La Asamblea de Gobernadores Patagónicos en la Declaración de Puerto Madryn cuestiona al gobierno central el actual reparto de la renta nacional y reclama una nueva ley de coparticipación. Estas disputas no ocultan el acuerdo en llevar en adelante el ajuste contra el pueblo trabajador que reclaman los grandes empresarios y el FMI.
Viernes 8 de marzo de 2024 12:06
Con el trasfondo de la puja por el reparto de la coparticipación federal y de otros fondos nacionales, se realizó en Puerto Madryn, este 7 de marzo, la Asamblea de Gobernadores de las 6 provincias que integran la región patagónica. Los mandatarios de Chubut, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz, relanzaron la región Patagonia, el Foro Permanente de las Provincias Patagónicas y la Agencia de Desarrollo Patagónico .
La Declaración de Puerto Madryn -ciudad en la que realizaron el Parlamento Patagónico- decidió reactivar el Tratado de Santa Rosa, La Pampa, firmado en 1996, tras la reforma constitucional de 1994 que habilita la creación de regiones y superestructuras compartidas para el desarrollo económico y social.
Los gobernadores pelean con el gobierno nacional una tajada de la renta por el reparto de los bienes comunes naturales de la región, energía y pesca entre otras, y exigen una nueva ley de coparticipación que, como señalan en el documento de la reunión "debe establecer un esquema nuevo de coparticipación acorde" que agrande la chequera del consenso extractivista en las provincias patagónicas y el negocio para las empresas nacionales y extranjeras.
Una pelea que busca enfrentar la extorsión del gobierno nacional con el recorte de la coparticipación federal y los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) con otra extorsión, la de la participación de las ganancias derivadas de la explotación de los bienes comunes naturales. una pelea entre buitres en la que el pueblo trabajador paga los costos.
En la Declaración, junto a la reactivación de Tratado de Santa Rosa, se suma la creación del Foro Permanente de las Provincias Patagónicas, para articular un bloque de 18 senadores y 30 diputados nacionales que actúen en común ante ambas cámaras del Congreso Nacional. Una fuerza, que, ante un gobierno nacional, minoritario en ambas cámaras, le sería muy útil en busca del anhelado quorum para imponer sus leyes reaccionarias.
Quedó pendiente el lanzamiento del Consejo Patagónico de Desarrollo Económico y la creación de una empresa común de energía.
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Los gobernadores patagónicos hicieron evidente su decisión de poner en la mesa de discusión el potencial productivo de la región y manifestaron que “La Patagonia aporta a la economía nacional el 98% del gas, 87% petróleo, 71% de la energía eólica y el 27% de la energía hidroeléctrica. Concentra en su mar adyacente el grueso de las capturas pesqueras y en los puertos la mayor parte de los desembarcos en este recurso". Bajo estos argumentos reclaman una nueva ley de coparticipación federal y quedarse con las represas hidroeléctricas de la región, que ya vencieron o vencen sus concesiones y está en disputa si pasan al Estado nacional o a los Estados provinciales.
Lo que no estuvo en discusión en la reunión entre los mandatarios patagónicos es su acuerdo con el ajuste que lleva adelante el gobierno nacional desde el 10 de diciembre, como manifiesta el gobernador Torres de Chubut, toda vez que tiene un micrófono delante, quien con la anuencia de la legislatura provincial impuso un ley que ataca el derecho laboral de las y los docentes a enfermarse y al derecho a huelga, similar al que impulsa Milei con su intento de declarar a la educación servicio esencial, en el acuerdo de hacer recaer el peso del ajuste entre los trabajadores y jubilados, logrando mantener el salario de las y los docentes de su provincia entre los más bajos del país, en imponer el Comando Unificado de Seguridad impulsado por Patricia Bullrich en la provincia y en relanzar una ofensiva extractivista que pone en ciernes una nueva ofensiva minera, el hidrógeno verde, la energía eólica, y el control de las represas.
Por tener todos estos acuerdos entre los gobernadores y el gobierno nacional, que Torres graficó con su definición de que “está en un 90% de acuerdo”, hoy irán a la primer reunión de gobernadores hacia el Pacto de Mayo, a ver quién tiene el mayor poder de extorsión, si el presidente libertario con su plan motosierra y licuadora, o las provincias patagónicas y su control de gran parte de los bienes comunes naturales que aportan miles de millones de dólares a las arcas nacionales.
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Esta reunión patagónica también mostró que no hay grietas entre oficialistas, colaboradores y opositores, ya que todos los espacios políticos estuvieron presentes y acordaron esta propuesta. No podían faltar los dirigentes de la CGT, que no se quisieron quedar por fuera de la foto y aplaudieron este encuentro, mientras avanzan los despidos de miles de trabajadores de la UOCRA ante la paralización de la Obra Pública, hay dirigentes del SUPA con prisión domiciliaria tras un paro sorpresivo en el puerto de Rawson, luego de un lock out patronal que paralizó la industria de la pesca durante un mes, ante un reclamo de aumento salarial o la situación de la educación pública y de sus docentes.
Esto deja claro, por un lado, es que si avanza Milei y los gobernadores en su ajuste es porque cuentan con la colaboración del peronismo que discute en las redes sociales pero que, como en Chubut, le votó todas las leyes a Nacho Torres y continúa con la pasividad de las centrales sindicales, que luego del paro del 24 de enero decidieron volver a las amenazas del paro general, pero nunca concretarlo.
La oposición a este plan de ajuste y saqueo estuvo en las calles de Puerto Madryn repudiando esta cumbre. La contra cumbre convocada por la Asamblea en Defensa del Territorio, contó con la presencia de comunidades originarias Mapuche-Tehuelche, becarios e investigadores del Cenpat-Conicet, integrantes de la Asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs de Trelew y de la Asamblea de Afectadxs por el DNU de la Comarca Andina, y la izquierda referenciada en el Frente de izquierda Unidad.
Esta oposición que se viene desarrollando desde abajo, tiene el desafío de extender el incipiente proceso de organización que expresan las asamblea vecinales, junto a la tradición de lucha de las asambleas ambientales y los pueblos originarios en una reunión o asamblea provincial abierta, que unifique a todxs lxs afectadxs por el plan motosierra y licuadora de Milei y los gobernadores como Torres para fortalecer la pelea por abajo, entre los trabajadores, las mujeres y la juventud para exigir e imponer a las centrales sindicales un paro general y un plan de lucha hasta derrotar el ajustazo de Milei.
Declaración de Puerto Madryn
Ariel Iglesias
Nació en Buenos Aires en 1969. Es docente (jubilado). Militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Escribió en Ideas de Izquierda "La Educación en el país de los soviets"; "Chubut: Crónica de un triunfo popular contra la Megaminería". Escribe y edita La Izquierda Diario+ en Chubut.