Opinión. ¿”Colaboración táctica” con el gobierno de Gabriel Boric?

El presidente electo y los partidos de Apruebo Dignidad siguen dando gestos de buena crianza a los dueños de Chile. Moderar las expectativas (o “calibrar” como prefiere decir Gabriel Boric) se ha transformado en una de sus principales prioridades. Esto implica necesariamente enterrar las demandas de la rebelión de octubre y el afán de transformaciones radicales.

Ya no es simple “moderación”, es una clara orientación de cómo partirá el gobierno. Comparado con los dichos de Boric, los primeros meses de gobierno de Bachelet parecen de ultraizquierda. Mientras que Quintana hablaba de retroexcavadora, Gabriel Boric enfatiza la gradualidad. Mientras la Nueva Mayoría decía que “los que atacan la reforma tributaria son los poderosos de siempre”, el presidente electo aclara que su reforma tributaria no será planteada “de manera confrontacional”, “dividiendo entre los que más tienen y los que menos tienen”.

Pero más allá de la retórica, hay que ver las medidas. Son varios frentes en donde Apruebo Dignidad trabaja para “moderar las expectativas”. Uno es el de la responsabilidad fiscal. Gabriel Boric volvió a reiterar su compromiso con el presupuesto de ajuste fiscal de este año en el Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE). Apuntando al bolsillo popular, afirmó que “gran parte por una expansión del consumo que no es sostenible en el tiempo”, concluyendo que “por nuestra parte vamos a tener un firme compromiso con la responsabilidad fiscal".

Otro de los frentes sensibles es el de las y los presos de la revuelta. Pese a la interpelación que le han hecho familiares de presos, Gabriel Boric le tira la pelota al Senado, que se la devuelve y así sucesivamente, mientras cientos de compañeros presos por movilizarse siguen encerrados. Uno de los miembros de Apruebo Dignidad que está en las negociaciones es Fernando Atria, quien afirmó que para destrabar la Ley de Indulto habría que discutir los casos “en que ese indulto general debería alcanzar a miembros de las fuerzas de seguridad”. Un empate inaceptable. El inicio de una "teoría de los dos demonios" luego de la rebelión.

En cuanto a la Convención Constitucional, el Frente Amplio privilegió la alianza con el Partido Socialista, ícono de los “treinta años”. Y el mismo Fernando Atria, aclaró que la Constitución que se viene no será ideal, porque su objetivo fundamental es configurar “una institucionalidad que le va a dar al país estabilidad”. ¿Estabilidad para quién? Atria dijo esto en la ENADE. No le estaba hablando precisamente a los millones que viven hoy en la incertidumbre porque el ajuste fiscal eliminó el IFE.

No olvidemos tampoco que Apruebo Dignidad ya puso en cuestión la pelea por NO+AFP. Boric ya había anunciado durante la campaña que no era un “intransable”. “La prioridad es aumentar las pensiones de los chilenos”, apropiándose del manoseado eufemismo que siempre han usado los partidos del régimen para explicar por qué no tocarán sustancialmente el botín de las AFP. No es extraño, por tanto, que el Frente Amplio no esté apoyando la iniciativa popular de norma constitucional impulsada por la Coordinadora No+AFP.

Y podríamos seguir: los dichos de Diego Pardow, asesor económico de Gabriel Boric, adelantando que van a “respetar” la licitación del litio, los dichos del presidente electo llamando a “fortalecer” a Carabineros, en fin.

¿Integración o colaboración táctica con este gobierno?

Con ese proyecto es el que algunas organizaciones de izquierda y de los "movimientos sociales" se aprestan a integrarse o a colaborar.

Como escribíamos hace unas semanas, uno de los rumores es que Boric va a incorporar a dirigentes de organizaciones sociales a su gabinete. Doris González de Ukamau o Mario Aguilar del Colegio de Profesores son algunos de los que suenan. ¿Un gabinete que comulgue a personeros de la ex Concertación junto con dirigentes sindicales y territoriales? Es imposible anticiparlo con certeza. Lo cierto es que un sector de la izquierda sostiene que el gobierno debe incluir a las organizaciones sociales.

Uno de ellos es Jorge Sharp, quien afirmó que el “campo de los independientes, de los movimientos sociales, de los pueblos originarios, de los territorios, de la organizaciones comunitarias que se movilizaron electoralmente en masa por el Presidente electo”, deben colaborar y deben ser incluidos en el esquema de Gobierno. Lo que se buscaría sería evitar un escenario similar al de post plebiscito de 1989.

