Con la aprobación de Senadores, avanza el proyecto que permitirá interrumpir el embarazo en tres causales: riesgo materno, inviabilidad fetal y violación. La coalición de Piñera se prepara para impedir que se promulgue.
Miércoles 19 de julio de 2017
La Cámara de Diputados estaría en condiciones de dar la media sanción que le falta a la ley que permitirá la interrupción del embarazo, pero solo en tres causales: riego de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.
Si bien este derecho existía desde 1931, una ley aprobada durante la dictadura de Augusto Pinochet lo prohibió.
Con esta ley Chile dejará de integrar el grupo de siete países que criminalizan la interrupción del embarazo en todas las circunstancias (Nicaragua, República Dominicana, El Salvador, Haití, Malta y Honduras).
Pese a contar con la aprobación de Senadores, el proyecto podría ser frenado por una presentación que haría la coalición de Sebastián Piñera ante el Tribunal Constitucional.
Piñera acusa a Bachelet de “apurar” el proyecto y la presidenta trasandina lo increpa por querer dar intervención al Tribunal Constitucional ya que en breve será presidido por Iván Aróstica, afín a esa coalición.
En medio de las especulaciones y cruces entre unos y otros, están las cientos de mujeres chilenas que no pueden acceder a este derecho, aunque sea para las tres mínimas causales habilitadas en el proyecto.
La derecha chilena se opone hoy a la interrupción legal del embarazo, como también se opuso al divorcio o al matrimonio igualitario. No es algo que sorprenda, de todas formas no es posible dejar de señalar que por el carácter reaccionario y conservador de su postura, si finalmente triunfan en su objetivo, allanarán el camino para que sigan muriendo mujeres por la clandestinidad de esta práctica.
En Chile se realizan aproximadamente 70.000 abortos al año, cifra que no puede ser corroborada fehacientemente ya que esta práctica médica es hecha en la clandestinidad.
El costo para acceder a un aborto en condiciones mínimas de salubridad es tan alto que le cuesta la vida a mujeres, en su mayoría, jóvenes y pobres.
Bárbara Brito, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) y dirigente de la agrupación de mujeres y diversidad sexual Pan y Rosas expresó: “La aprobación de estas tres causales es algo realmente mínimo y básico que debiese existir en Chile, pero, lamentablemente, no da respuesta hasta el final al derecho a decidir de todas nosotras y a la realidad del aborto en el país. A nuestro parecer, el aborto debe ser un derecho totalmente garantizado por el Estado, legal, libre, seguro y gratuito”.
Como en Argentina, cada vez que se intenta dar un paso hacia adelante para transformar en ley un derecho ampliamente reclamado por el movimiento de mujeres, la iglesia católica y sus brazos políticos, llevan a cabo diferentes maniobras para seguir privando a las mujeres de poder decidir sobre su propio cuerpo.
