Foto CPM
Esta tarde, en el anexo de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires de La Plata, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentará en público su XI informe anual titulado “El sistem a de la crueldad”, referido a las violaciones a los derechos humanos en territorio bonaerense.
En la presentación estarán el Premio Nobel de la Paz y presidente de la CPM Adolfo Pérez Esquivel, el también presidente Víctor Mendibil, la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas, Cristina Gramajo (madre de uno de los fallecidos en la Masacre de Pergamino) y el secretario de la comisión, Roberto Cipriano García.
En diálogo con La Izquierda Diario Cipriano García invitó a la presentación del XI informe de la CPM y analizó el estado de situación actual de las violaciones a los derechos humanos en la Provincia de Buenos Aires. Además lanzó definiciones sobre el caso de la desaparición de Santiago Maldonado, en el cual la Comisión por la Memoria es querellante y fue uno de los organismos que presentó tempranamente un habeas corpus en el Juzgado Federal de Esquel.
Para quien no lo conozca aún, ¿qué es el informe “El sistema de la crueldad”?
Es un diagnóstico de las políticas de seguridad, penitenciarias, de niñez y de salud mental en contextos de encierro en la Provincia de Buenos Aires. También pretende ser un aporte constructivo a las políticas públicas en estos temas. ¿Qué contiene el informe?
A partir de un trabajo de monitoreo y control tanto de los lugares de detención en la Provincia como del despliegue de las fuerzas de seguridad en el territorio que hace la CPM a través de sus equipos de trabajo, realizamos este informe que establece un diagnóstico de la situación. ¿Cómo está la situación hoy?
A través de nuestro relevamiento vemos se siguen agravando las violaciones a los derechos humanos en la Provincia. Hay una continuidad en las políticas de seguridad que se agravan con todo un discurso construido desde el Gobierno nacional y una serie de reformas legislativas tendientes al endurecimiento de las políticas, a provocar el incremento del punitivismo sobre determinados sectores de la población. Esto se traduce también en la represión a los sectores populares que reclaman. De alguna manera en este tema hubo un “cambio con continuidad”
Desde hace tiempo se fue construyendo un discurso dentro de las fuerzas de seguridad que profundiza la prisionización, siguiendo toda una línea de saturación territorial de policías. Y eso no es de ahora, claro. En la Provincia de Buenos Aires esto viene al menos desde hace veinte años, siendo la única política de seguridad implementada por los gobiernos de turno. Obviamente esto ahora se agrava con todo el planteo que se hace desde el Gobierno nacional con las llamadas ’nuevas amenazas’ como el terrorismo o el narcotráfico, que llevan a la ’necesidad’ de una guerra en la que las fuerzas de seguridad, sobre todo las más militarizadas como la Gendarmería y la Prefectura, cobran una importancia trascendente. Eso ’baja’ a las policías y genera mayores violaciones a los derechos humanos en los territorios.
No vemos que haya habido en todo este tiempo políticas diferenciales tratando de resolver esta situación que lleva años.
¿Eso cómo se traduce en cárceles y comisarías?
Lo que genera todo esto es un incremento de la población encarcelada. Por un lado hay un problema de sobrencarcelamiento de la población, con récords históricos en la Provincia de Buenos Aires que hoy tiene 41 mil personas detenidas aproximadamente. Y a eso hay que agregar un nuevo incremento en la prisionización en comisarías, donde hoy se alojan 2.944 personas en unos mil camastros, que son los habilitados por el mismo Ministerio de Seguridad. Ese colapso transforma a las comisarías en cuevas, sin ventilación ni instalación eléctrica adecuada, sin medidas de seguridad para las personas que ahí son alojadas (ni matafuegos, ni alarmas contra incendios, ni nada de eso). Esas razones estructurales tuvieron entre sus consecuencias recientes la masacre de Pergamino.
¿Y el Poder Judicial?
Bueno, esta situación va acompañada de una desidia importante por parte del Poder Judicial que debería controlar esos lugares. Sólo se conforman con visitar cada tanto las cárceles y comisarías y elevar un informe al Ministerio de Seguridad relatando esas condiciones. Pero no se adopta ninguna medida concreta para revertir esta situación. Este año el informe se presenta en medio del caso de la desaparición de Santiago Maldonado
Sí. Lo de Maldonado es la expresión más dramática y más grave de todas estas políticas. La CPM presentó el primer habeas corpus por Santiago y se presentó como querellante, teniendo en cuenta que él es un vecino de la ciudad bonaerense de 25 de Mayo. Al momento de ocurrir el hecho, a través de un abogado conocido, la familia se comunicó con nosotros y de ahí se activó nuestra intervención. ¿Qué opinás de las derivaciones del caso en estos cincuenta días?
Obviamente somos muy críticos de toda la actuación judicial y de la fiscal que interviene en el caso. No están llevando adelante una investigación adecuada tendiente a la aparición con vida de Santiago. Todo lo contrario. Adoptan medidas tardías, las hacen sin cumplir con los protocolos internacionales establecidos para el delito de desaparición forzada. A su vez prejuzgan y estigmatizan a la comunidad mapuche, restándole importancia al testimonio de la comunidad y creyendo los testimonios de los gendarmes que recién se empiezan a tomar 45 días después. Toda esa serie de irregularidades han provocado y viene consolidando la impunidad. Santiago no aparece y no sabemos qué pasó con él. ¿Qué pensás del rastrillaje del lunes orquestado por el juez Otranto y el Gobierno
Realmente no tuvo mucho sentido. Somos muy críticos de esa medida. Lo único que hicieron fue vulnerar los derechos de la comunidad. Los tuvieron durante doce horas atados con precintos, sin comer ni tomar agua, rompieron casas y pertenencias. Todo para llevar adelante una medida que se ajuste a la hipótesis enunciada por el juez en los medios de que Santiago se ahogó en el río o puede estar oculto dentro de la comunidad. Lejos de avanzar con la hipótesis de la desaparición forzada dedican esfuerzos y recursos a fortalecer otras hipótesis que incluso el Gobierno hace poco empezó a dejar de enunciar para pasar a reconocer que podría tratarse de la actuación de algún gendarme. Adolfo Pérez Esquivel dijo que Patricia Bullrich debe renunciar. ¿Considerás que alguna responsabilidad penal les cabe a los funcionarios del Gobierno?
Hoy todas nuestras energías están puestas en la búsqueda de Santiago y en que efectivamente se investigue lo que consideramos que es una desaparición forzada. Obviamente las responsabilidades de los funcionarios en todo esto, que para nosotros existen, van a ser materia de un trabajo posterior. Hoy, en la complejidad que tiene la causa, que en verdad son dos causas diferentes, nos abocamos a esto.
