CASTILLA Y LEÓN. Colapso sanitario en Burgos, ¿Qué medidas deberían tomarse?

Burgos acumula 1700 casos por cada 100.000 habitantes y la provincia 1200, el doble de la media nacional. El 75% de las camas están ocupadas y las UCIs el día 9 estaban a un 245% de capacidad, mientras los ingresos por Covid duplican a las altas. La situación ha llevado a que se cancelen todas las cirugías salvo las de urgencias, incluidas las operaciones oncológicas. Se está hablando de la posibilidad de derivar operaciones oncológicas al hospital privado de Recoletas.

Mientras tanto la reorganización de los médicos del HUBU ha causado la dimisión del jefe de Digestivo y las diferentes especialidades se están quedando con el mínimo de médicos porque se mandan todos a atender los enfermos de Covid. Desde Digestivo se argumentó la necesidad de mantener pruebas como colonoscopias para detectar patologías que podían empeorar con rapidez. El hospital ofreció trasladar esas pruebas a otros horarios, pero como dice el propio gerente del HUBU, José María Romo, "entiendo que la gente tiene una disponibilidad de tiempo limitada”.

El problema que subyace es la falta de sanitarios. En el caso de la provincia de Burgos, también agrava la situación que los otros núcleos urbanos, como Miranda y Aranda, no tienen UCI. Todos estos problemas no son nuevos. Ya en la primera ola de la pandemia se veían venir los problemas que traerían aparejados los continuos ataques a la sanidad pública. Ante esta situación hemos visto desde protestas alertando la situación del personal sanitario, que en el caso del centro de Salud de los Cubos incluyó la dimisión de tres médicos, hasta propuestas horribles como la de cambiar profesionales sanitarios por voluntarios en el medio rural y ataques a los trabajadores de la sanidad como el caso de ambulancias Rodrigo que recortó el sueldo a su personal.

¿Desde entonces que se ha hecho para prepararse para la segunda ola?

La realidad es que las medidas que se han tomado nos han debilitado más. A nivel estatal se han seguido despidiendo sanitarios (se recortaron 2000 puestos de trabajo en sanidad solo en septiembre).

Se habla de los nuevos presupuestos como si fueran a solucionar el problema, pero la realidad es otra. El presupuesto sanitario va a ser de 7330 millones de euros, mientras Defensa tendrá 9411 y la policía 9694. Las cifras ya dicen más sobre donde están las prioridades que cualquier discurso del "gobierno más progresista de la historia".

Hace unos días trascendió que la junta de Castilla y León suspende el uso de ambulancias para trasladar a consultas médicas a los ancianos de las residencias salvo "causa asistencial que lo justifique", teniéndose que ocupar del traslado los familiares que difícilmente en muchos casos puedan hacerlo. Es obvio que la seguridad de los ancianos no está tenida en cuenta.

Ante la falta de personal sanitario el colegio de médicos de Burgos pide ayuda a los médicos colegiados jubilados, aunque sea en labores sin contacto directo con los pacientes. Pero, ¿cuántos médicos habrá en paro? Mientras tanto la Junta ha hecho un decretazo sin negociar por el que podrá “adaptar los permisos, vacaciones y licencias, la jornada de trabajo, régimen de turnos y descansos, profesionales sanitarios en formación, las guardias médicas, el personal con dispensa por la realización de funciones sindicales, la flexibilización de la jornada y trabajo no presencial, la prestación a tiempo parcial del personal y jubilación, y las bolsas de empleo de personal estatutario temporal.” En vez de contratar más profesionales, la “solución” de los Gobiernos es explotar sin límites al personal existente ya extenuado.

Como última noticia ilustrativa, estos días también se supo que los médicos del centro de salud de La Antigua en Gamonal (Burgos), denunciaban falta de personal y medios y afirmaban que si no se corregía acudirían a los juzgados.

No hay ninguna intención de revertir esto. De hecho las medidas que se plantean como única opción son los confinamientos perimetrales o domiciliarios, u otras medias como el cierre de la hostelería que realmente no sirven para luchar contra el virus. Que el presupuesto policial sea más alto que el sanitario ya nos dice que se da más importancia a la coerción y a la represión que al cuidado de los enfermos. Difícilmente las porras pararán el virus, pero si van a ser útiles para parar a los que quieran protestar por estas prioridades.

¿Qué medidas se podrían tomar?

La primera y básica es reforzar el sistema sanitario, contratando a todas y todos los sanitarios en paro, dando la opción de pasar a jornada completa a todo el personal que lo desee y aumentando los medios de que se cuenta sea de protección, diagnostico o atención. Esto permitiría reforzar los hospitales comarcales y la sanidad rural mejorando la atención cercana y, con ello, la posibilidad de supervivencia. También se evitaría la dependencia de un único hospital y con ello su colapso.

Otra medida fundamental que ningún Gobierno se propone tomar es la intervención de la sanidad privada y la puesta al servicio de todos sus recursos e infraestructura para fortalecer la red pública. Los sanitarios no pueden más, se reconoce la falta de personal, medios y UCIs. Pero a pesar de ello pesan más las ganancias de las grandes empresas que lucran con la salud de la población.

Se puede aducir que el coste de muchas de estas medidas sería desorbitado y no se puede hacer. Pero, ¿es realmente así?

La patronal tiene claro de donde tiene que salir el dinero para las medidas que proponen: de la propia clase trabajadora. ¿Cómo? Con medidas como los ERTE -que en la práctica implica que los costes laborales se pagan mediante impuestos-, o que estos mismos impuestos sean en su mayoría indirectos -recayendo principalmente en la clase trabajadora y los sectores populares-, o avanzando en planes anti obreros contra las pensiones como la llamada “mochila austriaca”, etc.

La clase trabajadora tiene que plantear su propio programa, para que los costes los paguen las grandes empresas cuyos beneficios en los últimos años no han parado de subir, incluso durante la pandemia.

Actualmente sólo cinco personas milmillonarias acumulan más de la mitad de riqueza de Estado Español.

Es mediante impuestos progresivos a esas fortunas inmensas de dónde deberían salir los recursos para reconstruir la sanidad destrozada por recortes y privatizaciones. Y esto no sería más que una pequeña devolución de la riqueza que han esquilmado a la clase trabajadora. Parafraseando a Juan Roig, que tuvo el descaro de decir “menos hablar de vacuna y más pico y pala”, habría que decir: menos explotar trabajadores y esquilmar la riqueza de la sociedad, y más pagar impuestos para devolver lo que nos han robado.