En la localidad de Ciudadela, Partido de 3 de Febrero, se realizaron allanamientos a distintos domicilios desbaratando una organización que se dedicaba a realizar abortos clandestinos y comercializaba medicamentos como el Oxaprost y Cytotec.
Raquel Lezcano Docente y delegada de Suteba
Wendy Lombardo Delegada | Lista Marrón en Suteba | Congresal del Suteba
Martes 28 de junio de 2016
En uno de los allanamientos, se encontraba una mujer extranjera de 18 años quien fue trasladada al hospital más cercano, donde quedó a disposición del Juzgado de Garantías N° 3 de San Martín.
En Argentina se realizan de 350.000 a 500.000 abortos por año, todas las mujeres que abortan lo hacen en forma clandestina, pero las que más sufren las consecuencias de las condiciones de insalubridad son las jóvenes y pobres. En muchos casos no pueden acceder a los altos costos de la intervención y el método por el cual se practica el aborto no es efectivo poniendo en riesgo su vida.
De sobrevivir también corren el riesgo de “quedar a disposición de la justicia”, como la joven de 18 años que fue encontrada en uno de estos allanamientos; o como Belén, la joven tucumana, que no fue escuchada por la justicia y fue condenada a 8 años de prisión por un aborto espontáneo.
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La justicia “dispone” sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, una justicia que nada tiene que ver con las mujeres trabajadoras y pobres, una justicia machista que no nos escucha, nos criminaliza y se apoya en el poder político y la iglesia.
El Estado y la Iglesia también son responsables
Durante más de una década, los gobiernos kirchneristas, en connivencia con el PRO y el Frente Renovador, negaron el tratamiento en el Congreso del proyecto de Legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado 5 veces. En 2016, noventa y cinco años después de que el aborto no punible fuera incorporado al Código Penal argentino, las presiones de políticos, jueces y la Iglesia católica, continúan obstruyendo su aplicación.
La cruzada del macrismo contra las mujeres está sostenida por un gobierno de CEO’s y titulares de empresas y fundaciones egresados de la Universidad Católica Argentina (UCA) o enrolados en el reaccionario Opus Dei. Las 3000 vidas de mujeres que se cobró la década kirchnerista tiene como único responsable al Estado y con el gobierno de Macri el panorama no parece “cambiar”.
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Vivas nos queremos, al frente por nuestros derechos
Para alcanzar el aborto libre, seguro y gratuito, es imprescindible la movilización de miles de mujeres en las calles, y la organización en nuestros lugares de trabajo, de estudio y en el barrio. Como se vió en la masiva movilización por #NiUnaMenos.
