Ayer comenzó a aplicarse el nuevo Código de Convivencia en Córdoba. Luego de muchas idas y vueltas, fue aprobado el pasado 2 diciembre con una legislatura fuertemente vallada.
Leticia Celli Abogada | CeProDH
Sábado 2 de abril de 2016
En el interior del recinto legislativo todos levantaron la mano para aprobarlo, a excepción de la izquierda, con mi compañera Laura Vilches, del PTS en representación del FIT, a la cabeza.
Una mirada general del texto de la ley muestra su inconstitucional similitud con el código penal: una parte general, una especial, agravantes, la naturaleza de las penas estableciendo trabajo comunitario-además de las multas, arresto e inhabilitación- como la extensión del mismo. Presentado como una nueva norma que tomaría en cuenta los mayores cuestionamientos hacia el Código de Faltas de todos estos años, la realidad es que lejos de ellos, es una normativa que contraría absolutamente lo establecido por el artículo 18 y cc de la Constitución Nacional, además de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.
Muchos sectores se entusiasmaron con las modificaciones aplicadas. La eliminación de determinadas figuras contravencionales como la mendicidad o la prostitución escandalosa, por ejemplo, pueden parecer progresivas en relación al antiguo Código de Faltas.
En el mismo sentido se pueden tomar dos incorporaciones: la exigencia de un abogado defensor y que ahora será el ayudante fiscal quien resuelva la pena y no el comisario. En el primer caso, no se especifica cómo se va aplicar, lo cual muy posiblemente lleve a su incumplimiento sistemático; y en el segundo se continúa violando un principio constitucional, que sólo un juez puede condenar a una persona.
Sin embargo estas “correcciones” mantienen igual su esencia ilegal y el ataque a derechos y libertades democráticos de las personas.
Este claro contenido gatopardista se puede ver en la pervivencia de una de las más controversiales figuras –que es además la más utilizada por la Policía-, la del “merodeo”, que se reemplaza (aunque se mantiene para el caso de las zonas rurales) por la figura más detallada de la “conducta sospechosa”. Se siguen penalizando actitudes y conductas y no hechos comprobables. El artículo 70 de la nueva ley intenta precisar la figura y “detalla” determinados comportamientos, pero los que no están ya previstos en el código penal siguen siendo muy vagos. ¿Quién determinará si la actitud es “sospechosa”? Y seguimos en la misma…
La misma policía que ha utilizado durante todos estos años esta herramienta para las detenciones arbitrarias a pibes de los barrios más humildes como práctica sistemática, la que también los ha torturado-como existen numerosas denuncias- y asesinado… Por lo que Córdoba se encuentra entre los records de provincias con mayores índices de gatillo fácil. Policía, que por lo que se conoce, ni siquiera ha sido capacitada para la aplicación de este “nuevo” código de convivencia, lo cual es una muestra más que seguirán actuando de la misma forma.
Por eso no es casual que se mantenga lo que permitió a los gobiernos la ejecución de una política clara hacia la juventud y los sectores populares. Este nuevo “código de convivencia”, mantiene las reglas de “convivencia” para los de arriba, para poder perseguir a la juventud y sectores populares que no son contenidos por la política de estado. Política marcada por el incentivo a la superexplotacion de la juventud- a través de los PPP- la no posibilidad de acceso a la recreación, educación , vivienda(alejándolos y marginándolos en barrios guetos), etc., manteniendo a salvo los intereses de los grandes sectores económicos.
Demostración de que el anterior códigos de faltas y el actual de “convivencia” están básicamente dirigidos contra la juventud es que hace años sea tradicional la “Marcha de la Gorra” donde los jóvenes de los barrios inundan el centro reclamando la derogación del código y centralmente esta figura, que se mantiene, con otro nombre…
Párrafo aparte merece, aunque necesitaríamos otra nota para abordarlo en profundidad, el llamativo apartado incorporado respecto de “Protección contra la Violencia de Género” que sólo agrega una contravención. Se supone que estas problemáticas están atendidas por otras leyes. Resulta chocante que, mientras en Córdoba ya hubo al menos seis femicidios este año, para las autoridades el grito de cientos de miles de #NIunaMenos signifique nombrar el tema en leyes o folletos, mientras en la realidad se vacía esta política, como lo demuestran los despidos en la ex Secretaría de Trata de Personas y en Violencia Familiar, y la falta de recursos sistemáticos que denuncian los trabajadores.
Aunque se haya cambiado de nombre y un par de artículos, este nuevo instrumento legal le sigue dando enorme poder a la policía para perseguir a la juventud y sectores populares. Sigue aumentando las herramientas del Estado de control social, como ahora también serán las cámaras de seguridad que se instalarán en la ciudad. No lo apoyamos y lucharemos por su anulación.
