La intensidad del ciclón Chido, que acaba de causar una devastación profunda y duradera en la colonia francesa de Mayotte, ilustra la aceleración de la crisis ecológica en la región del océano Índico, especialmente vulnerable al calentamiento climático. Pero también, la magnitud social y humanitaria de la catástrofe atestigua también las consecuencias mortales de un régimen colonial y despectivo, implacablemente violento en el archipiélago desde hace décadas.
Viernes 20 de diciembre de 2024
Esta nota fue originalmente publicada en Révolution Permanente
La crisis humanitaria que afecta actualmente a Mayotte está adquiriendo proporciones distópicas. Miles de personas y niños han sido dados por desaparecidos, mientras que algunos distritos siguen sepultados bajo los escombros, lo que hace temer que se hayan convertido en gigantescos cementerios de masas. Aunque el gobierno no está en condiciones de dar cifras precisas por el momento, está claro que la situación podría haberse cobrado varios miles de vidas, por no hablar de los miles de vidas puestas en peligro por la falta de acceso a agua potable, electricidad y asistencia sanitaria.
Aunque el gobierno y los políticos franceses y mayotenses intenten culpar a las víctimas de su miseria señalando la cuestión migratoria, les resulta difícil ocultar las razones de la fragilidad de la población y de sus infraestructuras frente a esta catástrofe natural.
Un régimen jurídico colonial excepcional, caldo de cultivo de políticas represivas
Mayotte, como el resto de los territorios colonizados por Francia (a excepción de la isla de la Reunión), está sometida a un régimen de excepción al derecho común en virtud de la Constitución de la V República, que permite «adaptar las leyes y reglamentos a las características y limitaciones particulares de estas comunidades». Este régimen excepcional ha permitido al Estado utilizar más excepciones que en ningún otro lugar de Mayotte para limitar considerablemente el acceso a la circulación y a todos los derechos de los habitantes de la isla.
Con un 77% de la población viviendo por debajo del umbral de pobreza y casi 8 de cada 10 niños en situación de extrema pobreza, el Estado siempre ha optado deliberadamente por socavar los derechos sociales, lo que ilustra la clara voluntad de las autoridades de mantener a miles de hogares en la pobreza. En Mayotte no se aplica el Código de la Seguridad Social ni el salario mínimo, el APL, el RSA, el subsidio familiar y las prestaciones para adultos discapacitados no existen o están muy reducidas.
Estas derogaciones son manifiestamente evidentes cuando se trata de los derechos de los extranjeros, donde se ha construido y reforzado considerablemente en los últimos años un verdadero subderecho paralelo al régimen de derecho común, con el asentimiento de las más altas instancias judiciales, en particular el Consejo Constitucional, que ha validado sistemáticamente estas restricciones coloniales. Los jóvenes de la isla están entre las principales víctimas.
La xenofobia de Estado y el visado Balladur, en el origen de la inseguridad permanente
En Mayotte, el acceso a la nacionalidad está considerablemente restringido desde 2019, lo que impide a muchos jóvenes nacidos y criados en Mayotte obtener la nacionalidad francesa al cumplir los 18 años si no acreditan la residencia legal de sus padres. Esta condición excepcional, que no existe en ninguna otra parte del mundo, ha inclinado a miles de jóvenes hacia la irregularidad, impidiéndoles cursar estudios superiores, salir de Mayotte o poder trabajar para sobrevivir.
El mismo proceso se da en el acceso al permiso de residencia para los jóvenes que han crecido en Mayotte, que tienen que demostrar que sus padres residen legalmente y que corren la misma suerte, con un acceso a la prefectura cada vez más difícil y bloqueado regularmente por grupos de ciudadanos xenófobos con la complicidad de las autoridades locales.
Desde el pasado mes de octubre, el acceso a Mayotte está completamente bloqueado, tras un nuevo bloqueo del Colectivo de Ciudadanos de Mayotte, del que forma parte la diputada Estelle Youssouffa, que reclama medios suplementarios para luchar contra la inmigración, a la que considera «responsable de la inseguridad de la isla». Este enésimo bloqueo ha provocado varias violaciones de los derechos de los trabajadores y estudiantes comorenses destinados a estudiar en Francia.
Además, los permisos de residencia expedidos por el Prefectura de Mayotte (como el visado Balladur) sólo permiten permanecer en Mayotte, impidiendo salir de la isla sin un visado específico expedido a cuentagotas. Esto convierte a Mayotte en una auténtica cárcel al aire libre y obliga a las personas a permanecer en la isla de forma permanente, donde sus posibilidades de encontrar trabajo, asistencia sanitaria y educación se ven considerablemente limitadas.
El acceso obstaculizado a la regularización va acompañado de un marco jurídico excepcional que facilita los controles de identidad, permitidos en Mayotte por el Código de Procedimiento Penal «en todo el territorio». Con el asentimiento del Consejo Constitucional, que en 2022 validó esta derogación represiva heredada del derecho colonial, esta disposición ha dado rienda suelta al desarrollo de interrogatorios generalizados por parte de las fuerzas del orden, en cualquier lugar y a cualquier hora, instaurando en la isla una verdadera política cotidiana de persecución de las personas sin papeles.
