Fue suficiente una semana para que el propio gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, tuviera que enviar a la Legislatura provincial un proyecto de ley derogando la zonificación minera que él mismo había impuesto con el impulso del gobierno nacional de Alberto Fernández. La ley megaminera duró prácticamente lo mismo que su par mendocina en diciembre de 2019. En aquel entonces el macrista Rodolfo Suárez (UCR) y el propio PJ-FdT dieron marcha atrás con la ley que tiraba abajo la 7722, para permitir el uso de cianuro, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas en la actividad minera.

Desde la noche del 15 de diciembre, la bronca fue in crescendo en las calles de toda la provincia de Chubut, de la cordillera al mar, y de norte a sur. La ley de “Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable de la Provincia de Chubut”, presentada por el Poder Ejecutivo, fue aprobada de imprevisto, sobre tablas, en una sesión express. El proyecto fue incorporado en el Orden del Día después de aprobar los pliegos de los nuevos ministros del Superior Tribunal de Justicia. El plan era esquivar la movilización prevista para el jueves 16, pero todo se desmadró.

Los 14 votos favorables vinieron de los bloques Chubut al Frente (del gobernador Arcioni, alineado en el Frente de Todos con Sergio Massa), Cultura, Educación y Trabajo, Visión Peronista, Integrando Chubut y el Frente de Todos. “Escuchamos el pedido del presidente Alberto Fernández”, afirmó en la sesión Carlos Eliceche, de Visión Peronista, por si quedaba alguna duda. Ni bien asumió, Fernández se anticipó ante la Asociación Empresaria Argentina: “en Chubut hemos logrado que en la zona de la meseta podamos explotar oro y plata. Allí está nuestra riqueza y eso es abrirnos al mundo con inteligencia”.

El 14 de diciembre, desde Tucumán, el presidente instó a las provincias a abrirse a las inversiones mineras: “hay un montón de riquezas no explotadas”. Casi en simultáneo con la aprobación de las zonificación en la legislatura chubutense, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, publicaba el juramento de la nueva secretaria de Minería, Fernanda Ávila, acompañado de un mensaje promocionando a la minería como “parte de la solución a los problemas de la Argentina”. La nueva ofensiva megaminera fue una política de Estado en el marco de las negociaciones con el FMI. La derrota también le cabe al gobierno nacional.

Entre los 14 votos a favor de la zonificación, uno solo basta como muestra de la degradación del régimen político chubutense: el diputado Sebastián López, alias “cien lucas”, apodado así tras ser filmado a fines de 2020 (cuando aún pertenecía al PRO), ofreciendo sus servicios como lobbista minero por la suma de cien mil dólares. Entre 2013 y 2019, según MiningWatch, la canadiense Pan American Silver gastó USD 30 millones en el Proyecto Navidad, sin ningún desarrollo de la mina. USD 6 millones fueron gastados solo en 2019. Años atrás, trascendió una imagen del celular del diputado peronista Gustavo Muñiz recibiendo instrucciones del gerente de Yamana Gold, otra de las multinacionales canadienses con intereses en Chubut. Postales que pintan de cuerpo entero a una casta política al servicio del gran capital.

Zonas de sacrificio

El discurso “sustentable” de las mineras y el gobierno choca con la memoria de la historia reciente. En septiembre de 2015 se produjo en la mina Veladero, al norte de San Juan, el peor derrame de la historia argentina [1]. Según la propia Barrick Gold, la multinacional canadiense que opera la mina de oro y plata, fueron 1.072.000 los litros derramados. Como consecuencia, fueron contaminados los ríos Jáchal, Blanco, Potrerillos, Palca y Las Taguas, con cianuro y metales pesados. En 2016 y 2017 ocurrieron nuevos derrames.

