Las instituciones de salud y el gobierno siguen cuestionados por la muerte de una adolescente de la marginalidad social engendrada por este actual sistema. La niña del SENAME, Daniela Vargas, de sólo 13 años de edad quien no recibió un órgano para salvar su vida. ¿Qué dicen los responsables?
Kevin Bustamante Médico de Familia, trabajador de Atención Primaria de Salud, militante del PTR.
Sábado 11 de noviembre de 2017
Desde la institución privada de salud, Red de Salud UC Christus (los pro-vida), dicen que "nunca se recibió una respuesta al requerimiento realizado que asegurara los cuidados post operatorios que necesitaría Daniela" y que de esta manera no se podía desperdiciar un órgano suponiendo las condiciones económicas y familiares que no permitirían delegar esa responsabilidad a las familia y/o el SENAME.
La Ministra de Salud ya cuestionada antes por ser accionista de la quebrada Isapre MasVida no se inmuta para decir que "nosotros no discriminamos a los niños por ser de Sename, pero sí tenemos que asegurar de que no hay riesgo después de la intervención. Es importante tener la seguridad porque esta niñita vivía en la isla de Chiloé y tenía que venirse a Santiago y tenía que quedarse después de la cirugía en Santiago ojalá de por vida", precisó.
El coordinador Nacional de Trasplante, José Luis Rojas, quien participó como asesor del comité de ética que definiría el acto quirúrgico mencionó que "tenemos que trasplantar y que se aseguren las condiciones mínimas de que ese órgano va ser y va a funcionar bien, y no que después se pierda por poco cuidado porque no hay ningún responsable".
Pero claro que hay responsables y se llaman Estado de Chile y empresarios de la salud. Estos niegan las causas económicas como gatillante de haber negado el órgano para la niña. Sin embargo, una institución de salud y el Estado (incluso constitucionalmente) deben asegurar el "derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona".
Por lo tanto, los límites del cuidado porst-operatorio de Daniela debieron ser asegurados por el Estado y ni hablar de que esta responsabilidad no la asumiría un ente privado como los que se dicen defensores de la vida, la Red de Salud UC Christus.
Su complementariedad público-privada demuestra que no está por asegurar el derecho a la vida y sí por cuidar los costos que significa hacerse cargo de una niña sin recursos. Terminar con las Isapres e instituciones privadas así de inhumanas debe ser una demanda social y política para que se aseguren los recursos nacionales en pos de la salud de toda la población, sin discriminación por situación económica, es decir, un Sistema Universal y Público de Salud.