La policía realiza detenciones en los domicilios, a la salida de colegios e institutos y, en ocasiones, frente a los hospitales y clínicas de la isla. El objetivo de estos controles es encerrar a los inmigrantes ilegales y deportarles en masa a la vecina isla de Anjouan en un tiempo récord. Esta política ha agravado la catástrofe sanitaria vinculada a la sequía en la isla, con un número récord de cortes de agua. Las fuerzas de represión se sitúan en torno a las tomas de agua, impidiendo a una gran parte de la población satisfacer esta necesidad básica, en un momento en que prolifera el cólera.
Las operaciones militares-policiales en Mayotte han hecho a la población más vulnerable a los ciclones
Las operaciones de represivas excepcionales Wuambushu y Place Nette que han tenido lugar en los últimos años también han contribuido a debilitar la precaria situación de las viviendas. Trágicamente, esto explica por qué parte de la población temía acudir a los refugios de emergencia y centros de acogida antes del ciclón, por miedo a la represión estatal. «Muchos pensaban que era una trampa que les habían tendido (...) para capturarles y sacarles del país», explica a la AFP Ousseni Balahachi, enfermera jubilada. «Cuando vieron la intensidad del fenómeno, entraron en pánico y buscaron un lugar donde refugiarse. Pero ya era demasiado tarde, las chapas empezaban a volar», añade.
El clima represivo se ve efectivamente acentuado por una política de destrucción de viviendas precarias llevada a cabo por el Estado francés a través del artículo 197 de la Ley ELAN, que sólo es aplicable en la Guayana Francesa y Mayotte. Este artículo permite a las autoridades desalojar a los residentes sin orden judicial y por simple decreto de la Prefectura, al tiempo que obliga a las autoridades públicas a ofrecer una solución de realojamiento o alojamiento «adaptada a cada ocupante».
El objetivo de todas las operaciones llevadas a cabo hasta la fecha en el marco de la ley ELAN ha sido siempre destruir el mayor número posible de viviendas y permitir a las fuerzas de represión coloniales identificar y detener a todos los sin papeles con vistas a su desalojo. La prefectura de Mayotte publica regularmente su «barómetro de la lucha contra la vivienda ilegal» (nunca denominada infravivienda), jactándose de destruir y detener cada vez a más personas. Según Daniel Gros, oficial de enlace de la Ligue des droits de l’Homme en Mayotte, «desde 2019, se habrán publicado 40 órdenes de demolición en el registro de actos administrativos de la página web de la prefectura de Mayotte, se habrán destruido cerca de 3.000 viviendas “infraviviendas” y se habrá desalojado a más de 12.000 residentes». El vínculo permanente que establece el gobierno francés entre la destrucción de viviendas y la caza de extranjeros indocumentados demuestra el aspecto puramente de seguridad y xenófobo de la política de lucha contra la infravivienda.
La falta de realojamiento tras la destrucción de infraviviendas hizo aún más precaria la situación de miles de familias, que se vieron obligadas a reconstruir sus viviendas con carácter de urgencia, utilizando materiales frágiles como chapas metálicas en terrenos más periféricos y elevados, lo que las hizo aún más vulnerables a los fenómenos climáticos (corrimientos de tierras, viento, lluvia, etc).
El destino reservado por el Estado colonial francés a servicios públicos esenciales como el acceso a la sanidad, las políticas públicas de vivienda y el acceso a los derechos sociales explica también las desastrosas consecuencias humanas y sociales del huracán Chido, en una isla que ya acumulaba unos recursos financieros y humanos irrisorios y una desinversión estructural en estos sectores fundamentales. También en este caso, la isla está sometida a políticas derogatorias, como la ausencia de Ayuda Médica del Estado, que reduce considerablemente el acceso a la atención sanitaria de los inmigrantes indocumentados y explica la tasa de mortalidad mucho más elevada en Mayotte que en el resto de Francia, así como las vulnerabilidades sanitarias que acumula la población.
La situación no mejorará sin arrancar al Estado un plan de emergencia con recursos masivos para la sanidad y una cobertura sanitaria universal para todos. A pesar de la retórica profundamente reaccionaria del gobierno sobre la catástrofe, el imperialismo francés y sus políticas xenófobas y de seguridad son los principales responsables de la angustia social que afecta hoy a Mayotte.
La destrucción sistemática de viviendas precarias y el acoso a los inmigrantes en un contexto de retórica reaccionaria no han hecho más que agravar una situación social que ha convertido Mayotte en una isla de pobreza en un océano de miseria.
La solución pasa ahora por un auténtico plan de urgencia para las clases populares, que debe empezar por la regularización de todos los sin papeles de la isla, el fin del régimen de urgencia, el cierre de los centros de detención administrativa y la supresión del visado Balladur, así como un auténtico plan de urgencia sanitario y alimentario bajo control de toda la población. Sin esta solución, el gobierno no ofrecerá más que horror social y colonial como respuesta a la terrible situación humanitaria que afecta actualmente a la isla.
Traducción: Jorge Remacha