La megaminería, o minería transnacional a gran escala, practicada mayormente a cielo abierto, es una forma específica de minería. Una forma relacionada con el agotamiento de los metales en vetas de alta ley (concentración del mineral en la roca), que implica extraer minerales diseminados en la roca portadora mediante procesos de lixiviación o flotación. Para ello se utilizan diariamente hasta 100 toneladas de explosivos por mina, llegando a remover 300.000 toneladas de roca por jornada. Se utilizan sustancias químicas como el xantato y la policriamida (en el caso de Chubut, la ley no permitía el uso de cianuro), y grandes cantidades de agua. En el Proyecto Navidad, solo en uno de los yacimientos llamado Loma de La Plata, el estudio hidrogeológico previó que se necesitarían 95 litros por segundo.

La zonificación derogada habría permitido la megaminería en los departamentos de Gastre y Telsen. El proyecto Navidad se ubica en la meseta central chubutense, entre Gan Gan y Gastre, y es uno de los yacimientos de plata y plomo sin explotar más importantes del mundo, en manos de la Pan American Silver.

Según un informe publicado en febrero de este año por el Centro Nacional Patagónico del CONICET, solicitando el retiro del proyecto de zonificación, “la megaminería introduce un nuevo factor de riesgo frente a recursos de por sí vulnerables”. El Río Chubut, que es la fuente de abastecimiento de agua del 50 % de la población de la provincia, tiene poco caudal en comparación con otros ríos de la Patagonia, y muestra importantes variaciones en su caudal, tanto estacionales como de un año a otro. En veranos secos, entre la demanda urbana y agrícola se utiliza entre el 73 % y el 83 % de su caudal. El cambio climático empeora el panorama: hacia fines de siglo se proyecta una disminución del 40 % en sus nacientes.

El informe del CONICET plantea que, en este escenario, es preocupante que las principales reservas comprobadas de agua subterránea de la provincia de Chubut (como los acuíferos de Gastre y Sacanana), se encuentren en los departamentos en los que se pretende habilitar la megaminería. Esas reservas de agua subterránea no se aprovechan aún para actividades urbanas o agrícolas, y su cuantificación se hizo en el marco del desarrollo del proyecto Navidad.

En un ambiente árido como el de la estepa patagónica, en el que las precipitaciones son escasas pero ocurren de manera extrema, y frente a un proceso de desertificación, la potencial ocurrencia de desastres ambientales aumenta. Los diques de cola, que acumulan la roca molida, “representan una amenaza de contaminación ya que pueden desbordarse, romperse y/o filtrar sus materiales”, pudiendo transportar los contaminantes como metales pesados hacia los cauces intermitentes (que se activan cuando ocurren precipitaciones) e infiltrarse hacia los acuíferos.

No es “desarrollo”, es saqueo

El discurso del lobby sostiene que la megaminería trae empleo, desarrollo y progreso en abundantes cantidades. Las promesas de empleo caen en el ridículo: la minería metalífera, a nivel nacional empleó en 2020 a 9.638 personas, el 0,2 % del empleo privado a nivel nacional. En 2020, la mina Veladero declaró 1.296 empleados propios y 2.500 trabajadores a través de contratistas. Para San Juan, en 2019 el oro y la plata representaron el 73 % de las exportaciones provinciales. Sin embargo, el empleo privado registrado en la minería metalífera representó en 2020 solo el 3 % del total. Ese mismo año, la contribución de las regalías al presupuesto provincial fue del 2 %.

En la minería sigue en pie el andamiaje legal impuesto desde la ofensiva neoliberal de los ‘90. La ley 24.196 de Inversiones Mineras (1993), estableció un techo para el cobro de regalías provinciales del 3 % del valor en “boca de mina”, que a su vez se calcula descontando costos, con un valor muy inferior al de comercialización del producto. También dispuso la estabilidad fiscal (que impide aumentar la carga tributaria), la doble deducción de gastos de prospección y exploración, la amortización acelerada de las inversiones de capital, la devolución anticipada del IVA por compras o importaciones para exploración, exención de Derechos de Importación de bienes de capital, repuestos y algunos insumos, etc.

