JULIO OLIVA - COMISION FUNA. Chile y los derechos humanos después de la detención del torturador Cristián Labbé

¿Esperaban los organismos de Derechos Humanos el encarcelamiento de esta figura de tanto protagonismo en la política chilena?

La verdad es que, en general, no tenemos mucha confianza en la justicia. Cuando fue llamado a declarar como inculpado, un grupo de activistas aprovechó la ocasión para funarlo (escracharlo) pues no se tenía mucha fe en que se le detuviera. Sin embargo, como acá los tribunales actúan diferentes a los de Argentina, solamente se le procesó por asociación ilícita y se excluyeron los cargos por secuestro, torturas, ejecuciones y desaparición de decenas de detenidos en el centro militar de Tejas Verdes, por lo que pudo salir rápidamente pagando una fianza.

Nosotros, como Comisión FUNA, fuimos a funarlo a la Municipalidad de Providencia cuando era alcalde. Tuvimos que ir dos veces, pues en la primera oportunidad nos encontramos con un grupo de neonazis que estaban defendiéndolo y, por la seguridad de los asistentes, que incluían familiares de desaparecidos y ejecutados de mucha edad y jóvenes con sus hijos pequeños.

Lo bueno fue que en la misma semana la extrema derecha chilena, la denominada Unión Demócrata Independiente (UDI), sufrió tres golpes fuertes, por un lado la investigación sobre dineros ilegales recibidos en las campañas electorales del año pasado, por otro un sacerdote muy cercano a sus familias fue procesado por pedofilia y la detención de su ex alcalde, que les devuelve su pasado de violadores de derechos humanos.

¿Cuál es la actual situación de los procesamientos y condenas a represores de la dictadura pinochetista?

Como te decía, acá las condenas han sido relativamente bajas, algunos ya han cumplido sus 3 años o 5 años de pena, incluyendo aplicación de medias prescripciones por el tiempo transcurrido, otros están haciendo uso de beneficios como salida dominical o reclusión nocturna. Además, están detenidos en una especie de hotel cinco estrellas, construido especialmente para ellos por los gobiernos de la Concertación y solamente el gobierno del empresario Piñera se atrevió a cerrar otro que tenían en un recinto militar, donde sus celadores eran subordinados suyos.

Mayoritariamente se han concentrado las condenas en las cúpulas de la DINA y la CNI, especialmente en Manuel “Mamo” Contreras, Miguel Krassnoff y Álvaro Corbalán, quienes suman muchos años. Pero de los más de 4.000 agentes del Estado que estuvieron involucrados en las violaciones de derechos humanos, ya sea como ejecutores directos o como parte de dichos aparatos de seguridad, no hay procesados más de 300 y condenados cumpliendo cárcel menos de 40.

Acá jamás estuvieron presos los jefes la junta militar y, como es conocido, los gobiernos de Frei y Lagos hicieron todos los esfuerzos por que Pinochet no fuera extraditado de Inglaterra a España, para finalmente traerlo y que muriera sin ser condenado.

Al menos desde la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos surgió una buena iniciativa, al interponer demandas por más de mil víctimas cuyas familias no lo habían hecho. También este año quieren comenzar a interponer querellas por casos que no han sido asumidos como violaciones a los derechos humanos por el Informe Valech, como es conocida la Comisión de Verdad y Reconciliación creada por el primer gobierno post dictatorial. Entre esos casos hay falsos enfrentamientos, hombres y mujeres que fueron asesinados por cargas explosivas y acciones, como en la murió mi padre, que por ser recuperaciones de armas, fueron dejadas fuera de lo que consideraron “víctimas políticas”.

¿Hay planteos novedosos del gobierno de Nueva Mayoría con respecto a los de la Concertación en materia de Derechos Humanos?

Nada, solamente una iniciativa legislativa para poner fin a la Ley de Amnistía dictada por Pinochet en 1978 para encubrir los crímenes masivos de inicios de la dictadura, pero que a estas alturas no es considerada por los jueces, que aplican las leyes internacionales que instan a no aplicar amnistía ni prescripción a los delitos de lesa humanidad, es decir a las violaciones de los derechos humanos que cometen agentes del Estado.

Por otra parte, continúan violándose los derechos humanos de las comunidades mapuches, se sigue deteniendo a quienes se movilizan por las demandas populares, como las de los estudiantes y el movimiento ecologista. De hecho, este año se han producido varios casos de detenciones de jóvenes con acusaciones falsas, que incluyen montajes como ponerles bombas molotov en sus mochilas o acusarlos de maltrato de obra a Carabineros.

