NO SERIAN LOS UNICOS. Claves del escándalo de las coimas a fiscales en Rosario

El empresario del juego clandestino Leonardo Peiti estaba siendo investigado, junto a otras personas, por la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de la Fiscalía penal de Rosario. Era por delitos vinculados con el juego ilegal y extorsiones a comerciantes y empresarios, con estrecha relación con la banda de Los Monos. La investigación se inició a partir del atentado al casino Citycenter de enero de este año, en el que resultó muerta una persona.

Luego de ser citado a audiencia imputativa Peiti finalmente declaró como imputado colaborador ("arrepentido"), y relató que hacía cerca de dos años pagaba coimas de entre cuatro y cinco mil dólares mensuales al jefe de los fiscales de Rosario Patricio Serjal, y al fiscal Gustavo Ponce Asahad. A cambio recibía protección judicial mediante el desvío de causas en su contra, y también se le proporcionaba información clave que le permitía tomar recaudos frente a las investigaciones penales en curso que llevaban adelante otros fiscales. Peiti aportó testigos y pruebas, entre ellas filmaciones que acreditaban la existencia de algunas de esas reuniones.

Luego de que trascendiera la información revelada por el empresario, Serjal renunció: primero a su puesto de jefe de los fiscales y luego a su cargo de fiscal. Ponce Ashad y el ex jefe de fiscales fueron imputados y se les dictó prisión preventiva. Se los acusa de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, transmisión de datos reservados y peculado. En las respectivas audiencias imputativas se ventilaron, además de pruebas que los inculpan, datos que involucran a políticos, jefes policiales y otras personalidades en esta trama.

Antecedentes

La revelación pública de los hechos que involucran a Serjal y Ponce Asahad no caen como rayo en cielo sereno: el exjefe de los fiscales ya había sido noticia en otras oportunidades por hechos sospechosos que nunca fueron investigados. En noviembre pasado favoreció a un empresario acusado por delitos económicos. La causa que lo tenía como imputado fue archivada por Serjal, que semanas más tarde aparece como comprador de dos automóviles cero kilómetro de alta gama en una concesionaria propiedad del empresario en cuestión. La investigación sobre este hecho fue enviada a la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura de Santa Fe, pero no prosperó por la oposición de varios legisladores.

El diputado Carlos Del Frade, quien actuó como acusador en ese caso, denunció que varios de sus colegas trabaron el desarrollo de la investigación contra Serjal ya que habían recibido favores de su parte. "Hay un acuerdo entre legisladores de distintos partidos por los favores que les hizo Serjal con retiro de causas. Por eso tiene protección", reveló Del Frade.

Otro caso en el que está involucrado Serjal es el de la megacausa inmobiliaria, que investigaba a empresarios de peso por una enorme estafa a partir de la falsificación de documentos para transferir ilegalmente propiedades inmobiliarias. En esta causa la fiscalía retiró la acusación contra varios imputados de renombre, como el CEO del diario La Capital, Pablo Abdala, o el agente de Bolsa Jorge Oneto. El fiscal interviniente Sebastián Narvaja explicó que su jefe Patricio Serjal había ordenado no continuar la investigación contra algunos acusados.

En el mismo lodo, todos manoseaos...

Entre las personas que aparecen en la causa por juego ilegal y extorsiones se encuentra el senador provincial y jefe de la bancada del PJ, Armando Traferri. Este habría intentado contactarse con el integrante de la banda delictiva Leonardo Peiti a través de una persona de su círculo político, según consta en un audio dentro de la causa. Aún no trascendió más información sobre qué relación existe entre Traferri y Peiti. Consultado sobre esta cuestión el jefe provincial de los fiscales, Jorge Baclini, aseguró que "todo lo que surja de la investigación lo seguiremos hasta el final", y que la fiscalía será "inflexible". A la vista de los antecedentes de la flexibilidad que tuvo la fiscalía en el pasado, hay que permitirse sospechar de esta afirmación.

También constan en el expediente imágenes en las que aparece Peiti junto a Aníbal Porri, abogado, extesorero del Colegio de Abogados, y letrado del Sindicato Municipal de Rosario. En una de las tantas reuniones que Peiti mantuvo con Ponce Asahad, se lo ve a Porri trasladándolo al punto de encuentro con el fiscal. El teléfono del abogado fue secuestrado dentro de la causa como material probatorio.

De esta trama también participa un exjefe policial, Alejandro Torrisi. Se lo señala como integrante de una banda que hacía negocios con Los Monos, y fue detenido hace algunas semanas con 150 mil pesos de un casino clandestino. Como derivación de esta detención fue allanado el comisario Eduardo Ramus luego de comprobarse que existe una relación con Torrisi. Ramus es el jefe de la Agencia de Investigación Criminal de Rosario, encargada de investigar los delitos complejos, de los que se sospecha que es parte.

Te puede interesar: Perotti refuerza el aparato represivo con mil millones de pesos

Policías, senadores, fiscales, abogados: una trama que muestra cada vez más la ligazón entre el gran delito y el Estado. Mientras tanto días atrás el gobernador Perotti decretó la emergencia en seguridad, y anunció la asignación de mil millones de pesos para "construcciones, maquinarias, compra de equipos de seguridad y financiamiento de programas de seguridad comunitaria". Es decir, fondos para la policía santafesina, una de las grandes partícipes de todos los negocios ilegales.