Vaca Muerta. Claves del decreto que premia a las petroleras con un nuevo “barril criollo”

Luego de semanas de suspenso, el gobierno publicó en el Boletín Oficial el Decreto N° 488/20 que establece un precio sostén del petróleo, tal y como lo reclamaba el lobby empresario. Las entregas de petróleo crudo se comercializarán a un precio de referencia de USD 45 por barril, diez dólares por encima de la cotización actual del petróleo Brent.

La medida lleva la firma del presidente Alberto Fernández, el jefe de gabinete Santiago Cafiero, y los ministros de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y de Economía Martín Guzmán. Regirá hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta que la cotización internacional del barril Brent supere los USD 45 durante diez días consecutivos.

La reedición del “barril criollo” responde al reclamo de las empresas productoras no integradas, es decir las que sólo extraen pero no refinan el crudo, ni producen combustibles. Dentro de este sector se ubican firmas como Tecpetrol, de Paolo Rocca, Vista Oil & Gas, del “mago” Galuccio, la yanqui Chevron o Pluspetrol.

También, era reclamada por los gobiernos de provincias como Neuquén, Santa Cruz y Chubut, cuyos ingresos dependen en buena medida de las regalías hidrocarburíferas.

Las refinadoras como Raizen (que opera la marca Shell) y Trafigura (estaciones Puma), junto a las productoras integradas como YPF S.A. y Pan American Energy (estaciones Axion Energy), y los empresarios estacioneros, también festejan. Es que, a diferencia de lo que se suponía, el decreto no congela los precios de las naftas, y en cambio sí congela los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono hasta octubre.

Qué dice y qué no dice el Decreto 488/20

• Las entregas de petróleo se deberán realizar tomando como referencia para el crudo tipo Medanito el precio de USD 45 por barril. La medida tiene vigencia hasta el 31 de diciembre, o hasta que la cotización internacional del petróleo Brent supere ese valor por 10 días consecutivos.

• La alícuota de los derechos de exportación (retenciones) desciende al 0% mientras que el precio internacional sea menor a USD 45 por barril. Sólo pagarán un 8% (el porcentaje hasta el que fueron reducidas las retenciones para los hidrocarburos con la “Ley de Solidaridad” de diciembre de 2019), de superar los USD 60 por barril.

• Se pospone la suba del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), que por ley se actualizan de manera trimestral.

• El decreto no congela los precios de las naftas. Se puede decir que estableció un piso para el precio de los combustibles (del que las empresas no bajarán), pero no un techo, por lo que, a diferencia de lo que podría suponerse, mientras el precio internacional del barril se redujo, las naftas podrían en algún momento aumentar. Estas dos medidas, hicieron que las refinadoras (que protestaron contra el primer borrador de decreto porque se benefician con un mayor margen de ganancia cuanto menor es el precio del barril), también celebren.

• Las refinadoras y comercializadoras no podrán importar crudo ni productos que se encuentren disponibles en el mercado interno.

• Las empresas productoras no accederán al mercado de cambios para la formación de activos externos ni podrán adquirir títulos valores en pesos para su posterior venta en moneda extranjera (la operación conocida como “contado con liquidación” con la que las grandes empresas se hacen de dólares).

• Se actualiza el valor de las multas a las empresas que incumplan obligaciones establecidas en los permisos y concesiones, estableciéndolo en un rango que equivale al precio interno de entre 22 y 2200m³ de petróleo.

• Las empresas productoras deberán sostener los contratos vigentes con las empresas de servicios regionales y deberán mantener la planta de trabajadores y trabajadoras que tenían al 31 de diciembre de 2019. Hay que tener en cuenta que, tras el hachazo del 40% del salario neto acordado por los jefes de los sindicatos petroleros como Guillermo Pereyra, sumado a la exención de realizar aportes patronales, las empresas redujeron alrededor de un 60% los costos salariales. Pero a eso hay que sumar que las propias petroleras acceden al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (conocido como ATP), por lo que los desembolsos en salarios se reducen realmente al mínimo. Así y todo, resta ver si este artículo del decreto se convertirá en papel mojado, como el DNU de “prohibición de despidos y suspensiones”.

¿Quién paga este beneficio a las empresas?

La medida es una reedición del “barril criollo” que estableció en 2014 el entonces ministro de Economía Axel Kicillof, por medio de la Resolución 1077/14. Gracias a esa resolución, en los años 2015, 2016 y 2017 el mercado local pagó un precio 39,7 %, 34,7 % y 4,4 % superior al precio internacional. Por medio de ese sobreprecio, fueron transferidos a las operadoras U$S 5.370 millones extra solo entre diciembre de 2014 y mayo de 2016.

Con esta medida las petroleras obtienen un nuevo beneficio por parte del gobierno, y logran que la caída del precio del crudo no se traduzca en una baja de las tarifas de los combustibles, tarifas que afectan la formación de precios en toda la economía. Se trata de un costo que asume todo el pueblo trabajador.

Las empresas lo lograron sin siquiera abrir sus libros de contabilidad y demostrar cuáles son sus costos de producción. Ocultan sus números y no demuestran si realmente tienen pérdidas o por el contrario, en el período que pasó tuvieron fabulosas ganancias y hasta repartieron dividendos durante la propia pandemia.

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¿Por qué sólo pueden producir con un barril de USD 45? El propio Claudio Lozano, miembro de la coalición gobernante y Director del Banco Nación, publicó hace algunas semanas un estudio en el que sostiene que con U$S 19 por barril, las petroleras cubren sus costos y una “ganancia normal” del 20%. Pero para el gobierno, las ganancias de las empresas del sector, que hicieron fortunas gracias a subsidios del estado, no se cuestionan.