La UDI salió a apoyar a su ex alcalde, lo que algunos analistas lo han interpretado como un intento de cohesionar a su núcleo duro. ¿Considera que incidió de alguna manera la crisis política de la derecha en la decisión de procesar y encarcelar a Cristián Labbé?

No creo que sea un factor determinante, el procesamiento de Labbé venía de antes. Sin embargo si ha sido un nuevo elemento que agudiza su crisis. Lamentablemente, desde la clase política no hay señales de que, por esta vía, se pueda hacer más grave la situación de la extrema derecha. Finalmente, como dice Cambalache, están “en un mismo lodo todos manoseados”. Si no es por violaciones a los derechos humanos, es por corrupción o prebendas recibidas, por sus amistades horizontales con empresarios y el reparto de los directorios de empresas.

¿Cómo impacta esta noticia en movimiento estudiantil, que tuvo en el alcalde Labbé un activo enemigo?

La verdad es que no mucho, lamentablemente porque en Chile se han separado mucho los objetivos que tuvieron las violaciones a los derechos humanos de las acciones criminales mismas. Cuesta asociar que las desapariciones, ejecuciones y torturas fueron cometidas para construir esta sociedad brutalmente desigual en la que estamos viviendo. Error cometido por las agrupaciones de familiares y usado por la extrema derecha y los gobiernos civiles para que no se atente “contra la estabilidad del modelo”.

Somos pocos los que estamos en el mundo de los que luchamos por la memoria, la verdad y la justicia que hacemos esa vinculación, que la denuncia de la impunidad de los genocidas la vinculamos a la impunidad de quienes se roban las pensiones de los chilenos a través de las administradoras de fondos mutuos (AFP), o que han hecho de la educación y la salud un negocio muy rentable, que se roban nuestros recursos naturales y convierten los servicios de agua y energía en fuente de lucro.

En eso nos falta mucho por hacer, pero el movimiento estudiantil algo ha logrado con sus marchas y protestas, señalando una de las bases que mantienen la injusticia: un sistema educacional hecho para mantener la segmentación.

¿Qué expectativas hay al interior del movimiento de Derechos Humanos chileno en un cambio en la política hacia esta demanda?

Algunos han puesto su confianza en este gobierno, mayoritariamente porque sus partidos se han integrado a la Concertación. Pero un número no despreciable creemos que sin movilización, sin fuerza, sin una amplia red de organizaciones sociales y políticas que se pongan de acuerdo para transformar profundamente nuestro país, nada cambiará demasiado.

Hoy se utiliza la política del gatopardo para hacer creer que las cosas cambian, sin cambiar el fondo de los problemas. Se usa una imagen femenina para mantener las mismas políticas neoliberales impuestas desde la dictadura, pero cada vez hay más gente que se da cuenta del engaño y se organiza para denunciarlo y luchar por sus demandas. Falta el espacio amplio y unitario que canalice todas las demandas, cuando eso exista la verdad, la justicia y la memoria podrán ser una realidad.

¿Cómo considera que puede avanzar la demanda por juicio y castigo a los represores?

Es complejo avanzar en medio de tribunales que aún son manejados por jueces de la dictadura, por eso mismo nosotros creemos que la única forma de avanzar es ir ampliando la idea de la justicia popular, de la organización de los ciudadanos para denunciar las impunidades existentes. Nuestro aporte es dejar al descubierto a genocidas que se mantienen trabajando en medio de nuestro pueblo. Algunos son doctores, otros psiquiatras, hay taxistas y empresarios, jubilados de las fuerzas armadas y de la policía que aparentan ser buenos vecinos. Ahí ponemos el acento, pero no olvidamos que las violaciones a los derechos humanos se cometen cada día con nuestro pueblo, con el alza de los comestibles y el pasaje de la locomoción, con la salud y la educación estatal de mala calidad, como con muchas otras cosas.

Incluso hemos ayudado a los tribunales entregando datos de algunos genocidas, como sucedió en el caso del denominado “Príncipe del Estadio Chile”, que nosotros denunciamos en mayo de 2006 y hoy se encuentra procesado por la muerte de varios prisioneros políticos, entre ellos el cantor Víctor Jara, cuyo nombre lleva ahora ese recinto deportivo.

 Julio Oliva García es vocero de la Comisión FUNA, agrupación que ha escrachado a Cristián Labbé entre otros personajes de la sociedad chilena. Es periodista e hijo de Julio Oliva Villalobos, combatiente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, muerto el 23 de agosto de 1984 tras participar en la recuperación de armas que realizó dicha organización en tres armerías de Santiago.