Opinión. Chubut: Crisis del gobierno y luchas sociales

La profunda catástrofe en que se encuentra sumergida la provincia, desde hace largos años, es una de las expresiones de una de las crisis más prolongadas y profundas de su historia. La crisis del gobierno y del régimen político que se sostiene recurriendo al apoyo de las cúpulas de algunos sindicatos, de los empresarios y del gobierno nacional del Frente de Todos como su pilar fundamental, como se evidenció en la reunión entre Arcioni y Wado de Pedro de la semana pasada.

¿Qué tipo de crisis es por la que está cruzada Chubut? La crisis en el Estado provincial en primer lugar está relacionada con la dependencia del capital financiero y las exportaciones de materias primas.

Por su estructura y formación económica está completamente determinada a ser una provincia productora de materias primas sin industrialización como en el caso del petróleo, la pesca o la lana. La única excepción es Aluar, producción cuyas remesas de dinero no llegan a la provincia ya que la empresa de Madanes Quintanilla fuga o evade en su mayor parte, y junto a todas las empresas nacionales o extranjeras apenas pagan exiguas regalías por el saqueo de los recursos.

Esta crisis del esquema económico, que depende del valor internacional de los commodities, obliga a buscar el "apoyo" de fondos en concepto de deuda externa, como sucedió en 2016 donde aprovechando el endeudamiento macrista, el gobernador Das Neves tomó deuda por 650 millones de dólares, abriendo paso en poco tiempo a la crisis en curso. Esta combinación de un Estado pensado como exportador de commodities, y la deuda fraudulenta e ilegal que ata con doble cadena a la provincia es el "fracaso en una gran empresa" de la clase dominante que desde el 2018 estalló en Chubut.

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Esta situación lleva a que el Estado provincial se encuentre en una crisis en su conjunto, no solamente por el atraso salarial de sus trabajadores estatales, sino también por la crisis de la salud, de la educación, la falta de obras públicas, de infraestructura, entre otras. Ejemplos de esto fue la pandemia del covid-19,donde se hizo evidente la crisis por desfinanciamiento del sistema de salud público provincial, la crisis edilicia de las escuelas, con solo entre un 20% y un 23% de las mismas en condiciones de presencialidad como denunció ATECh, o el ajuste y los recortes en infraestructura como se evidenció con los incendios que devastaron la Comarca Andina.

Veamos datos de este 2021 que siguen expresando esta crisis: "Chubut concluyó 2020 con un déficit de las cuentas públicas que ascendió a 18.920 millones de pesos. En volumen, fue el saldo en rojo más grande de la historia, pero también el tercer peor déficit de los últimos diez años respecto de los ingresos. Mientras tanto, la pobreza atrapó a casi 122 mil personas y hundió a 20 mil en la indigencia. Ambos registros están en el podio de los peores de la década. En cinco años la pobreza y la indigencia se duplicaron en la provincia" señala el periodista Marcelo García. Todo esto en el marco nacional de un 42% de pobreza, más de 19 millones de personas de las cuales 4,5 millones son indigentes.

Ante esta situación la política del gobierno provincial ha sido pagar deuda de manera constante, e incluso recortar para este año el presupuesto a las partidas para salud y educación mientras aumentó en un 46% las destinadas al pago de deuda, mayoritariamente en dólares.

La salida que ha impulsado el gobierno de Arcioni con el apoyo del secretario de minería de la nación, Alberto Hensel y del propio presidente de la nación Alberto Fernández, de las cámaras empresarias de la provincia, de la UIA, de las cúpulas sindicales como petroleros, camioneros, UOCRA y comercio y de las multinacionales mineras es la megaminería a cielo abierto prohibida en la provincia por el artículo 1°de la ley 5001 del 2003. Esta ofensiva ha generado una respuesta masiva en las calles en los últimos meses de 2020 y ha continuado este año, luego de que Arcioni logró la votación para tratar la zonificación minera en la legislatura a partir del 4 de marzo.

Esta posibilidad por ahora está parada producto de la intensa actividad de miles en toda la provincia y por la crisis política que ha generado en la propia coalición gobernante a nivel nacional y provincial (donde se han dividido los bloques legislativos, pasando por ejemplo de 2 a 5 en los que integran el Frente de Todos), evidenciando la especulación electoral para disputar los 3 cargos a senadores que están en juego en las elecciones 2021 para el Frente de Todos.

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Chubut está cambiando desde abajo, y esto comenzó a expresarse con las jornadas de lucha para enfrentar la zonificación minera en noviembre y diciembre del 2020, que permite el agua del uso de sustancias tóxicas en la megaminería. El pacto político de la megaminería, entre el gobierno de Arcioni y el Frente de Todos de Alberto Fernández, tuvo una derrota parcial frente a un movimiento de masas no visto en muchos años.

La relevancia de la cuestión ambiental y la sensibilidad de la población y especialmente de la juventud por un problema cuya solución es imposible dentro de los límites del actual sistema económico y productivo y sus dinámicas eco destructivas hace que la pelea se siga desarrollando a mediano y largo plazo.

