El sanatorio es propiedad del mismo dueño de la Clínica del Norte de Villa Adelina, que en abril fue clausurada por negligencia y el ocultamiento de un caso de COVID19.
Domingo 7 de junio de 2020 14:35
Según el informe de INFOBAE, la Secretaría de Fiscalización y Control local resolvió la clausura preventiva del sanatorio Pelliza, después de una inspección donde determinó irregularidades que incluyen el incumplimiento del protocolo de COVID 19. Frente a la clausura, el PAMI rescindió su contrato con la firma ROPHE S.A., e inició el traslado de los pacientes internados a otros sanatorios.
Benjamín Teitelbaum, propietario de ambas clínicas se encuentra detenido, enfrentando cargos por “propagación dolora”, y según el mismo diario, los trabajadores ya venían denunciando irregularidades sanitarias de la clínica para maximizar las ganancias reduciendo costos al mínimo, así como prácticas de hostigamiento laboral. Al momento, la clínica estaría empleando a 300 trabajadores que se quedan en la calle y denuncian ser quienes terminan pagando “los platos rotos” por el negociado que las clínicas privadas hacen de la salud y reclaman que el Estado se haga cargo de la situación.
Este caso no es aislado, varias clínicas privadas vienen siendo focos de denuncia por negligencia y poner en riesgo miles de vidas de trabajadores y sobretodo de los sectores más pobres.
Al respecto, Adelaida Jiménez, docente y referente del PTS – Frente de Izquierda en la zona, declaró: "Yo tuve a mi hijo en esa clínica, que es una de las pocas clínicas con las que trabaja IOMA, y recibí buena atención de las y los médicos y enfermeras que son los que le ponen el cuerpo todos los días, aunque sé que hay muchas denuncias que saltan a la luz, por las malas condiciones en que son obligados a trabajar y la falta de regulación del Estado. Los trabajadores no se pueden quedar sin su fuente de subsistencia por los negociados de los propietarios que anteponen siempre su ganancia al derecho a la salud, el Estado se tiene que hacer cargo.”
Y agregó: “Por eso, desde un principio de la pandemia, venimos denunciando que no se puede seguir mercantilizando el acceso de la salud. Es una necesidad urgente que el Ministerio unifique los sistemas público y privado. Se debe triplicar la partida presupuestaria en salud, para cubrir insumos y para mejorar las condiciones de los miles de trabajadores y trabajadoras que le están poniendo el cuerpo cada día a la pandemia. Para esto es necesario cobrar un impuesto a las grandes fortunas y que el Estado deje de fugar recursos al pago de la deuda”.
