requiere el apoyo de la Ley, en teoría, el actuar de FF.AA y de Orden, siempre debe estar dentro de lo que la Ley les permite y en esto se escudan para defender su accionar. En tal sentido, el Parlamento chileno aprobó una serie de leyes “express” durante el periodo del llamado “Estallido social”, como la ley anti barricada o anti capucha, por ejemplo, las cuales dan un marco legal de protección e impunidad al actuar de las fuerzas represivas, además de criminalizar con mayor dureza y desproporción a los /as manifestantes. No somos ciudadanos y ciudadanas, somos delincuentes, gracias a senadores/as y diputados/as de nuestro país, promovidos por los partidos políticos tradicionales y sus aliados, financiados por el empresariado y elegidos a través del voto ciudadano.
No se trata solo de Rozas, ni de Chadwick o Víctor Pérez, , ni de algunos funcionarios a los que “se les pasa la mano”, esos son solo algunos nombres, ni de accidentes o bombas lacrimógenas rebotantes y balas locas, es un accionar sistemático, planificado, financiado y justificado por los que detentan el poder económico y político en Chile.
Por eso, cuando vea el video en que un “paco” lanza a un joven de 16 años al río Mapocho por el solo hecho de estar manifestándose, piense y recuerde quienes son los responsables detrás de ese hecho y de más de 500 lesiones oculares, más de 2.000 prisionero/as políticos/as, cientos de personas heridas, torturadas, violadas…
El “Acuerdo por la Paz” fue la salida política que le dieron los partidos a Piñera, ante la posibilidad de una Huelga General -única forma de afectar realmente los intereses económicos de la clase dominante- Este acuerdo firmado como se ha dicho, a espaldas del pueblo, les dio la opción de salir de la “crisis” ofreciendo un Plebiscito Constitucional, pero no el que exigía el pueblo movilizado, NO una Asamblea Constituyente, si no una Convención Constitucional, en la que se elegirán representantes, promovidos por los mismos partidos políticos de siempre, que responderán a los intereses de sus patrones empresarios, es por eso que podemos ver a sectores de la derecha y a la izquierda partidaria, promoviendo exactamente el mismo voto. Se ha dicho que estaremos representados por los independientes, pero esto es falso, las posibilidades de que un independiente pueda salir electo, son prácticamente imposibles, debido al sistema de elecciones -el mismo que se utiliza para elegir Senadores y Diputados- no tienen financiamiento, se les exige una cantidad casi inalcanzable de votos, no tienen espacios de promoción, etc. Esto tiene como consecuencia que la única forma de ser independiente y salir elegido, es haciendo alianza con algún partido, perdiendo con ello su independencia inicial.
Por otra parte, las “reglas del juego” ya están definidas por el acuerdo. Los “amarres” son muchos, partiendo por el porcentaje de aprobación de las iniciativas, que es más del 66%. Supongamos que un independiente logró salir elegido, a pesar de todas las trabas, deberá negociar con los representantes de partidos para que le den su voto y así aprobar sus iniciativas. Si este independiente, representara por ejemplo a los movimientos medioambientalistas y pretendiera que en la nueva constitución, se nacionalizara el agua, para garantizar el acceso a todos/as y terminar con el saqueo y negocio del agua, considerando que hace un par de meses esos mismos partidos rechazaron la iniciativa en el parlamento para declarar el agua como bien nacional de uso público, ud. cree que conseguirá ese independiente los votos para nacionalizar el agua, siendo muchos de ellos/as dueños de derechos y acciones sobre el agua que debiera ser de todos?
Otro de los amarres es la obligación de respetar los tratados internacionales, o sea aquellos tratados de libre comercio que les permiten a los señores empresarios aumentar aún más sus ganancias y alianzas con las multinacionales. Estas son solo algunas de las trampas del proceso constituyente que nos ofrecen.
Una Asamblea Constituyente es posible, sin amarres, libre y soberana, pero NO es una opción en este plebiscito, tendremos que pelearla en las calles, con organización y movilización hasta llegar a una huelga productiva general, que golpee a los intereses de los dueños de este país y a sus representantes políticos, obligándolos a generar una nueva constitución a través de una Asamblea Constituyente en que efectivamente estemos todos/as representados, que asegure el cambio de sistema que necesitamos hacia un Chile justo y digno.
Ha sido demasiado alto el costo, demasiados presos/as políticos, mutilados, torturados, muertos como para entregarles ahora nuevamente el poder de redactar una constitución, que no hará cambios de fondo y que pondrá en la historia de nuestro país a Piñera como el presidente que le dió una “Constitución democrática” a Chile.
Existe una tercera opción; una nueva constitución es necesaria y urgente, Apruebe, pero no se deje engañar nuevamente -No son 30 pesos, son 30 años- y en la segunda papeleta marque A.C para que podamos manifestar nuestro real deseo y exigirlo en las calles hasta que la Asamblea Constituyente se haga una realidad.
