El trabajador del subte, miembro del Secretariado Ejecutivo de AGTSyP y militante del PTS en el Frente de Izquierda Unidad, intervino en el Plenario de Comisiones que trata la Ley Ómnibus acerca de cómo afectan a los trabajadores las medidas propuestas por el Poder Ejecutivo. Aquí su intervención completa.
Martes 16 de enero de 2024 14:24
Soy Claudio Dellecarbonara, trabajador del subterráneo de Bs As desde el año 1995 y miembro del Secretariado Ejecutivo de AGTSyP, el sindicato de trabajadoras y trabajadores del subte y premetro.
Me voy a referir puntualmente al Título III “Reforma del Estado” del inconstitucional DNU 70/23. En el Capítulo II - Artículo 48 que dice “Las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquier sea el tipo o forma societaria adoptada, se transformarán en Sociedades Anónimas.” Cuestión que amplía la Ley ómnibus en el capítulo I.
Muchos legisladores, organizaciones sociales, trabajadores, científicos y especialistas de distintas áreas han señalado ya el daño que significan para el pueblo trabajador la entrega y privatizaciones de áreas estratégicas.
Yo voy a exponer en calidad de trabajador de una de las nefastas privatizaciones de Menem. El primer problema que tiene esta discusión es considerar a los servicios públicos como un negocio cuando en realidad cumplen una función social primordial para las mayorías populares. El discurso en los años 90s para justificar las privatizaciones, por ejemplo, de los servicios de transporte público, se basaban en la falta de eficiencia y en las supuestas pérdidas que le producían al Estado. Decían que al entregarlos a los privados los servicios iban a estar a la altura de los países europeos. Como sabemos todo esto resultó una gran mentira y las privatizadas sólo demostraron ser un gran negocio para los empresarios prebendarios y un enorme problema para sus trabajadores y usuarios. Los empresarios han embolsado fortunas siderales no solo por las tarifas infladas artificialmente y los negocios atados a la explotación del servicio, sino también por los millonarios subsidios que reciben del Estado, Las privatizadas no solo no garantizan servicios eficientes, cómodos, seguros y accesibles, además, para asegurar sus ganancias son capaces de poner en riesgo la vida de sus trabajadores y los usuarios.
No podemos dejar de mencionar como luctuosos ejemplos el crimen social de Once donde hubo 51 trabajadores muertos en 2012 producto de la falta de mantenimiento, responsabilidad de TBA-grupo Cirigliano, o el caso del subte y la crisis sanitaria provocada por el asbesto, un material cancerígeno que está prohibido desde el 2003 y que ya provocó la muerte de por lo menos de 3 trabajadores, afecto la salud de 100 personas entre trabajadores y usuarios además de ser un riesgo constante y cotidiano para millones de personas. Hay que mencionar también las miles de muertes obreras que hay anualmente producto de la desidia de las empresas.
El grupo Roggio, dueño de Metrovías-Emova, es un ejemplo de esos empresarios criminales que se quedan con las privatizaciones. Hizo su fortuna durante la última dictadura militar, se benefició de negocios garantizados por todos los gobiernos y su titular, Aldo Roggio es uno de los arrepentido de la causa cuadernos, o sea un corrupto confeso. Para favorecer a este empresario el expresidente Macri realizó, en 2011, una compra sin licitación de vagones al metro de Madrid sabiendo que contenían asbesto, pagándolos como nuevos cuando ya eran chatarra.
En todos estos casos somos los propios trabajadores y usuarios los que denunciamos estos negociados y nos organizamos para revertirlos. En el caso del subte fuimos los trabajadores a través de nuestra organización los que denunciamos desde los 90 las pésimas condiciones de trabajo y de viaje, la falta de inversión, mantenimiento y obras. Fuimos nosotros quienes descubrimos y denunciamos la crisis del asbesto y conquistamos avances importantes contra la negativa y la campaña antiobrera de la empresa Metrovías-Emova y el Gobierno de la Ciudad. Esa pelea continúa aun exigiendo el retiro del asbesto de toda la red.
Entendemos que tanto el DNU como la Ley ómnibus son un intento de ataque mayor a las condiciones de vida y de trabajo de las mayorías obreras y populares y en favor de un grupo de empresarios y multinacionales. Sabemos que somos los trabajadores y el pueblo quienes debemos enfrentarlas porque somos los que ya los venimos sufriendo y vamos a sufrirlas aún más, somos quienes siempre ponemos los muertos cuando se implementan estas políticas, estas contrarreformas y los planes de ajuste.
Por eso, los trabajadores vamos a observar bien cómo vota cada legislador para tenerlo muy en cuenta y este 24 vamos a parar y a movilizar con la CGT y la CTA porque no hay tiempo que perder. Pero, no podemos depender sólo de la voluntad de los dirigentes de las centrales sindicales para darle continuidad a la lucha contra el ajuste, por eso llamo a todas las trabajadores y trabajadores a tomar en sus manos la preparación de un plan de lucha activo sostenido en el tiempo, cuyo primer paso debería ser el paro del 24, a realizar asambleas, reuniones y todo tipo de acciones que preparen la huelga general hasta derrotar el DNU, la Ley Ómnibus y este plan de guerra del gobierno contra la clase trabajadora y los sectores populares.
Si los trabajadores nos ponemos de pie, este ataque no pasará.
