Hoy se puso en marcha en la provincia de Mendoza una prueba piloto de la CUS (Cobertura Universal de Salud). La medida alcanzará a 120.000 personas. Podría significar el primer paso hacia la mercantilización del modelo de Salud pública.
Martes 3 de octubre de 2017 20:47
Lo que se anuncia como un “moderno” y “ambicioso” sistema de cobertura universal en medios oficialistas como Clarín e Infobae esconde que el millonario reintegro del “fondo de las obras sociales” hacia la CGT es en perjuicio de los usuarios del sistema de salud pública y a favor de las patronales de la medicina privada.
Hace 14 meses y en medio de una “lluvia” de DNU, el presidente Mauricio Macri publicaba en el Boletín Oficial el Decreto 908/2016. Estableciendo un régimen excepcional de distribución de recursos para la salud.
En términos generales, el CUS es un seguro que tendrá aquel que no pueda afrontar gastos en salud ni tenga una obra social.
Para promocionar este modelo el mismo Macri señaló que “se incorporan 15 millones de personas que no pueden acceder al sistema solidario de obras sociales, ni al privado”. Lo señaló obviando que esas personas ya tienen a su disposición los hospitales públicos, por lo que la cobertura en salud ya es universal.
En lugar de aumentar el financiamiento de la Salud para abastecer a los hospitales públicos con personal, tecnología, insumos y medicamentos, lo que se hace es transferir una suma importante de dinero al sistema privado, precarizando al máximo la atención sanitaria.
Con acuerdo de la CGT se crea la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología de la Salud (AGNET), organismo encargado de dirigir los fondos de la CUS.
Acuerdo que beneficia a la Confederación General del Trabajo con un reintegro directo de $ 30.000 millones que eran destinados hasta el momento al Fondo de Redistribución Solidaria.
Según informó el diario La Nación hace pocos días “de los casi 30.000 millones, 2.704 ya se pagaron en efectivo a los gremios por deudas retrasadas; $ 14.267 irán a los sindicatos en bonos del tesoro 2020, cuyos intereses se pagarían de manera trimestral; $ 4.500 están aún congelados y serían para un fondo de emergencia ante una catástrofe natural o epidemia, y unos $ 8.000 serán destinados para la cobertura universal de salud”.
Si dividimos esa suma por la cantidad de ciudadanos que el Gobierno afirma que van a ser beneficiados el resultado daría unos $ 35 por paciente, por mes. Una suma ridícula considerando el valor de una canasta básica de cualquier obra social o prepaga.
El desvío de esos fondos que se le extraen al trabajador ya están bien ubicados: “activar mecanismos para hacer circular los millones de pesos que se atesoran en el FSR y auxiliar a las prestadoras médicas sindicales”. Fue el acuerdo del Ejecutivo con la burocracia veedora de la CGT.
Se alerta desde diversos sectores que esta implementación limitará las prestaciones en centros estatales y reducirá los servicios del Programa Médico Obligatorio, que, de cualquier manera, desde el Plan Federal de Salud instaurado por el ministro de Salud de Néstor Kirchner, Ginés González García, ha cambiado la forma de pensar la Salud pública hacia una forma mercantilizada con la idea de “prestación”. Eso implicó no destinar fondos importantes y significativos para el desarrollo de políticas en Atención Primaria de la Salud y de participación comunitaria.
Con esta cobertura, ya no cualquiera podrá tener acceso a un hospital, sino que debe estar registrado para poder hacerlo. Esto implica que aquel que necesite atención sanitaria tendrá un límite de “acceso”, lo cual es radicalmente opuesto a lo que se considera “universalidad” en términos de sistemas sanitarios. Y podrá utilizar solo la "canasta básica" que el Estado brinde.
En el caso de que las necesidades médicas están por fuera de lo que el decreto dice que es responsabilidad del Estado, se deberá recurrir al sector privado. Cabe aclarar que no hay especificidad sobre qué brindara y qué no y cuál es esa “canasta básica de prestaciones”, pero sí implica restricciones, ya que la financiación por paciente es bajísima y con el término “básica” podemos suponer que aquello que débilmente el Estado ofrece como alta complejidad iría desapareciendo paulatinamente.
Una de las voces disidentes que se pronunciaron en contra de este decreto es Daniel Gollan, ex ministro de Salud quien señaló que "esto se ha instrumentado en varios países y lo que genera es que toda la población pasa a tener un límite en la cantidad de prestaciones que va a recibir dentro del hospital". Agregó además que esto quiere decir que “va a haber cosas que hoy no pagamos, que están cubiertas por el Programa Médico Obligatorio o que el hospital público no le pone un tope, se comenzarán a pagar".
También se expresó Guillermo Pacagnini, secretario general de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (Cicop) argumentando que “estos son los primeros pasos para montar un sistema de identificación de pacientes, un verdadero carnet electrónico de pobreza”. Señaló además que “con la llamada CUS, el Gobierno pretende seguir reduciendo el presupuesto y sustituir el sistema universal financiado por el Estado, reemplazándolo por un seguro para pobres y propiciando el arancelamiento y la tercerización de servicios". Desde la CTA piensan impulsar jornadas de debate y una movilización para el mes de noviembre en contra de la CUS.
El caso colombiano
En Colombia existe un sistema de Salud muy parecido al cual se intentara implementar en nuestro país.
El sistema de salud colombiano nace con la Ley 100 que se concibió como la solución a la problemática que existía en el país de acceso a los servicios de salud.
Con la Constitución de 1991 empieza a darse una transformación a los recursos de los subsidios y se establecen unos agentes nuevos conocidos como EPS (Empresa Promotora de Salud). Cuya función es articular la gran cantidad de recursos que existen en el sistema con las necesidades que tiene cada afiliado. Muy parecido a cómo funcionaría el CUS en Argentina.
En los últimos años, el sistema ha caído en una crisis evidenciada en las múltiples quejas de los usuarios por la precaria atención, siendo hoy un gran problema el acceso de la población a medicamentos. Además el 60% de los costos de los tratamientos se hace a través de una medida judicial habiendo pasado de unos $ 200 mil millones en el año 2002 a $ 2,5 billones, en el año 2009.
Según Jaime González Montaño, gerente general de Coosalud, EPS del régimen subsidiado; y Carlos Francisco Fernández, ex presidente de la Asociación colombiana de Sociedades científicas, fueron diversas las causas que han llevado al sistema de salud a atravesar por esta crisis.
“El gran problema de la Ley 100 fue que se basó en unos supuestos económicos que no se cumplieron”, señalan.
Estos “supuestos económicos” -que preveía el Banco Mundial harían (profundizando las políticas neoliberales) crecer a la economía anualmente en un 4 %- nunca ocurrieron. Por lo que se dio un desfinanciamiento del régimen subsidiado y destinado para los EPS.
Cabe señalar que detrás de la implementación del CUS en Argentina, la continuidad o no de ítems de salud que seguirán siendo de acceso gratuito será dictaminado dentro de un criterio contable que establece justamente el Banco Mundial.
Este plan, al mismo tiempo, implica una eventual precarización de las condiciones sanitarias que brindan las obras sociales. En el artículo antes citado de La Nación se leen las declaraciones de un dirigente sindical que se queja porque los “obligan a pagar cualquier medicamento”. Toda una confirmación de que, en esta área, a la dirigencia burocrática tampoco le importa la salud de los trabajadores y sus familias.
