Este viernes, en el ministerio de Agroindustria dirigido por el ex presidente de la Sociedad Rural –Miguel Etchevehere- se anunciaron 500 despidos a nivel nacional. En varias dependencias del país cierran las oficinas y pasan a funcionar en predios prestados por otras dependencias.
Mirta Pacheco @mirtapacheco1
Sábado 1ro de septiembre de 2018
Foto: Trabajadores despedidos se concentran en las puertas del Ministerio de Agroindustria. CABA, 31 de agosto de 2018.
Cuando el rumor se confirmó en el día de ayer, cientos de trabajadores del Ministerio de Agricultura salieron a protestar cortando la avenida Paseo Colón en la Ciudad de Buenos Aires y fueron reprimidos por la Policía de la Ciudad, que dirige políticamente Horacio Rodríguez Larreta.
Enseguida se acercaron a solidarizarse distintas organizaciones sindicales y referentes políticos. Entre ellos los diputados Patricio Del Corro y Myriam Bregman (PTS-FIT), Horacio Pietragala, Maria Conde y Andrade (Unidad Ciudadana); así como dirigentes del Subte, entre ellos Claudio Dellecarbonara y Roberto Pianelli.
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Son 548 trabajadores despedidos, de las cuales 34 corresponden a la Subsecretaria de Coordinación Administrativa, 67 a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y 447 de la Secretaría de Agricultura Familiar.
Casi 600 familias que quedan en la calle por disposición del ministro que responde directamente al sector de los grandes exportadores y terratenientes del campo uno de los sectores empresariales que más ganan con la devaluación. Luis Etchevehere fue presidente de la Sociedad Rural hasta que se hizo cargo de esa cartera ministerial.
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En ese ministerio ya hace meses que el Gobierno viene reduciendo presupuesto, sobre todo en lo que respecta a la Secretaría de Agricultura familiar. Esto implica cierre de dependencias (oficinas de reparticiones provinciales que cierran y son puestas en alquiler). Esto redunda en que los trabajadores son trasladados a predios del Ministerio de Producción u otros lugares. En algunos casos esos traslados fueron la “excusa” para comenzar a despedir, desde el primer año del Gobierno de Macri.
En Jujuy Natalia Morales, diputada provincial del PTS/FIT y trabajadora de esa Secretaría, ayer lo denunciaba en las redes.
Mientras reprimen y despiden a trabajador@s de Agricultura Familiar, reduciendo un 60 a 80 % la planta por província sucede esto 👇🏼 Cierre de oficinas de las delegaciones. La verdadera cara del ajuste, mientras un puñado de especuladores se hacen la fiesta saqueando el país. pic.twitter.com/aInjqPIjQO
— Natalia Morales (@NatuchaMorales) 31 de agosto de 2018
Como dijimos, son varias las dependencias provinciales atacadas por esta medida. Los despidos solo en Agricultura Familiar comprenden las provincias de Jujuy, Salta, Chaco, Misiones, Corrientes, San Juan, Santiago del Estero, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut. Entre los despedidos también hay delegados, en un claro intento de desmembrar cualquier atisbo de organización sindical.
En Misiones, ATE anunció un paro provincial por 48 horas en repudio de los despidos, con permanencia pacífica en todas las oficinas.
En la semana que pasó volvió a quedar al desnudo la crisis económica y política del Gobierno, que se apoya en el programa del FMI, lo cual implica más ajuste –que no pasa sin represión-.
A los despidos en el Estado se suma la situación en la industria privada, donde las grandes patronales aprovechan para bajar sus costos laborales echando trabajadores a la calle, como se conoció este viernes en el caso de la alimenticia Mondellez.
Frente a esta avanzada del Gobierno y patronales, se hace urgente y necesario un inmediato paro activo de 36 horas, como comienzo de un plan de lucha para frenar este ataque al conjunto del pueblo trabajador.
No se puede esperar a fin de mes, como pretende la CGT, que llamó a un paro sin movilización para el 25/9. O las CTA, conducida por Hugo Yasky y Pablo Michelli, que llaman a parar apenas un día antes. Ese paro es por 36 hs, pero sin continuidad, sin asambleas para que los trabajadores discutan cómo tomarlo en sus manos y cómo seguirla.
De conjunto, la política de las centrales sindicales está alineada con la del peronismo, (incluído el kirchnerismo) de esperar al 2019 para "votar un cambio". Aunque es difícil saber si la crisis que arrecia por estos días permitirá ese plan.
Pero la gran mayoría de la población, los millones de trabajadores y sus familias que pierden sus puestos de trabajo y su poder adquisitivo, no pueden esperar.
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