Esta crisis generada por la situación económica y por la imposibilidad de imponer el modelo extractivista legado por el neoliberalismo en Argentina desde la década de los ’90, ha generado una crisis de institucionalidad, es decir, una grave y profunda crisis de representatividad y legitimidad no solo del gobierno, expresado en la baja popularidad del gobernador Arcioni, sino en el régimen de conjunto, que ha erosionado la autoridad del gobierno, cuestionado por un lado por su política antipopular y por otro por la imagen de explícito desmanejo. No es todavía una crisis del Estado en su conjunto. Pero la pérdida de autoridad del gobierno, centrado en la provincia en distintas variantes del peronismo, es un primer paso en ese sentido.

Esta crisis de representatividad del gobierno se expresa en que existe un malestar social, que emerge en luchas puntuales en distintos lugares de la provincia desde 2018 (docentes, trabajadores de salud, jubilados, la pesquera Fyrsa, el cierre de la textil Sedamil, de trabajadores de Luz y Fuerza, brigadistas de lucha contra el fuego, entre otros) y grandes movilizaciones de masas contra la deuda salarial en 2019, la pelea del movimiento de mujeres y contra la megaminería y el proyecto de zonificación minera en 2020 y 2021.

Que estas luchas contra el gobierno no se unan y derroten el ajuste de Arcioni se debe a la acción de los dirigentes sindicales de la CGT, como Loma Ávila de Petroleros o Taboada de Camioneros o de Goodman de ATECh que desde 2019 han tratado de mantener la paz social en la provincia, primero desviando las luchas por el salario detrás de la consigna "hay 2019" y luego en la pandemia aceptando la paz social, el congelamiento de las paritarias, la pérdida de fuentes laborales, y el crecimiento de la pobreza a manos de las políticas del gobierno provincial y nacional.

Esa paz social se quebró en 2020 con la irrupción del movimiento en defensa del ambiente y contra la zonificación minera que ganó las calles y sumó a su lucha a jóvenes, trabajadores y el pueblo pobre y que logró frenar hasta el día de hoy este proyecto. Pero no pudo impedir que el gobierno avance en el ajuste sobre las y los trabajadores votando un presupuesto al servicio del pago de la deuda y de ajuste en salud y educación, además de prorrogar el congelamiento salarial hasta junio de este año, llevando a 18 meses sin aumento salarial para las y los trabajadores de la provincia.

Para poner en jaque mate el plan del gobierno provincial y nacional al servicio de las multinacionales y recuperar lo perdido es necesario que la juventud, con el movimiento ambiental, se acerque a los trabajadores que tienen en sus manos los medios de producción, y que pueden paralizarlos para imponer una relación de fuerzas para que se vote la iniciativa popular 2020, derrotar la zonificación minera, el ajuste y que se deje de pagar la deuda externa.

Pero para conseguir parar el desastre económico y la megaminería no podemos tener ninguna confianza en los gobiernos que proponen programas ajustadores y que impulsan propuestas extractivistas, ni en los capitalistas que hacen negocio con ello. Hace falta una fuerte alianza entre los trabajadores, el movimiento ambiental y la juventud para hacer frente a la crisis económica, social y sanitaria para llevar hasta el final las medidas necesarias para salvar nuestras vidas y el planeta.

Hay fuerzas para derrotar el ajuste y la megaminería

Algo que aprendimos en las movilizaciones contra la megaminería es que cuando miles ganamos las calles y nos unimos trabajadores ocupados y desocupados, efectivos y precarios, jóvenes y el movimiento de mujeres, podemos triunfar.

El Gobierno y los empresarios, con la ayuda de las cúpulas sindicales, quieren imponer la megaminería, profundizar el ajuste y extender la precarización laboral y de la vida. Para enfrentar esta ofensiva hay que unir las luchas, organizarse desde abajo y en forma democrática, es la única forma de poner en marcha la enorme fuerza social que se necesita para hacerles frente. Hacer asambleas, elegir delegados, ser siempre solidarios con los que luchan y resisten.

Tenemos que romper el legado que nos impusieron con la ofensiva neoliberal: la ideología que buscó separar la lucha de los movimientos como el ecologista de las demandas de la clase trabajadora. Por ejemplo, en la lucha contra la megaminería ¿Cuánto durarían los planes de Arcioni y Fernández en Chubut si los sindicatos del petróleo o de la construcción rechazaran la megaminería?

El pueblo de Chubut puso en pie la Unión de Asambleas de Comunidades (UACCh) para enfrentar la megaminería. La clase trabajadora de la provincia tiene que recuperar los sindicatos como organizaciones de lucha. Pero necesitamos poner en pie nuevas instituciones de lucha.

Las y los trabajadores, la juventud y el pueblo necesitamos crear organizaciones de coordinación para unirnos y superar todas las divisiones. Es necesario unir la organización de las Asambleas de Comunidades con los sindicatos y los movimientos sociales que enfrenten el ajuste y la megaminería de forma democrática y participativa.

Si logramos crear instituciones así, la fuerza del pueblo pobre y la clase trabajadora será cada vez más poderosa para la lucha. Poner en pie instituciones de democracia directa, de coordinación y solidaridad efectiva es la mejor preparación para que la crisis no la paguemos los trabajadores sino los capitalistas que la generaron.

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