A pocos días del crimen social de Moreno, Marcela Cabadas sostuvo que “no hay situaciones de riesgo en el distrito”. Sin embargo, hay más de catorce escuelas sin clases sólo por problemas de gas. En las escuelas se organizan comités de infraestructura entre docentes, familiares y estudiantes.
Griselda Bulgach Delegada Suteba Ituzaingó-La Marrón
Martes 14 de agosto de 2018 12:18
La muerte de Sandra y Ruben, producto de las condiciones de abandono y desfinanciamiento por parte del Estado en el que se encuentra la educación pública, hizo que se pusiera al descubierto una problemática histórica y estructural que ningún Gobierno resolvió. Docentes, estudiantes y familias se pusieron de pie en las escuelas denunciando las condiciones de la educación pública y exigiendo arreglos inmediatos.
En ese contexto, la Presidenta del Consejo Escolar de Ituzaingó en diálogo con Radio La Ciudad, en el programa “de Una a 10″ dijo que “no hay actualmente situaciones de riesgo anticipadas en el distrito. No hay techos por caerse o pozos peligrosos” De esta manera, los funcionarios siguen mintiéndole en la cara a los miembros de la comunidad educativa. Demuestran que no les interesa resolver ni siquiera las condiciones elementales para dar clases e ir a la escuela como es contar con una infraestructura edilicia acorde.
En Ituzaingó hubo una continuidad política del descalzismo durante veinticinco años. Los dichos Cabadas son desmentidos por la realidad: más de catorce edificios con actividades suspendidas en el distrito, sólo por problemas de gas, que según la inspección son la prioridad frente a otras problemáticas edilicias. Se trata de las secundarias 2, 4, 5, 11, 13, 17, 20, las primarias 1, 4, 9, 501, la técnica 2 y los jardines infantiles 904 y 907.
Frente a estos hechos, desde la Marrón docente (PTS + independientes) se plantea en cada asamblea o reunión la creación de comisiones de infraestructura, que funcionen como un espacio de organización permanente de docentes auxiliares estudiantes y familias para pelear por los arreglos necesarios y controlar el desarrollo de las obras. Así, en algunas escuelas como la secundaria 13 o el AUPI se pusieron en pie estos espacios para controlar que se lleven adelante las promesas que históricamente se hacen y no se cumplen. Es una forma de garantizar que se concreticen los arreglos que ponen en riesgo la vida de trabajadores de la educación y estudiantes.
Los trabajadores de la educación no están solos, nunca lo estuvieron, son parte de los barrios, llevan a hijos a la escuela pública, conocen a los estudiantes y sus familias, igualmente golpeados por los ataques del Gobierno. Quedó a las claras quienes son los que verdaderamente ponen el cuerpo día a día para sostener la escuela pública, ya nadie cree las campañas mediáticas de los responsables políticos como la gobernadora María Eugenia Vidal, tildándolos de vagos o responsabilizándolos de la crisis educativa.
La predisposición de la docencia en conjunto con la comunidad a luchar se mostró con las enormes movilizaciones. Es fundamental entonces golpear con toda esa fuerza a quienes deben responder por las necesidades de la escuela pública, exigiendo más presupuesto. Solo invirtiendo en la escuela pública es que se puede revertir el deplorable estado de situación. Con el aumento del presupuesto educativo se tiene que impulsar un plan de mejoras de edificios escolares, porque la educación de calidad no es un negocio sino un derecho. Hay que avanzar en la coordinación de todos los docentes para unir fuerzas y el Frente Gremial docente en cada distrito debería ponerse a la cabeza de esto.
No se puede dejar la vida en manos de funcionarios responsables por el deterioro histórico de la escuela pública, que mienten públicamente minimizando la pauperización de la escuela pública como el caso de la Presidenta del Consejo Escolar en Ituzaingó. Estos problemas estructurales de las escuelas nunca fueron una prioridad para ningún Gobierno de turno. Incluso, queda en evidencia en marco del show mediático y el debate alrededor de la obra pública como los Gobiernos y empresas tienen enormes negociados con la construcción en lugar de destinar esos recursos a los colegios y lugares donde hace falta.
Para eso, los sindicatos tienen que llamar a asambleas y acciones distritales y provinciales para golpear todos juntos de manera unificada, e impulsar un plan de lucha que incluya la acción unificada en los distritos centros políticos como La Plata o CABA.
El Gobierno destina millones al FMI y también les quitaron las retenciones a los empresarios. Ni hablar del dinero que destina a la Iglesia, institución reaccionaria que mostró la injerencia que tiene en las políticas públicas con la nefasta votación del senado en contra del derecho fundamental al aborto. El presupuesto destinado a la remuneración de los obispos para este año totaliza la suma de $ 130.421.300. Con ese presupuesto se les pagan sueldos de $ 46.800 a los obispos diocesanos y a los administradores apostólicos y de $ 40.950 a los obispos auxiliares y eméritos. Con la separación de la Iglesia y el Estado se podrían poner esas millonarias sumas en educación.
Los trabajadores de la educación, docentes, no docentes, estudiantes y familias ya mostraron que quieren seguir luchando por una educación de calidad y en condiciones dignas. ¡Plata hay, hay que pelear para que sea destinado a presupuesto para educación ya!
