Viernes 12 de diciembre de 2014
Imagen: dienteleche
Un doble vallado policial alejaba a los asistentes a la Audiencia Pública por la reforma del Código de Faltas, futuro Código de Convivencia, unos 400 metros de la Legislatura. Quienes concurrieron a participar debían pasar primero por un cordón policial con rejas de 2 metros de altura. Allí los guardias pedían el DNI y revisaban una lista, previamente armada. Una vez dentro del perímetro un segundo control repetía el proceso. La prensa no pudo entrar libremente, a integrantes del programa de tv Giro a la Izquierda no se les permitió acceder al recinto y se impidió el ingreso de fotógrafos con sus respectivas cámaras. Las palabras "audiencia pública" y "convivencia" demostraron ser un eufemismo en boca de De la Sota.
Los más de 60 oradores que participaron en representación de diversas organizaciones y sectores se expresaron, en su mayoría, en contra de las modificaciones planteadas al actual código de Faltas. Las reformas propuestas por el delasotismo fueron blanco de la denuncia y la insatisfacción durante las más de 5 horas que duró la audiencia.
Los pedidos de las organizaciones fueron desde solicitar reformas estructurales hasta la derogación lisa y llana del Código de Faltas actual y que no se promulgue uno nuevo. Los puntos más relevantes sobre los que se criticó fueron las formas abiertas y ambiguas con las que se nombra a conductas que pueden señalar actos ilícitos como "reuniones tumultuosas, agresiones, agravios verbales contra personal que trabaje para el estado, actos contrarios a la decencia pública", entre otras. Lo que deja lugar a la discrecionalidad de la policía para actuar.
Entre los organismos de derechos humanos la denuncia recurrente fue que la propuesta de reforma era una continuación y recrudecimiento de la criminalización de la pobreza y la protesta social mientras deja impunes a sectores tradicionalmente empoderados, y se denunció su inconstitucionalidad. Así lo remarcó Juan Pablo Aguilar, miembro del CeProDH, afirmando “el articulado del proyecto consagra en su artículo 70 algo muy parecido al desacato, figura que se dio de baja en 1993, lo mismo el artículo 120 cuando se habla de quien queme cauchos o gomas. Esto está destinado a criminalizar a los sectores populares cuando salen a reclamar y muchos de los sectores que salen a reclamar salen a hacerlo por qué son víctimas la persecución policial. Agregó “este debate no se puede limitar a una audiencia pública, debe escucharse las voces de todos los barrios periféricos quienes han sido los que han sufrido la criminalización y la violación de todos sus derechos constitucionales y que lo van a seguir siendo con esta reforma”.
Al finalizar la audiencia la legisladora provincial por el PTS en el Frente de Izquierda, Laura Vilches, sostuvo, “la amplia mayoría se manifestó en contra de esta reforma considerando que no modifica los aspectos más antidemocráticos del Código de Faltas” y agregó “sigue siendo una herramienta de represión sobre la juventud y la policialización que realiza el gobierno provincial, ahora también incrementa la criminalización de la protesta social”. Con respecto al vallado policial la legisladora de izquierda afirmó “denunciamos la militarización de la Legislatura, con la presencia de la Guardia de Infantería de la Policía y el vallado que rodea la cuadra, exigiendo que se retiren pero por el oficialismo fue el legislador Sergio Busso quién se negó. Esto evidencia además que tienen temor a que se manifieste el gran descontento popular que existe con el Código de Faltas y esta falsa reforma. Adelantamos nuestro rechazo a este proyecto que será tratado la semana próxima en la legislatura”.
Calificar este evento como un avance democrático, en medio de una verdadera militarización de la legislatura es inaceptable. Nos habla a las claras a qué se refiere el gobierno provincial cuando habla de "convivencia": significa más policía, más controles arbitrarios y más violencia. A pesar de su discurso de consenso el oficialismo cordobés quedo en soledad.
