¿Contribuirá a la pacificación de México el proceso legal emprendido por la Cancillería mexicana contra empresas estadounidenses que fabrican y distribuyen armas?
Lunes 20 de septiembre de 2021
El 19 de septiembre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) emitió el comunicado No. 425 en el cual la Cancillería Mexicana en Estados Unidos dio a conocer el plazo que estableció la Corte Federal del Distrito de Massachusetts (Boston) para que distintas empresas fabricadoras y distribuidoras de armamento respondan a las acusaciones de tráfico ilegal de armas a México que autoridades nacionales llevaron a cabo a través de una demanda iniciada el 4 de agosto pasado.
La Corte estableció que la defensa legal de las empresas demandadas tiene hasta el 22 de noviembre de este año para dar su respuesta. Tras cumplir ese plazo, el Gobierno de México tendrá que hacer llegar su réplica antes del 31 de enero de 2022. Finalmente, el proceso legal contempla que las compañías demandadas deberán presentar su contrarréplica antes del 28 de febrero de 2022.
Algunas de las empresas demandadas son Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta USA, Beretta Holding, Century International Arms, Colt’s Manufacturing Company, Glock, Inc., Glock Ges.m.b.H., Sturm, Ruger & Co., así como las distribuidoras Witmer Public Safety Group e Interstate Arms.
Datos expuestos por autoridades mexicanas hablan de un ingreso ilegal anual de 500 mil armas estadounidenses hacia México. Las estadísticas del Inegi muestran que en 2019 ocurrieron 36,661 homicidios, mientras que en 2020 fueron 36,579.
Respecto a las cifras específicas del 2019, el propio gobierno mexicano calcula que en 17 mil de dichos asesinatos fueron utilizadas armas fabricadas y/o distribuidas por las empresas mencionadas, mismas que entraron al país de manera ilegal desde los EEUU.
Además de lo mencionado, otro de los fundamentos en que, a decir de autoridades mexicanas, se sostiene la querella iniciada contra las empresas de armamento, deriva del juicio a Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “El Larry”, aprehendido a finales de 2017 en Etchojoa, Sonora, a causa del asesinato de la periodista Miroslava Breach, en la ciudad de Chihuahua, el 23 de marzo de ese mismo año.
“El Larry” era jefe de sicarios de una célula de la facción del Cartel de Sinaloa llamada “Los Salazar”, la cual opera a lo largo de las zonas serranas de Sonora, así como en el noreste de Sinaloa y el suroeste de Chihuahua. En el proceso judicial en su contra, salió a relucir que “Los Salazar” controlan buena parte de lo que sucede en la parte oriental de la frontera entre Sonora y Arizona, así como a lo largo de varios kilómetros de la que divide a Chihuahua con Nuevo México.
El dominio de dicha facción, por una parte, condiciona fuertemente la dinámica política de los municipios que se encuentran dentro de su territorio de operaciones, y, por otra, determina lo que cruza de manera ilegal de un lado a otro de las zonas fronterizas que controla: personas, dinero, todo tipo de mercancías robadas, drogas, y armas.
Para el trasiego de esto último, existe vinculación entre empresas estadounidenses fabricantes y distribuidoras de armas con células de organizaciones de narcotraficantes, según información que emergió en el juicio mencionado.
Algunas cifras sobre el negocio de las armas
Sin embargo, los datos expuestos anteriormente no rebelan nada nuevo. La llamada “guerra contra el narcotráfico”, desde sus inicios en 2006, ha sido bastante redituable para el sector empresarial armamentístico gringo.
Veamos un ejemplo: en 2009, a la mitad del sexenio de Felipe Calderón, el gobierno de EEUU implementó la operación “Rápido y Furioso”, a través del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).
Dicho operativo incluía la contratación de traficantes para que compraran armas de alto poder con el objetivo de venderlas, a su vez, a narcos mexicanos para después rastrearlas y, supuestamente, desmantelar la red de tráfico de armamento hacia México. Ello se llevaría a cabo a través de chips de rastreo instalados secretamente en los rifles de asalto.
“Rápido y furioso” resultó ser una farsa. Agentes implicados afirmaron que el rastro de las armas se perdió poco tiempo después de ser vendidas. No obstante, millones y millones de dólares inflaron los bolsillos de accionistas de empresas como las mencionadas Interstate Arms, Colt y Barret. Los fusiles de asalto AK47 (WASR-10) y los rifles Barret Calibre .50 son solo algunas de las armas que utilizan los cárteles mexicanos. En su momento fueron incluidas en el “catálogo” de “Rápido y Furioso”.
Para darnos una idea del dinero que se mueve en este negocio, mencionemos algunos datos: sitios web como “Gunbroker” ‒con sede en Kennesaw, Georgia, Estados Unidos‒, dedicados a la subasta y venta de armamento, manejan distintos precios para los rifles Barret calibre .50, los cuales pueden ir desde los 9,200 dólares (modelo M82A1 semiautomático) hasta los 10,431 dólares (modelo M107A1, también semi automático), es decir, entre 185,000 y 210,000 pesos mexicanos por unidad. Un paquete con 200 tiros cuesta 849 dólares; alrededor de 17,000 pesos. Cada disparo de estas armas tiene un costo de cerca de 90 pesos, según el tipo de cambio actual.
En la página oficial de la empresa Barret no aparecen ofertados los fusiles mencionados por unidad. Lo que sí se ofrece son cartuchos ("case") con capacidad para 25 balas, los cuales cuestan 134 dólares, o sea, 2694 pesos.
Por su parte, el mencionado modelo WASR- 10 de los fusiles AK47 -mejor conocidos como “cuernos de chivo”- son ofrecidos, en "Gunbroker", por 879 dólares, es decir, 17,697 pesos mexicanos por unidad.
Evidentemente estos costos tienen grandes incrementos en el mercado negro. No obstante, la llamada guerra contra el narcotráfico genera jugosas ganancias tanto para fabricantes y distribuidores de armas, como para quienes venden esas mercancías en la ilegalidad.
Con militarización no se pacifica México
La demanda interpuesta por el gobierno de AMLO puede haber generado ilusiones en amplios sectores, ya que se trata de una medida novedosa. Sin embargo, la industria armamentista estadounidense moviliza inmensas cantidades de dinero, por lo que es poco probable que la Corte Federal del Distrito de Massachusetts actúe contra los intereses de este poderoso sector de la burguesía estadounidense; históricamente, la Industria de armas y Asociación del Rifle han gozado de la protección del gobierno yankee.
Además de esto, a lo largo y ancho del territorio mexicano se mantiene el despliegue de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Marina, cuando el Morena había prometido durante la campaña electoral de 2018 que los uniformados volverían a los cuarteles. La violencia sigue al alza, mientras el crimen organizado prospera.
En los hechos, con una nueva fuerza represiva, el gobierno de López Obrador ha dado continuidad a la estrategia de seguridad desplegada desde el sexenio del panista Felipe Calderón, a pesar de que en sus discursos oficiales el presidente no se cansa de agitar su estrategia de “abrazos, no balazos”. Más allá de ello, también se ha profundizado la injerencia del imperialismo estadounidense en México, tanto en el terreno económico como político, con la implementación del T-MEC.
Como señalamos en esta nota, “No habrá pacificación del país si no es a través de la desaparición de uno de los principales negocios del narcotráfico, legalizando todas las drogas, estatizando esta industria y poniéndola a funcionar bajo el control de sus trabajadores y usuarios, medida que debe estar acompañada de la desmilitarización total del país y la disolución de la Guardia Nacional que reprime trabajadores, normalistas, jóvenes y migrantes”.