Por si fuera poco, en 2017, bajo el macrismo, el Acuerdo Federal Minero estableció un techo del 1,5 % para el cobro de Ingresos Brutos; y en 2019, bajo el gobierno de Fernández, la “Ley de Solidaridad” que recortó las jubilaciones, bajó el techo de las retenciones a las exportaciones mineras de un 12 % al 8 %.

Las provincias reciben un canon como condición para mantener la concesión legal, según el Código Minero. La única actualización de los montos (Ley Nº 27.111 de 2015) fijó la suma de $1.600 por unidad de medida (500 hectáreas) para la exploración y $320 por pertenencia (100 hectáreas) por año, para la explotación. Prácticamente nada.

El Frente de Todos y la oposición de derecha no tienen reparo en afirmar que la megaminería es necesaria para cumplir con el mandato exportador y obtener los dólares que harán sostenible la impagable deuda externa. Sin embargo, regímenes como el minero o el petrolero favorecen una creciente disponibilidad de divisas para girar utilidades a sus casas matrices, relajando o eliminando los requisitos de liquidar los dólares de las exportaciones [2].

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La ofensiva megaminera, al igual que el nuevo proyecto de ley de hidrocarburos (que tiene entre sus ejes garantizar una mayor disponibilidad de divisas a las petroleras), es inseparable de las negociaciones en curso con el FMI. El acuerdo incluirá no solo más ajuste, sino también, aunque no esté escrito, más saqueo y extractivismo. Un objetivo del Fondo es garantizar que estén los dólares para el pago de la deuda. Otro, más profundo, mejorar las condiciones de expoliación de la Argentina dependiente y con rasgos semicoloniales por parte de las multinacionales, perpetuando el lugar que ocupa en la división internacional del trabajo como proveedor de commodities. Nada que suene a “desarrollo” vendrá de este nuevo extractivismo, que no hace más que multiplicar la desigualdad, la miseria y la pobreza.

Lucha ambiental y lucha de clases

Chubut fue vanguardia, históricamente, en la lucha contra la megaminería transnacional. Con los ecos del 2001 resonando en el ambiente, en Esquel se erigió la resistencia a la minera Meridian Gold. Fue el nacimiento de la asamblea "No a la mina" y la derrota de la primera embestida, que terminó con una consulta popular en la que el rechazo a las mineras obtuvo nada menos que el 81 % de los votos.

Veinte años después, la resistencia se extendió a todo el territorio provincial. Ya no había mucho que explicar. El pueblo trabajador siente en carne propia la escasez hídrica cada vez que nada sale de sus canillas.

Desde la noche del 15 de diciembre hasta la tarde del 21, las movilizaciones no dejaron de crecer. La bronca con el gobernador se expresaba en la consigna “fuera Arcioni” (y otras tantas menos amables). El gobernador ganó las elecciones haciendo campaña contra la megaminería, y desde que asumió no perdió una oportunidad para intentar imponerla, de la mano del gobierno nacional, las cámaras empresarias y las burocracias de sindicatos como Petroleros, la UOCRA y Camioneros. El pasado 14 de noviembre obtuvo solo el 10 % de los votos, muy cerca del Frente de Izquierda Unidad, que cosechó el 8,5 %.

El malestar se acumuló con años de ajuste, congelamiento y retraso en el pago de los salarios estatales, aumento de la desocupación y la pobreza, en una provincia de las más ricas del país, en términos de ingreso per cápita. Rica, pero primarizada y oportunamente endeudada en dólares, con un mecanismo que pone como garantía las regalías petroleras.

La rápida promulgación de la ley de zonificación, y la brutal represión de la policía provincial, que llegó a mantener manifestantes detenidas en la propia Legislatura, solo echó más nafta al fuego. En las calles se fusionaban viejas camadas de asambleístas con el protagonismo de la juventud, una primera línea que enfrentó la represión policial, las comunidades mapuche-tehuelches, trabajadoras y trabajadores, estudiantes, y familias enteras. Todas las direcciones (de las asambleas y sindicatos) fueron desbordadas. En las pantallas de millones de celulares, la casa de gobierno en llamas, al igual que otra docena de edificios públicos.