Pero es más bien al contrario: los gobiernos de la Concertación tenían mucha influencia en organizaciones como la CUT y la CONFECH, que eran poderosas en esa época. Y efectivamente los integraron al gobierno, tanto así que con la CUT se hizo un pacto de gobernabilidad. La cooptación fue la vía para debilitar las organizaciones sindicales y estudiantiles.

También hay organizaciones que hablan de “apoyo crítico” o “colaboración táctica”. Se trataría más bien de una autonomía formal u organizativa, no una independencia política del gobierno. Así es como se ubican -al menos de hecho- organizaciones como Movimientos Sociales Constituyentes, que junto con Pueblo Constituyente, Coordinadora Plurinacional y Popular y escaños reservados lograron un importante triunfo táctico en la elección de presidencia de la Convención.

Tal como escribe Javier Pineda, asesor de los constituyentes Bastián Labbé y Camila Zárate, la autodenominada “rebelión de los independientes” implicó un acuerdo con Independientes No Neutrales (y también con el Frente Amplio y el Partido Socialista, que por error de cálculo quedaron fuera) para la vicepresidencia. Un pacto de gobernabilidad pensando en las negociaciones para alcanzar los dos tercios en las votaciones del texto constitucional, saludando a su vez el “apoyo total” que ha mostrado Boric hacia la Convención. Una verdadera división de tareas con la socialdemocracia.

¿Y esto ha redundado en un fortalecimiento de las organizaciones de la clase trabajadora y el pueblo? No. Mientras se dan estas negociaciones, aún hay muchas organizaciones que no han podido superar las trabas que ha puesto la misma Convención para la presentación de iniciativas populares de norma: la propuesta de NO+AFP, del Eje Sindical Constituyente, del Derecho a la Vivienda, entre otras, aún se encuentran lejos de reunir las 15 mil firmas. Todo, mientras 6 de las 8 iniciativas que lo han conseguido por ahora, son impulsadas por la derecha.

Reagrupar a quienes luchamos por las demandas de octubre de manera independiente al gobierno

Que el gobierno de Boric sea socialdemócrata, no significa solo que sea poco radical o moderado. No se trata de frases o gestos simbólicos, sino de que las reformas que impulsará se combinarán necesariamente con medidas que son parte de la agenda de la clase dominante. La defensa cerrada de Boric al ajuste fiscal en un año en donde las y los trabajadores y los sectores populares sentirán los efectos del encarecimiento del consumo popular, de la falta de empleos y falta de subsidios, es derechamente un ataque a la clase trabajadora y el pueblo. Por otra parte, el futuro gobierno también necesita golpear a los sectores más radicalizados, por eso es que el indulto es espinoso para Boric.

No hay que olvidar que el enfriamiento económico y el avance de la derecha en el Congreso limitarán lo más posible las reformas. Tal como indica el último Informe Gemines, el gobierno "verá limitada severamente su posibilidad de materializar cambios muy disruptivos o refundacionales, particularmente en materia económica". Es por esto que tienen que enterrar las demandas de octubre, cercenándolas hasta hacerlas irreconocibles.

En este marco, la independencia política frente al gobierno es algo elemental. Se trata de una de las principales encrucijadas de la izquierda que se reclama revolucionaria: luchar por las demandas de octubre de manera independiente al gobierno. Es, sí, una cuestión de principios frente al Estado capitalista. Pero también es una necesidad política. Hipotecar la independencia política del movimiento sindical y las organizaciones sociales significa debilitar la lucha contra quienes quieren enterrar las demandas de la rebelión de octubre. Para enfrentar a los grandes empresarios y conquistar demandas urgentes como la rebaja de la jornada laboral, subir el sueldo mínimo, el aborto libre, legal, seguro y gratuito, necesariamente habrá que organizarse y luchar de manera independiente.

Eso significa prepararse y organizarse desde ya para conquistar la liberación de todas y todos los presos de la revuelta y por demandas como la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo entre empleados y cesantes, un sueldo mínimo de $ 600.000 y que se reajuste según la inflación, el aborto legal, seguro y gratuito, por fin las AFP, salud y educación públicas y gratuitas, y desmilitarización del Wallmapu. Y avanzar a la nacionalización de los recursos bajo gestión de trabajadores y comunidades para terminar con el saqueo y la destrucción del medio ambiente, en la lucha contra los grandes capitalistas y por un gobierno de las y los trabajadores.