Con la incomodidad de contradecir a su propio gobierno, las conducciones de los principales sindicatos estatales (docentes, salud, judiciales), convocaron a paros ambientales, aunque movilizando en las calles mayormente como “ciudadanos” sueltos. Sin embargo, estas convocatorias habilitaron la participación de miles de trabajadores y trabajadoras. El sábado 18, decenas de miles de personas llenaron las calles de Rawson, Trelew, Madryn, Comodoro Rivadavia (la localidad petrolera por excelencia), la Comarca Andina, etc.

Lo novedoso, y quizás decisivo, fue el ingreso de los sindicatos privados del puerto, la pesca y la alimentación en escena. A los maquinistas del SICONARA, los marineros del SOMU y los estibadores del SUPA, que declararon un paro por tiempo indeterminado desde el sábado 18, se sumaron las trabajadoras y trabajadores del STIA, cortando la ruta en Puerto Madryn. Las conducciones de los sindicatos (al igual que una de las cámaras del sector) se oponen, además, al proyecto de ley de pesca de Arcioni. Pero las convocatorias dieron lugar a la participación masiva de obreros y obreras con sus familias, que expresaban con carteles propios la defensa del agua, el rechazo a la megaminería, y la bronca con el gobierno. “Estoy por el futuro de mis hijas”, decía mientras marchaba, un obrero enrolado en el SOMU.

La famosa “relación de fuerzas”, a la que siempre apela el peronismo para bajar las expectativas y justificar el ajuste, se inclinó, en las calles, del lado del pueblo trabajador. El régimen político tembló, legisladores, intendentes y magistrados le soltaron la mano al gobernador. Arcioni intentó una última maniobra: el 20 de diciembre deslizó la posibilidad de la “suspensión” de la zonificación (una carta que jugó, también sin éxito, Suárez en Mendoza). La respuesta no se hizo esperar. Finalmente, envió su propio proyecto de derogación de la ley megaminera, votado en una sesión remota el 21.

La semana caliente de Chubut escribió una nueva página en la lucha contra el extractivismo capitalista que destruye ecosistemas y pone en riesgo bienes naturales vitales como el agua. El ejemplo chubutense demuele los discursos de la resignación que impone el peronismo para justificar un nuevo pacto entreguista para honrar la deuda odiosa contraída por Macri con el FMI.

Pero además, debería llamar la atención a quienes pretenden separar la lucha ambiental de la lucha de clases, “descartando” a la clase trabajadora como sujeto capaz de tomar en sus manos la defensa del ambiente. Quienes aspiramos a luchar en defensa del ambiente desde una perspectiva anticapitalista y socialista, acompañamos e impulsamos la más amplia unidad de acción entre movimientos campesinos e indígenas, feministas, organizaciones estudiantiles, ambientalistas, etc. Lejos de un “reduccionismo de clase”, nos proponemos como una tarea fundamental luchar contra las burocracias que imponen a los sindicatos una práctica corporativa que, entre muchas otras cosas, ignora los problemas ecológicos padecidos en mayor grado por las y los propios trabajadores. En el movimiento ambiental, al mismo tiempo que apostamos a la organización con métodos democráticos y combativos, independientes de los partidos patronales, apostamos a construir alas que busquen organizarse con la clase social que no solo puede paralizar la producción, sino reconvertirla en una relación no predatoria con la naturaleza.

La confluencia expresada en Chubut entre el movimiento ambiental, los sindicatos, y las comunidades de los pueblos mapuche-tehuelches, permite imaginar el potencial de una alianza social capaz de derrotar los planes extractivistas de los capitalistas y su Estado.